El Gobierno nacional no escapa a la lógica que se instaló en la Argentina: ante un estado de emergencia o de una necesidad que supera los recursos fiscales, se propone la creación de nuevos impuestos. La sinrazón del acto, que termina siendo sólo un alivio temporal a la insuficiencia de fondos, siempre está basada en “buenas razones”, que justifican el tributo que se está inventando.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron que por única vez se aplicará una alícuota extra del 15% por sobre la que ya pagan las empresas –35%– si las ganancias superan los mil millones de pesos y no surgen de nuevas inversiones o de innovaciones productivas.

La endeble justificación es similar a la que se usa desde 2019 para fundamentar el origen de otros tributos, o bien para modificar las alícuotas de una veintena de impuestos.

El gasto público crece a más del 150% en relación con el primer semestre de 2021, según advierten economistas de la oposición, por lo que el Estado se ve en la necesidad de financiar sus proyectos; en su mayoría, orientados a crear organismos y cargos para la militancia partidaria.

La creación de “impuestos temporales” o por un determinado período tiene antecedentes que se remontan a varias décadas, pero la imaginación de los recaudadores se agudizó en los últimos años.

Uno de los más polémicos ha sido el Impuesto País (Por una Argentina Inclusiva y Solidaria), que grava con 30% la compra de moneda extranjera, el cual constituye, además, una devaluación encubierta del peso.

Las principales entidades de la actividad económica y del campo, advierten todos los días que ya no existen márgenes para nuevos tributos y que el esfuerzo debe ser realizado por el Estado.

Para ello, el Gobierno debería corregir el elefantiásico aparato montado para dar cabida a todos los sectores del Frente de Todos, además de aplicar reglas de eficiencia y de eficacia en sus actos.