La extorsión que gatilló el reclamo gremial y condicionó a Suarez

Protesa de ATE.

«Hasta el 2019 estábamos en el mejor de los mundos. Nos quejábamos, pero la verdad es que con la cláusula gatillo fuimos los únicos que no perdimos. En comparación con otras provincias, éramos los mejores pagos».

La confesión -en un estricto off the record- sale de la boca de un dirigente gremial mendocino. Representa a uno de los tantos sindicatos que aglutinan a los trabajadores estatales. Hoy, también, es uno de los que convoca a distintas medidas de fuerza.

La dinámica cambió en el 2020. Primero, quedó claro que no podría repetirse esa negociación. Los índices de inflación mes a mes hacían imposible para las arcas provinciales ir al ritmo de la suba de precios. Segundo, la pandemia. Frente a una situación de crisis externa, desde el Gobierno se sentaron arriba del presupuesto y, advirtiendo la situación de confort descrita en el primer párrafo, anularon cualquier posibilidad de aumento. Así como en algún momento tocó ganar, ahora tocaba quedarse ahí, congelados hasta que pase el vendaval.

En el oficialismo se arrepintieron rápidamente de proponer la famosa cláusula gatillo. Se dieron cuenta de que la indexación automática de los salarios estatales no fue una buena herramienta, teniendo en cuenta la incapacidad del Gobierno nacional para controlar la inflación. Por eso, a mediados de enero de 2020, Rodolfo Suarez anunciaba su decisión de no reutilizarla.

“No podemos sostener la cláusula gatillo porque nuestra realidad es que cuanto más inflación tenemos, menos recaudación. Y eso repercute en las finanzas del Estado”, admitía el gobernador sólo algunas semanas después de asumir.

El 2021 inauguró una nueva relación. Fue la primaria paritaria de la gestión de Suarez, con esos tres antecedentes relativamente frescos: la extinta cláusula gatillo, sueldos freezados durante un año y una gestión que se enamoró de imponer mano dura en el manejo de las cuentas.

No hay plata, no se puede gastar y lo que hay es para enfrentar las crisis sanitaria. Esa fue una suerte de respuesta automatizada recibida por todos los ministros durante más de un año. Y así se fue construyendo el superávit que, orgulloso, ostentó el Ejecutivo mendocino.

Se produjo un borrón y cuenta nueva en el manejo de las finanzas. Algo muy parecido a lo que Silvina Batakis pretende hacer en la Nación: una cuenta única para controlar absolutamente en qué se va cada peso. Y eso le dio cierto poder de policía, primero, a Lisandro Nieri y, después, a Víctor «Peque» Fayad.

«Nos dimos cuenta de que los funcionarios no saben gastar. Pueden ser buenos en la gestión técnica de sus áreas, pero manejar fondos públicos en otra cosa. Y si no justifican bien para qué quieren el dinero, no lo van a tener«, afirmó un funcionario de Hacienda. «Por eso -completa-, a veces ni vienen, porque saben que tendrán un ‘no’ por respuesta. La plata está, pero no para el despilfarro».

Como ejemplo, menciona lo ocurrido con la falta de bancos y pupitres para las escuelas: «Si en más de un año de escuelas cerradas no lo contemplaron y no pidieron esa inversión, es porque no supieron hacerlo. Jamás hubiésemos negado dinero para eso».

La palabra «superávit» envalentonó a los gremios. En la concepción de que ellos son dueños del Estado, entendieron que si había alguna moneda de sobra había que repartirla entre los empleados. De ahí, el silencio cómplice cuando los anestesiólogos extorsionaron y paralizaron el sistema de salud pública bajo exigencias similares a la tercerización del servicio.

En voz baja el resto de los sectores se refería a la situación como un manejo mafioso. En público, en cambio, se mantenían expectantes. Sabían que de ahí podían sacar algún rédito posterior.

La respuesta del Gobierno fue una ley de emergencia que en la práctica fue poco más que un «ya van a ver lo que les va a pasar». Políticamente, todo quedó en un punto intermedio: se simuló la intransigencia con los gremios de Alfredo Cornejo y se actuó con la suavidad de Julio Cobos.

Suarez intentó dar una señal de empatía en medio de la crisis, pero no lo logró. Anticipó el pago de la última cuota del aumento negociado en marzo y reabrió paritarias dos meses antes de lo pautado. Igual, no alcanzó. A esa altura, los gremios habían decidido aprovechar los puntos flacos del gobierno local y pararse de mano como no lo hacen sus representantes nacionales con la Casa Rosada; básicamente, porque son socios y co-responsables de la peor crisis desde el retorno de la democracia.

La duda es saber cuál será la reacción social en una provincia con un nivel de tolerancia muy bajo a las marchas, a las calles cortadas y al aprovechamiento político de esas situaciones, por parte de cualquier sector. Y si la conflictividad sindical puede terminar empoderando al gobernador.