Federico Basualdo no estuvo hoy en la audiencia pública que trató los aumentos de las tarifas de electricidad que impulsa Martín Guzmán, como hubiera sido natural para cualquier subsecretario de Energía Eléctrica. El funcionario de La Cámpora más gravitante del área energética se sacó una foto en otro lado: en una nueva puja de poder interno, se mostró con Darío Martínez -secretario de Energía y su superior en el organigrama- en una recorrida por la central termoeléctrica que construyó la empresa Albanesi en el distrito Ezeiza.

“Nosotros podríamos hacer quilombo diciendo que las audiencias son inválidas porque ignoraron los informes que elaboró el área técnica competente (la subsecretaría de Energía a cargo de Basualdo). Pero no lo hicimos. No somos nosotros los irresponsables”, señaló una fuente de La Cámpora que sigue al dedillo lo que ocurre en el área. Y advirtieron: “La implementación del nuevo esquema tarifario está todo sujeto a riesgos, pero no por nosotros, sino porque lo que plantea Guzmán tiene inconsistencias técnicas. Además, a futuro puede haber planteos judiciales porque no se siguieron los pasos administrativos correspondientes”.

Atentos a la profunda repulsión que genera en La Cámpora la política tarifaria que impulsan Alberto Fernández y Guzmán, el Presidente y su ministro de Economía se preparaban para lo peor. En esa trama, el jefe de Estado hoy se atajó durante su gira europea y advirtió que el nuevo esquema de subsidios energéticos “fue una decisión política y si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno”.

Cerca de Guzmán no se sorprendieron por el desplante que hoy hicieron Basualdo y su superior. Al funcionario camporista nadie lo esperaba, pero consideraban que le correspondía encabezar a Martínez, el secretario de Estado y responsable del área. Guzmán tampoco tiene previsto asistir personalmente a las audiencias. Solo se presentó el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras, un tucumano alineado a Martínez.

Cerca del ministro creen que, aún si sortean las tres jornadas de audiencias de esta semana (por la luz y el gas), podría pasar cualquier cosa a la hora de la implementación de las nuevas tarifas, porque administrativamente deberán intervenir los entes reguladores que están en manos de La Cámpora, con Federico Bernal como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y de Soledad Manín, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

De todos ellos, Guzmán sólo conserva cierto diálogo de trabajo con Bernal, mientras que con Basualdo la relación es pésima. Con la jefa política de todos ellos, Cristina Kirchner, no habla desde febrero.

“Pasos administrativos”

Cuando hablan de los “pasos administrativos correspondientes” en La Cámpora se refieren dictamen técnico de Basualdo, que fue ignorado porque cuestionaba punto por punto la política tarifaria que pretende implementar Guzmán para adecuar el precio estacional de la energía eléctrica (PEST) a partir del 1 de junio de 2022. El ministro plantea que el 10% de los usuarios con plena capacidad de pago dejen de percibir subsidios en las tarifas (con aumentos que pueden llegar al 200%); que los beneficiarios de tarifa social tengan un incremento del 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior y que el resto de los usuarios (un 70%) tengan un incremento equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

El subsecretario de Energía Eléctrica elaboró un escrito muy crítico, en el que advirtió que “no se sabe cómo se van a identificar a los usuarios” con su correspondiente segmentación. Dijo que, en conjunto con la cuestión tarifaria, se deben contemplar también cuestiones vinculadas a la generación y el transporte de la energía porque las provincias “puedan aumentar el valor agregado de distribución por encima del coeficiente estipulado por el gobierno nacional” y que así “resulta muy probable que se inicie un nuevo ciclo de endeudamiento de las distribuidoras eléctricas, poniendo en una situación crítica a la cadena de pagos del sistema”.

Lo que argumentan en La Cámpora es que, frente a un dictamen tan adverso, el área de legales optó por desestimar el escrito de Basualdo y en cambio contempló otros, elaborados por las áreas del Palacio de Hacienda que responden a Guzmán. “Si bien luce agregado el Informe solicitado a la Subsecretaría de Energía Eléctrica incorporado como archivo embebido, el mismo no da sustento técnico requerido a fines de propiciar la medida impulsada por el Secretario de Energía, significando que se han considerado integradamente los Informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Planeamiento Energético, la Secretaría de Política Económica y la Secretaría de Hacienda, que resultan contener los argumentos técnicos imprescindibles, brindando el fundamento necesario para el impulso del acto bajo estudio”, señaló el dictamen técnico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la dirección de Asuntos Legales de Energía del ministerio al que accedió LA NACION.

Ahí es donde ven en La Cámpora el nudo administrativo que podría derivar en una judicialización futura de las tarifas.

En las filas camporistas lanzaron: “El 9% de aumento que se definió el año pasado se acordó con Guzmán. Y los aumentos que ya se sumaron este año también se acordaron con él. Es al ministro al que no le alcanza por lo que él mismo acordó con el FMI”.