En la avalancha de información y rumores que salen al ruedo, hay ideas que se las toma por descabelladas y no se las tiene en cuenta pero que, al cabo de un tiempo, por alguna razón, se concretan.

Esto fue lo que ocurrió cuando pocas semanas después de la cesación de pagos de Vicentin, a fines de 2019, comenzaron a levantarse voces desde el kirchnerismo para promover la estatización de la cerealera en crisis. Meses después, fue el propio presidente, Alberto Fernández, quien anunció en forma pura y dura la expropiación de la compañía nacida en el norte de Santa Fe.

La reacción de la comunidad de Avellaneda, que había visto nacer al grupo agroindustrial, y la resistencia ciudadana a un intento por violar el derecho de propiedad privada detuvieron el anuncio de Fernández. No fue un respaldo a los propietarios de la compañía, cuyas responsabilidades en la caída se dirimen todavía en la Justicia, fue una reacción a una salida a la venezolana que nacía desde la Casa Rosada.

En aquel entonces, hubo voces del kirchnerismo que argumentaban en favor de la expropiación para crear una empresa del Estado en la comercialización de granos y la producción de alimentos que funcionara como una suerte de firma testigo. Era el regreso de un modelo que tuvo vigencia en la década de los años 50 del siglo pasado con el IAPI y que derivó en la larga decadencia de la producción agrícola del país que se comenzó a revertir en los primeros años de la década del 90. Hasta el propio impulsor de aquel modelo, el general Perón, cuando regresó al país en 1972 reconoció su error en haber sofrenado al campo en detrimento de la industria. Más de 20 años después se dio cuenta que en el mundo del futuro la cuestión de la producción de alimentos iba a ser estratégica.

Ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, dos países líderes en la producción de trigo, maíz y aceite de girasol, vuelve a quedar a la vista, sobre todo para aquellos que la desdeñaban, la importancia de las proteínas vegetales y animales para asegurar la paz global. ¿Y cuál es la reacción de algunos seguidores de aquel expresidente que actualizó sus ideas al final de su vida? Proponer que sea el Estado el que maneje la producción de alimentos.

Sería el mismo Estado que “no puede cortar el pasto de la ruta 11″, según la célebre frase del exintendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin. Y sería el mismo Estado, en rigor gobierno, que no es capaz de llevar adelante la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta que aliviaría el déficit de divisas del país en 2023. Y sería también el mismo Estado que no puede prever como corresponde el aumento de la demanda de gasoil para las actividades productivas que hoy padecen la escasez del combustible.

Los que imaginan una YPF Agro dominante proponen una asociación comercial con otros países como Rusia, Irán o China. Un modelo cerrado que puede derivar en el atraso tecnológico y la dependencia con la estrategia comercial de los gobiernos. Es curioso, el gigante asiático, aunque tiene una fuerte injerencia estatal, logró desarrollar conglomerados agroindustriales que se manejan con criterios similares de eficiencia a los de los países occidentales. Alcanza con seguir la trayectoria de Cofco o ChemChina. Y en el caso ruso, basta con comprobar las acciones que lleva adelante Vladimir Putin en Ucrania, que minimiza los reclamos para permitir la salida de la producción del país invadido.

Si se trata de combatir la inflación, las recetas que se aplicaron en otros países que padecieron fenómenos similares nunca consistieron en la creación de empresas estatales de alimentos. Buscaron corregir las fallas de la macroeconomía. En todo caso, fomentaron las condiciones para que el sector privado se desarrolle. Al mismo tiempo crearon programas de asistencia social sin anular a los sectores productivos.

Quizás se trate de expresiones aisladas, pero estas propuestas de regresos a modelos de mediados del siglo pasado, cuando el mundo era diferente, pueden tomar vuelo. En la polvareda que levanta la interna oficial no es descabellado tenerlas en cuenta.