Cuando el 1° de agosto el fiscal Diego Luciani comenzó su demoledor alegato por el caso de desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz, la firmeza de su retórica, pero sobre todo el tono acerado y los argumentos con pruebas irrefutables recorrieron todo el país como un grito que se venía silenciando hace años, pero que en el fondo de nuestra memoria pública emergía de vez en cuando.

Era imposible olvidar el saqueo, pero dimensionarlo en su justa medida era otra cosa: ahí es donde resuena con toda su fuerza la tarea de los fiscales Luciani y Sergio Mola. Ningún informe periodístico pudo ser tan impactante como la fiscalía mostrando metro por metro cómo había sido la organización de una extensa operación política dedicada pura y exclusivamente a “hacer caja” para sostener “el proyecto”. Enseñaba a puro cinismo por aquellos días, un expresidente, que sin plata no hay política…

La corrupción sostenida y sistematizada sólo puede tener por consecuencia la perversión de los principios sobre los que se asienta. Únicamente desde semejante deformación ética puede decirse que la política se trata de un problema de “caja” y no de un problema de valores, ideas, principios o proyectos. Si la “caja” está antes que los valores, entonces la política está después de los principios, ¿y qué pasa si la política está después de los principios? La corrupción se convierte en el primer dato del sistema político.

Si la corrupción es el único dato objetivo de un sistema político, esto quiere decir que la capacidad de organizar la sociedad, la capacidad del Estado de ser la instancia donde los conflictos se integran y se superan, se ve deteriorada por la evidente falta de prestigio que posee para tomar decisiones que son siempre difíciles porque se tratan de lo que le corresponde a cada quien, que no es sino otra forma de decir que el Estado pierde su capacidad de ser justo, de tomar decisiones que son justas.

Si tuviéramos que decirlo brutalmente, diríamos que la política no se trata de los billetes sino de las personas, pero no porque estemos a favor de algún idealismo inocente o demorado del siglo pasado, sino porque las consecuencias prácticas y concretas de la corrupción son la pobreza y la imposibilidad de una sociedad para progresar sostenidamente en el tiempo. En la Argentina hace más de 10 años que no creamos empleo genuino, y el PIB por cápita actual es el equivalente al que teníamos en la década del 70’, ¿alguien puede sostener seriamente que estos dramas estructurales de la economía argentina son ajenos a la corrupción endémica que sufrimos?

Duele escuchar a los fiscales Luciani y Mola porque destapan en toda su crudeza la miseria de un sistema que en vez de buscar la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo, se dedicó a construirse como oligarquía política y económica. Sin embargo, una cosa es clara: no sabemos si con el kirchnerismo la patria es el otro, pero sí sabemos que la plata siempre la ponen “otros”.

El estruendo de los alegatos de los fiscales, tiene que servirnos para entender que la consecuencia directa de la corrupción es la pobreza. Primero porque extrae miles y miles de millones de dólares que son los que luego no tenemos para diversificar nuestra matriz productiva (entre otras cosas), pero además porque hace del Estado una institución boba que no gestiona y que en vez de promover el ascenso social, promueve el “curro político”. Una de las condiciones sine qua non para superar la pobreza en la Argentina es tener un Estado eficiente, y eso nunca puede ser posible si la mentalidad de quienes ocupan el gobierno es hacer caja y demagogia, y no políticas públicas y gestión.

Sin embargo, tenemos mecanismos institucionales que nos marcan el camino como el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional:

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

La corrupción degrada nuestra democracia y por ende a toda nuestra sociedad. Es urgente que la ciudadanía incorpore la transparencia como un criterio electoral. Desde luego esto no es incompatible con preferencias por partidos o con ciertos estilos de liderazgo. En todas las fuerzas hay dirigencia honesta, capaz y con liderazgo lista para asumir las responsabilidades que la hora demanda. Simplemente necesitamos observar con mayor atención e involucrarnos más para que los filtros partidarios funcionen hacia el progreso de nuestra sociedad y no hacia formas políticas que nos sigan atrasando en la pobreza y la desigualdad.

Pero además de los principios constitucionales, también poseemos herramientas que nos orientan en este cambio de cultura política que necesitamos. Ficha Limpia es una ley que va en ese sentido: garantizar transparencia y luchar contra todo lo que busca negar la justicia en nuestro sistema político. Que los candidatos de todas las fuerzas tengan curriculum y no prontuario, es un avance institucional fundamental que dimos en nuestra provincia, pero que necesitamos replicar a nivel nacional.

Las instituciones son la base sobre la cual podemos combatir la corrupción, promover valores humanos y democráticos cada vez más profundos para garantizar nuestro bienestar y el futuro que todos nos merecemos. Por eso decimos: principios, siempre principios!