Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido, los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, quedaron en el ojo de la tormenta por el lento avance del segundo juicio por los abusos a menores sordos y mudos en el Instituto Antonio Próvolo, que funcionaba en Luján de Cuyo.

Este domingo, El Sol publicó una nota que detallaba que el Tribunal está bajo la mira por las dilaciones, el halo de secretismo y algunas medidas que posibilitaron, por ejemplo, que la monja Kumiko Kosaka quedara en libertad ambulatoria porque se vencieron todos los plazos para mantenerla bajo prisión preventiva.

El segundo juicio por el caso Próvolo comenzó el 3 de mayo de 2021 y, un año después, la posibilidad de un cierre y de una sentencia es lejana. Incluso Xumek, la asociación para la promoción y la protección de los Derechos Humanos de la que forman parte los abogados querellantes, proyectó que, de mantener el ritmo actual, el debate demandará 14 años y 9 meses.

La lentitud y la decisión de realizar el debate “a puertas cerradas” contrasta, además, con lo ocurrido en el primer juicio desarrollado contra autoridades religiosas y empleados de Próvolo, que finalizó en noviembre del 2019 con las condenas de los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi (recibieron 45 y 42 años de prisión, respectivamente) y del exempleado Armando Gómez, quien recibió 18 años.

En su descargo de cuatro carillas, los integrantes de Tribunal Penal Colegiado 2 que llevan adelante el proceso que tiene a nueve imputadas, explicaron los motivos de sus resoluciones, «a fin de llegar a toda la sociedad mendocina y a las presuntas víctimas, especialmente».

Este es el comunicado completo: