Es una guerra sin fin por el agua. El duro revés de Nación contra la provincia cuyana para avanzar con la megarepresa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, conocida como la “obra del siglo”, provocó el rechazo de todo el arco político local y activó un plan B de obras hídricas en Mendoza. Sin embargo, la nueva propuesta ya comenzó a ser bombardeada por las jurisdicciones vecinas, principalmente por La Pampa. Así las cosas, todo indica que habrá gran resistencia y un largo camino para llegar a un acuerdo y firmar la paz.

La sorpresiva decisión del presidente Alberto Fernández de anticipar mediáticamente el laudo formal en el conflicto por el histórico y prometido dique en el sur mendocino, al exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que reclamaba La Pampa así como Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, las otras provincias que componen el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), puso en acción al gobierno de Mendoza, en manos del radicalismo, que salió, junto al kirchnerismo, a repudiar con fuerza al mandatario nacional.

En este sentido, las dos propuestas para generar energía que lideran los planes mendocinos tienen que ver con dos diques que ya provocan resistencia de La Pampa y las demás provincias del Coirco: el Baqueano, en San Rafael, en el sur provincial, sobre el río Diamante, y el proyecto Uspallata, sobre el río Mendoza. Los detractores de estas obras consideran que “secarán” aún más el río Salado, en el ingreso a La Pampa.

“Mendoza tiene que compartir el agua con las provincias condóminas y no apropiarse arbitraria y unilateralmente del agua de las cuatro provincias. Hoy Mendoza arde porque dan un mensaje de que se puede atropellar”, disparó a LA NACION Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa. En esa provincia aseguraron estar en permanente alerta y siempre dispuestos a accionar judicialmente.

Así, en esa provincia se mostraron aliviados con la resolución presidencial y sacan pecho. Es más, consideraron que Portezuelo ya quedó en el pasado y que sólo puede seguir la historia si se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre toda la cuenca, a tono con el reclamo de todas las jurisdicciones, mientras que Mendoza asegura que ya se realizaron todos los informes y que no hay más tiempo que perder.

“Si Mendoza no quiere hacer el EIA, tomará la decisión de dejar sin efecto la licitación de Portezuelo y afectará esos fondos a otro plan de obras. Pero, La Pampa no impugna porque sí; sino que exige y actúa en las obras que impactan en las cuencas hídricas interjurisdiccionales”, expresó Lastiri, y agregó: “En cuanto a El Baqueano y Uspallata vamos a proponer los EIA como corresponde; además requieren EIA las obras de riego y aprovechamiento del agua que se desarrollen sobre las cuencas hídricas interprovinciales”.

En tanto, en la provincia cuyana sigue el malestar y aseguran que avanzarán en sus planes, entre los que también se evalúa abandonar el Coirco, aunque saben que todo puede terminar en la Justicia y ser aún más contraproducente. Por ahora, esperarán a conocer la letra chica del laudo presidencial, aunque sostienen que todo tiene un trasfondo político.

“Lo de Portezuelo no es más que un enorme desprecio hacia Mendoza y un favoritismo marcado hacia una provincia como La Pampa, donde quieren asegurarse una cuestión electoral”, fue la primera reacción del gobernador Rodolfo Suarez tras el revés a Portezuelo. Luego, indicó que se abrirá una “mesa de trabajo” para avanzar en las nuevas ideas. Asimismo, dejó otro mensaje, en medio de la crisis hídrica que vive la provincia desde hace más de una década. “La agenda de todas las políticas públicas debe girar en torno a la escasez de agua”, señaló el jefe del Ejecutivo local.

El perjuicio sufrido por la promoción industrial le significó a Mendoza un acuerdo por 1023 millones de dólares para levantar Portezuelo del Viento, de los cuales el 40% ya está en poder de la provincia cuyana. Los fondos son enviados en cuotas de manera por la Nación. El próximo desembolso será a fines de julio, por más de 50 millones de dólares. En esto, el Poder Ejecutivo mendocino siempre aclaró que no avanzaría en la adjudicación de la licitación internacional hasta no tener el laudo presidencial, con el objetivo de evitar un reclamo judicial de las empresas que pretendían construir el megadique.

Malal-hue fue el único conglomerado de firmas que se presentó, conformado por la compañía china Sinohydro Corporation junto a las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas. Portezuelo estaba previsto realizarse en cinco años, y suponía una potencia instalada de 210 MW, lo que permitía dotar de energía a 130.000 usuarios. Ahora, habrá que esperar de qué manera Mendoza logra sortear los nuevos obstáculos, pueda avanzar y hacer uso de esos fondos, cruzando los dedos para que nada ni nadie vuelva a frenarla. Algo que parece cada vez más difícil.