Los más altos funcionarios del Gobierno lo saben. El descontento social está creciendo al mismo ritmo que la acelerada de precios y la prioridad debe ser contenerlo. El problema es que no hay consenso en el cómo. Un sector del oficialismo, alineado con el presidente Alberto Fernández, intenta focalizar sus esfuerzos en contener los precios en las góndolas.

Otro, integrado por quienes responden a Cristina Kirchner, no ve posible una desescalada en los precios en el corto plazo y diseña estrategias para evitar que los ingresos pierdan contra la inflación este año. Son dos caras de la misma moneda.

Los borradores de propuestas se multiplican en las oficinas del gabinete. Algunas, como el bono de $6000 a jubilados que cobran la mínima, ya se confirmaron. Otras aun aguardan el visto bueno mientras sus creadores las auspician para asegurar que mejoren los ingresos de la población.

Un alto funcionario del gabinete económico confió a LA NACION que se estudia la posibilidad de crear una serie de asistencias extraordinarias para quienes cobran planes sociales, idea que creció frente al acampe en la Avenida 9 de Julio durante tres días la semana pasada. Aunque no se atreven a asegurar que sería algo de la magnitud del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se puso en marcha durante la pandemia, tendría características similares. El objetivo sería apuntalar el poder adquisitivo de quienes se encuentran en la informalidad.

Otra de las propuestas que está en vías de aprobación es otorgar un complemento mensual para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dependiente de la Anses, organismo a cargo de Fernanda Raverta. El viernes pasado, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 343/2022, una modificación presupuestaria que contiene mayores recursos para esta política.

En esta medida también se confirmó una ampliación para otro programa social. Se trata del Plan 1000 días, un apoyo económico para mujeres embarazadas y con niños menores de tres años. La prestación monetaria es compatible con la AUH y la Asignación Universal por Embarazo. Estas políticas recibieron partidas adicionales por $7271 millones.

Además, esta semana los 1,2 millones de beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, por el cuál protestaron en el microcentro las agrupaciones de izquierda en los últimos días, recibirán un bono extra de $6000 como refuerzo contra la inflación.

Para quienes están empleados en el sector formal, el Gobierno está elaborando una serie de ayudas. Por un lado, múltiples fuentes oficiales aseguraron que se empujará un bono a cargo de las empresas como un refuerzo para sus empleados. Buscarán consensuar esta medida con los empresarios aglutinados en la Unión Industrial Argentina, con quienes se reunirán nuevamente la semana que viene. Un ingreso extra similar se pagaría a los empleados públicos.

El Gobierno ya no esconde que las cifras de inflación superarán todas las estimaciones iniciales para este año, como las que estuvieron contenidas en el fallido Presupuesto 2022 y en el acuerdo con el FMI (entre 38% y 48%). A diferencia del año pasado –cuando el Gobierno logró apaciguar a los gremios y sus expectativas inflacionarias– los acuerdos de febrero y marzo cerraron por encima de la inflación anual esperada oficialmente. Solo cuatro meses desde el comienzo de año, los sindicalistas ya se adelantan a reclamar por más revisiones. En el Gobierno la estrategia se inclina a fomentarlas o, por lo menos, no intentar impedirlas. Los que responden a Alberto Fernández, por temor al conflicto social y porque la CGT está siendo una aliada en la interna oficialista. Los que están alineados con la vicepresidenta, porque no pueden tolerar que los salarios formales pierdan contra la inflación en un gobierno peronista.

Altos funcionarios confirmaron que no se esperarían nuevas medidas en la “guerra” contra los “diablos” de la inflación. Del otro lado de la interna oficialista, ven las reuniones con la UIA y la CGT más como una medida de demostración de “fuerza”, a través del consenso con estos sectores, y menos como una concertación que proveerá grandes éxitos contra la inflación.

En el medio se encuentra Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, que sostiene que continúa diseñando canastas de productos, aunque avisó que no podrá “hacer milagros”. En declaraciones radiales, el secretario anticipó que lanzará una canasta de cuatro verduras y cinco frutas en supermercados, aunque no puntualizó de qué productos se trata ni a qué precio estarán.

Esta semana vence el programa Precios Cuidados y se espera que el Gobierno anuncie la continuidad del plan que, según las declaraciones de Feletti, debería contener las marcha atrás de aumentos de precios “injustificados” que prometió. También afirmó que lanzará una canasta de 60 productos para autoservicios y comercios de cercanía.

En paralelo a la interna oficialista que produce esta multiplicidad de borradores, algunos funcionarios encabezados por Martín Guzmán están preocupados por la próxima revisión del acuerdo con el FMI. Se aproximan las evaluaciones de gasto y déficit, que serán de difícil cumplimiento, más aun si se confirman los nuevos planes de asistencia a distintos sectores, por el mayor gasto que implican.