San Rafael, Mendoza viernes 01 de julio de 2022

El Próvolo, la monja y la duda sobre quién controla a los jueces

https://elsol-compress-release.s3-accelerate.amazonaws.com/images/large/15830135263531%20IMG_7390.jpgQue se hayan vencido los plazos de la prisión preventiva de Kumiko Kosaka muestra el juego de dilaciones y la falta de decisión para ponerle un freno.

Cuando los jueces Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido decidieron hacer lugar a un pedido de la defensa de las monjas imputadas para mantener un halo de secretismo sobre lo que ocurre en la sala de debates, parecieron revictimizar a quienes durante años padecieron de abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo. Casi una paradoja judicial, echaron oscuridad sobre la búsqueda de transparencia para develar las aberraciones cometidas durante años por autoridades religiosas y empleados del colegio para chicos sordos y mudos que funcionaba en Luján.

Lejos de proteger el derecho a la intimidad y resguardar el pudor de las víctimas de abusos sexuales, el objeto de la medida tomada terminó de perjudicar el espíritu de un juicio oral y público, con las excepciones contempladas cuando se trata de personas que sufrieron ataques sexuales. Esos miramientos buscan cuidar a las víctimas; en este caso, funcionó al revés.

“Es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”, establece la acordada Acordada 29/2008 de la Corte Suprema. Uno de los firmantes es el fallecido juez Carlos Fayt, uno de los máximos exponentes a la hora de analizar el derecho a la información. Sostenía que, además de ser “el derecho de investigar, recoger, transmitir, recibir, narrar y divulgar los sucesos y opiniones sobre asuntos políticos y sociales”, era una forma de control ciudadano sobre el accionar de los magistrados; algo que, por cierto, no suele ser del agrado de jueces y fiscales.

Por eso el tribunal entró en contradicción. De determinar que no había que dar datos del juicio y hasta poner en aprietos a los responsables de la Oficina de Información de la Suprema Corte, pasaron a un error de interpretación, y que la idea siempre había sido resguardar a los testigos. O algo parecido.

El tribunal está bajo la mira. El cuestionamiento no tiene que ver con que la monja Kumiko Kosaka haya quedado en libertad después de vencidos todos los plazos para seguir bajo prisión preventiva, sino por las continuas dilaciones que el denominado “segundo juicio por el Próvolo” tuvo desde que aquel inicio en mayo de 2021. Un año después, la posibilidad de un cierre y de una sentencia es lejana.

“Estamos todos muy preocupados por lo que está sucediendo en este juicio. Se les ha dado todo lo que han pedido, y aún así no vemos que haya avances. Hasta se dispuso de tres jueces suplentes (Belén Renna, Armando Martínez y Federico Rapacioli). Nadie sabe cuándo terminará. Encima, demora al resto de la causas”, aseguraron en el cuarto piso del Palacio Judicial.

De hecho, en informe anual 2021 redactado por la asociación para la promoción y la protección de los Derechos Humanos, Xumek, hacen una proyección matemática de acuerdo a lo que ocurrido entre los meses de mayo y diciembre de ese año. Al ritmo que llevaba el juicio, aventuraban una demora de 14 años y 9 meses.

Se trató de una fina ironía por parte del organismo del que forman parte los abogados querellantes. Pero que, en definitiva, respondía a un pronóstico basado en la dinámica que hasta allí había mostrado el tribunal.

Kosaka recuperó la libertad ambulatoria (estaba con prisión domiciliaria) básicamente porque los jueces que llevan adelante el juicio se toman su tiempo. Una semana para esto, un mes para aquello. Que la pandemia por acá, que no se puede trabajar en el turno tarde por allá. A eso, se agregan los planteos hechos por la defensa. ¿Recursos para especular con la caducidad de los plazos procesales y obtener beneficios como la libertad de la religiosa? Es posible y está dentro de las estrategias. De hecho, en alguna presentación, el abogado Carlos Varela Álvarez hasta recurrió a la figura de “perspectiva de género” para obtener un beneficio para su clienta, aunque la causa no tenga nada que ver con eso.

El tema es determinar qué hacen los jueces con toda esa información. Es el tribunal es el que establece las reglas y el que decide seguir o no ese juego. Y existen herramientas legales para poner un coto.

“Es problable que exista mucha permisividad y poca cintura para conductir el debate”, reconocieron en el máximo tribunal. Y adivirtieron: “De todos modos, nadie colabora; ni los defensores, ni los querellantes, ni la fiscalía. Parece que nadie dimensiona la cantidad de testigos para faltan declarar”.

La situación fue advertida por el ministro de la Corte José Valerio. Ocurrió después de un planteo hecho por los querellantes para explicar que el juicio avanzaba, sí, pero en cámara lenta.

Todo ese tiempo se traduce en dinero. Porque tanto víctimas como imputados siempre encuentran la fisura del sistema, necesaria para presentar demandas en organismos internacionales y que se convierte en indemnizaciones que paga el Estado mendocino. Hay antecedentes de sobra. Un desenlace que está a la vista.

En ese contexto la monja recuperó la libertad. Seguirá imputada y siendo juzgada, sí. Será inocente hasta que el tribunal considere lo contrario, corresponde. Y las víctimas seguirán esperando con la esperanza de ver una resolución parecida a la que condenó a los sacerdotes Nicola Corradi, Hugo Corbacho y al jardinero Armando Gómez.

Lo que no está del todo claro, por ahora, es si los jueces advirtieron que la historia de abusos en el Próvolo -uno de los escándalos eclesiásticos más resonantes a nivel mundial- todavía no terminó, y que son ellos lo que deben ponerle un punto final.

Por:Jorge Hirschbrandjorgeh@elsol.com.ar@Jorge_Hirsch
Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-provolo-la-monja-y-la-duda-sobre-quien-controla-a-los-jueces

 

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