El kirchnerismo avanzará hoy con un viejo anhelo de Cristina Kirchner y se dispone a emitir dictamen a un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para convocar a una consulta popular y amplía los temas que podrán ser sometidos a este mecanismo de democracia directa, que le permitiría al oficialismo eludir la pérdida de las mayorías en ambas cámaras legislativas que sufrió tras la derrota electoral del año pasado.

El tema será discutido este miércoles, a las 11, en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy). Según confiaron voceros del Frente de Todos, la idea es emitir dictamen en base a los proyectos presentados por Oscar Parrilli (Neuquén) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), senadores que tienen línea directa y suelen ser habituales poleas de transmisión de las propuestas impulsadas por la vicepresidenta.

Con el despacho firmado, la iniciativa podría seguir los pasos del proyecto de ampliación de la Corte que impulsan el kirchnerismo y los gobernadores peronistas y ser llevada al recinto antes de fin de mes.

La modificación de la regulación de los mecanismos de consulta e iniciativa popular estuvo a punto de tratarse el año pasado, pero quedó en el olvido y nunca se llegó a convocar su debate en comisiones. Sin embargo, los engranajes kirchneristas volvieron a ponerse en marcha en mayo último como consecuencia del enfrentamiento de Cristina Kirchner con la Corte Suprema de Justicia por la conformación del Consejo de la Magistratura. Así, en medio de la discusión de los proyectos de ampliación del máximo tribunal, Parrilli le reclamó de manera pública y en dos oportunidades a Snopek (Jujuy) que pusiera el tema en debate en su comisión.

En ese encuentro, Grabois les pidió a los senadores que se investigue el destino de esos fondos y, sobre todo, que se identifique a los responsables de haber sacado las divisas del país. “La única manera que vamos a poder hacerlo es con iniciativa popular”, le respondió Fernández Sagasti, atenta a que el kirchnerismo ya no posee las mayorías necesarias para imponer sus proyectos en el Congreso.

La normativa vigente establece que una iniciativa se convertirá en ley si logra reunir la mayoría de los votos emitidos en una consulta popular. La convocatoria debe hacerse mediante ley de Congreso votada por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara legislativa, es decir 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

En la actualidad, el oficialismo alcanzaría esa mayoría en el Senado, aunque debería recurrir al voto de provinciales aliados; pero esta muy lejos de conseguirla en la Cámara baja tras las elecciones de noviembre último.

Los proyectos de Parrilli y Di Tullio proponen que la ley de convocatoria pueda ser sancionada con mayoría simple, es decir con la mitad más uno de los presentes en la sesión.

También eliminan la prohibición de realizar la consulta en simultáneo con una elección nacional, mecanismo que se adoptó para evitar el posible efecto arrastre que podría tener una compulsa sobre la otra.

Además, amplía la lista de temas que podrán ser sometidos a consulta popular, incluyendo cuestiones electorales e institucionales.

Así, se abriría la puerta a que puedan ser sometida a la voluntad popular temas como el de la ampliación de la Corte y la modificación del secreto fiscal y bancario, que el kirchnerista Parrilli pretende relajar para que se pueda investigar a quienes habrían fugado los dólares al exterior, proyecto que quedó congelado desde que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le dijo a los senadores oficialistas que una ley de ese calibre podría generar una corrida bancaria.