Como es bien sabido, los aumentos de los niveles generales pueden resultar de modificaciones muy diferentes de los precios de los diferentes productos. Digo pueden, porque se trata de una cuestión empírica.

Para minimizar el impacto de cuestiones circunstanciales, prestémosles atención a las variaciones interanuales. En el caso de Estados Unidos, el referido aumento de 8,6% resulta de una suba de 34,6% en los precios de la energía; de una de 10,1% en los de los alimentos, y de una de 4% en los honorarios médicos. Mientras que, en el caso de la Argentina, el citado aumento de 60,7% surge de una suba de 74% en los precios de los productos estacionales (libres); de una de 63% en la denominada inflación núcleo y una de 44% en los precios de los productos regulados.

Del contraste entre los números de Estados Unidos y de la Argentina surge un dato nítido: los aumentos de precios están mucho más focalizados en aquel país que en el nuestro. Tan es así, que en Estados Unidos, en los 12 meses que terminaron en mayo pasado, el índice de precios al consumidor que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos, creció 6%; en tanto que en la Argentina la dispersión relativa fue mucho menor.

¿Por qué interesa destacar este punto? Porque en Estados Unidos, frente a una tasa de inflación más focalizada, la principal herramienta antinflacionaria es el aumento de la tasa de interés (los racionamientos de combustible tienen mala fama en dicho país, de cuando fueron impuestos por el presidente Carter como consecuencia del segundo shock petrolero); mientras que en la Argentina, donde el aumento de los precios está más generalizado y cuantitativamente es más homogéneo, se pretende reducir la tasa de inflación con congelamientos y regulaciones específicas.