Los funcionarios argentinos que se crucen (seguramente de manera virtual) con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fiscalizarán por primera vez desde que se firmó el 25 de marzo las metas pactadas en el Facilidades Extendidas, tendrán que explicar una mala noticia.

El muy preocupante dato sobre la inflación oficial medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril se informará según el cronograma del organismo a las 16 del próximo jueves 12 de mayo; casi en coincidencia con alguno de los múltiples zooms que se organizarán la semana próxima entre Washington y Buenos Aires.

El problema final es que en ese preciso momento en que se conozca el dato de la evolución de los precios del mes pasado, quedará sepultada definitivamente la alternativa de un 48% máximo según los firmado con el FMI; y se deberá comenzar a discutir un nuevo porcentaje. Ante esto, desde las huestes de Martín Guzmán, se espera que el organismo financiero internacional acepte una máxima de siempre en los acuerdos del tipo que tiene activado el país: que la inflación no sea una meta sino un objetivo. La diferencia es un matiz, pero importante. Si se tomara el primer criterio, Argentina debería pedir un waiver. Si fuera lo segundo, podría renegociar la meta y, si hay acuerdo, salir adelante.

La aceleración a mayo de la primera misión del FMI para fiscalizar números argentinos complicó el panorama original con que especulaba Guzmán. La idea original era que la primera misión del Fondo llegara entre junio y julio; meses en los que, supuestamente, el alza de los precios estuviera más dominada. O al menos lejos de los problemáticos porcentajes del primer cuatrimestre del 2022. En un principio incluso, la idea era poder discutir con ciertos argumentos una inflación anualizada de 55%, un porcentaje que, creen en el Ejecutivo, podría alcanzarse en el segundo semestre. Sin embargo, la primer fiscalización desde Washington se adelantó ante la desconfianza de los integrantes del board, que en el momento de la aprobación del Facilidades Extendidas el 25 de marzo pasado, le exigieron al director gerente para el Hemisferio Occidental Illian Goldfjan que adelante los controles, ante la desconfianza sobre las verdades posibilidades del país de cumplir con lo pactado. Una de las dudas era, precisamente, la promesa de una inflación que no supere en 2022 el 48%; un porcentaje que desde el primer momento, a los ojos de la sede de Washington, era una utopía

Por ahora el Gobierno confía en que habrá comprensión y que un eventual pedido de waiver anual no implicará una crítica ácida, directa o terminal en el Facilidades Extendidas. Sigue confiando el Gobierno que para todo el año es defendible un alza final de menos del 60%, sólo un puñado de puntos por arriba del 48%, lo que sería aceptable. Lo fundamental en este caso es que se observe desde el Fondo la situación actual como algo excepcional. Y con responsabilidades compartidas dada el alza de las tarifas y algunos servicios y combustibles, coordinados con el propio organismo.

Se confía en Buenos Aires que esto no implicará la caída del acuerdo, que Washington aceptará el incumplimiento y que se podrá renegociar la variable a un porcentaje más real. Siempre y cuando los dos principales compromisos no se alteren. El déficit fiscal de 2,5% de tope y las reservas aumentando u$s5.800 millones este ejercicio (con una actualización real del tipo de cambio y una reducción de la brecha entre los diferentes dólares), innegociables para el FMI. Suponen en el Ejecutivo que para aquella primera misión estas dos metas serán relativamente fáciles de demostrar que se está en el buen camino, con lo que hay optimismo ya que, para el segundo semestre y pese al alza de los precios, el acuerdo que podría seguir con vida.