En medio de la declamada “batalla contra la inflación”, el Gobierno se jugará en los próximos días una parada decisiva. Más de 5,5 millones de hogares y comercios de todo el país empezarán a recibir las facturas de luz con aumentos a raíz de una quita del 20 por ciento de los subsidios a las tarifas, en lo que será la primera fase de la segmentación que también regirá para 3,7 millones de suministros de gas. Se trata de un asunto delicado para el Frente de Todos, la coalición oficialista, dado que el kirchnerismo hizo históricamente un culto de la política de “pisar las tarifas” de los servicios, a costa de un rojo creciente en las cuentas públicas.

De hecho, las prevenciones de gobernadores e intendentes peronistas hicieron que el mes pasado el ministerio de Economía postergara la quita de subsidios a la electricidad para sectores de ingresos altos, denominados N1 en la jerga de la secretaría de Energía. Las quejas al interior de la coalición gobernante se basaron, según pudo saber LA NACION, en la promesa original de la dupla Martín Guzmán-Darío Martínez (exministro de Economía y exsecretario de Energía, respectivamente) de que la segmentación afectaría solo al 10 por ciento de los suministros, algo que se triplicará ahora bajo el paraguas político de Sergio Massa.

El impacto inflacionario del aumento de las facturas de luz y gas ya fue estimado por el ministerio de Economía en 0,3 puntos del índice de precios al consumidor, según precisaron fuentes del Palacio de Hacienda. Allí calificaron como “soportable” ese nivel de aumento y aseguraron que congenia con el objetivo del ministro Massa de llevar la inflación por un “sendero decreciente”. No obstante, el incremento de las tarifas suele tener un efecto multiplicador en los precios, como se verificó en 2017 y 2018 después de los aumentos dispuestos por Juan José Aranguren, entonces secretario de Energía del gobierno de Mauricio Macri.

Justamente, ese antecedente provoca escalofríos en el Frente de Todos, especialmente en el kirchnerismo, que en aquel momento denunció los “tarifazos de Aranguren” y aún hoy sigue convencido de que aquella decisión tuvo un efecto devastador sobre el proyecto reeleccionista de Macri. Pero en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda se impone el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reducir el déficit fiscal a 1,9 puntos del Producto Bruto Interno, como proyecta el Presupuesto 2023. Con la segmentación de tarifas, el Poder Ejecutivo espera reducir al menos 0,3 puntos del PBI el rojo de las cuentas públicas.

Según determinó la Oficina de Presupuesto del Congreso, el monto total destinado a los subsidios a la energía ascenderá el año próximo a 2.360.603 millones de pesos, lo que significa una contracción, en términos reales, del 16 por ciento interanual. El impacto de la quita de subsidios a la luz y el gas parece más simbólico que concreto. A tal punto, que un funcionario del área de Energía de la gestión bonaerense de Axel Kicillof calculó que será mucho más relevante, para conseguir el equilibrio fiscal, la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que lo que el Estado pueda ahorrar al desinflar el Excel de los subsidios.

Territorio clave

En la provincia de Buenos Aires, la más candente por la concentración poblacional y por el déficit crónico de infraestructura, casi un millón de usuarios (970.000) recibirán en los próximos días las facturas de luz con quita de subsidios, todos ellos en las zonas de influencia de las empresas de Edenor y Edesur, lo que abarca al 27 por ciento del total de los suministros. Como Kicillof es uno de los gobernadores que más preocupado se manifestó por los aumentos en ciernes, convocó a una reunión en La Plata en la que pidió colaboración a los intendentes para conseguir que más usuarios se anoten en la lista y no engrosen el segmento N1.

En ese encuentro se registró, según relató uno de los presentes, un encontronazo entre dos jefes comunales del conurbano. Uno de ellos calentó el ambiente: “¡Pero cómo puede ser que el hijo de puta de Guzmán nos decía que era solo el 10 por ciento y ahora resulta que es el 45 por ciento!”, exclamó en tono vehemente el intendente de Ensenada, Mario Secco, en referencia a la cantidad de suministros que serían afectados por la quita de subsidios. “Mejor miremos lo que estamos haciendo ahora”, replicó otro intendente, para quien la gestión de Massa en el ministerio de Economía no sigue la línea original del kirchnerismo.

Pero Kicillof, uno de los mentores del kirchnerismo en materia económica, cortó por lo sano y pidió al cabo del encuentro “ponerse al hombro este tema”, deslizó la fuente consultada. Es decir, que los distintos sectores del Frente de Todos ya aceptaron, no sin resignación, la definitiva puesta en marcha de la segmentación de las tarifas de luz y gas, luego de haber sido tocados en su amor propio cuando Guzmán -en las postrimerías de su gestión- los acusó de mantener en vigencia los que calificó como “subsidios para ricos”. Sin embargo, la preocupación del oficialismo sigue latente y las alarmas se podrían encender durante el verano.

Así lo explica un funcionario: “La preocupación es que después van a llegar dos aumentos grandes. Ahora hay consumos bajos y la gente no sentirá el impacto, porque va a comparar la factura contra las del invierno. Pero las otras dos quitas del 40 por ciento para el segmento N1 van a coincidir con temperaturas altas y con el crecimiento del consumo”. Más allá de las prevenciones, la intención del Gobierno nacional es (ahora sí) avanzar con la quita de subsidios para los hogares de altos ingresos. Aunque advierten: “Ni a Google ni a Facebook les salen bien las cosas la primera vez que lo aplican; por eso siempre tienen un Beta”.