Los reclamos por los servicios para personas con discapacidad tendrán un nuevo capítulo esta tarde, cuando prestadores y familiares salgan nuevamente a la calle para reclamar por la situación que los afecta. El meollo del asunto es la dilación en los pagos de las prestaciones que se extiende hasta 90 días y con la inflación les resulta insostenible. Además, las familias de personas con discapacidad adhieren al reclamo que les complica el acceso a servicios de salud, educación, traslados y rehabilitación.

DUDAS POR PRINCIPIO DE SOLUCIÓN

Hace unos días, el gobierno nacional se comprometió a destrabar fondos para que las obras sociales estén disponibilidad y puedan ir resolviendo el atraso.

Tal cual publicó Perfil el 18 de setiembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, intervino, se reunió con la CGT y aseguró fondos para asistir a las obras sociales sindicales por 24 mil millones de pesos.

Por lo pronto se han activado lentamente los pagos y muchos ya están cobrando junio además del compromiso asumido con la Superintendencia como mediadora, de pagar julio antes que termine setiembre. No están seguros de que suceda.

Sin embargo, la situación no convence a los prestadores y genera temores e inquietud en los familiares que además, cargan con otras complicaciones para lograr la atención adecuada. Por ello, hoy habrá marcha de antorchas por las calles mendocinas. Será una marcha silenciosa que se congregará a las 20 en el Kilómetro 0 y se trasladará hasta la Legislatura. En paralelo, habrá acciones similares en el resto del país.

Silvana Alaniz es kinesióloga y una de las especialistas que le ponen voz al reclamo local de prestadores.

Explicó que se ha naturalizado una demora que viene de años pero que ahora, inflación mediante, resulta más difícil sostener. Dijo que cada obra social tiene estatutos internos pero en general no se cumplen. “La SSS dice que liberó los fondos y las obras sociales dicen que no los han recibido, aunque hay una mejora no se ha resuelto al 100%”, refirió. Entre los especialistas involucrados hay kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, terapistas visuales, entre otros.

Señaló además que cuentan con apoyo de las familias.

En este sentido, la directora de Discapacidad de la provincia, Gabriela Juárez, explicó que a la situación de los prestadores se han superpuesto reclamos históricos de familiares como los trámites engorrosos que deben hacer para acceder a servicios, temores por la posibilidad de corte de la atención, que las pensiones son muy bajas y lo que cuesta tramitar la atención. “Realmente las prestaciones para las personas con discapacidad son mucho más caras”, subrayó. Y dijo que si bien el área no interviene en el conflicto lo que saben es que se está pagando a cuentagotas.

Entre sus demandas se cuentan que la pensión no contributiva no está acorde a la canasta alimentaria, que la tarjeta Alimentar es hasta los 14 años y piden que se extienda la edad. Además piden que se quite la obligatoriedad de renovar periódicamente el Certificado de Discapacidad que conlleva una abrumadora serie de gestiones.

DIFICULTADES DE ACCESO

Esta compleja situación deja sin acceso a terapias y clases a las personas e incluso empuja a la obligatoriedad de pagar seguro o particular.

“La primera semana de paro mi hijo se quedó sin una terapia y la segunda, tres días sin su acompañante para la integración escolar”, contó Andrea, mamá de un niño con autismo. Pudo ir igual al colegio porque se dieron las condiciones pero conoce otros casos en que no pudieron asistir.

Temen que no se resuelva el tema de los pagos y eso implique más pérdida de servicios.

Relató que la neuróloga dejó de atender la obra social y que la mayoría de los neurólogos ha dejado de hacerlo. La consulta cuesta 7.500 pesos lo que la ha llevado a reducir la cantidad de visitas que se habían indicado. El cálculo que ha hecho es que la atención de las necesidades de su hijo puede rondar los 90 mil pesos mensuales, algo que no podría afrontar si no fuera por el apoyo de su familia.

“Por ahora no nos afectó demasiado- aunque conoce casos que sí- pero me preocupa hacia delante”, sostuvo. En este sentido hizo referencia a un tema que genera inquietud e intranquilidad: el borrador de un proyecto de ley que pretende cambiar el sistema y que -según explican- conlleva que las prestaciones dejen de gestionarse en las obras sociales para pasar a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Ya hay prestadores que adelantaron que no trabajarán de esta manera”, advirtió Andrea.

Explicó que además no creen que la agencia tenga la estructura territorial necesaria en las provincias para sostener la cobertura. Por otra parte, creen que realizar el proceso de cambio puede implicar un tiempo en que la atención quede en suspenso, temen que se reduzca la oferta de prestadores y perder a sus médicos de tanto tiempo. Tal situación puede además suponer la consiguiente disminución de la calidad de atención y acceso a turnos. “Al día de hoy cuesta mucho conseguir turno para quienes están realmente especializados”, mencionó.

La foto corresponde a la última protesta, a fines de agosto, que culminó en la Casa de Gobierno. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Fuente:https://www.losandes.com.ar/sociedad/prestadores-y-familiares-de-personas-con-discapacidad-vuelven-a-la-calle-para-pedir-por-los-servicios-de-salud/