Es un simple control de daños. Los empresarios se decepcionaron con Alberto Fernández. Pero la opción de Cristina Kirchner, creen, lleva a la radicalización política y al estallido económico. Por eso, ante la aceleración inflacionaria, sellaron un pacto de gobernabilidad camino a 2023.

El silencio calculado de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la “renta inesperada” frente al Presidente y un gabinete de “albertistas” en la Casa Rosada fue un indicio de que ese puente ya existe. La decisión de la Mesa de Enlace de no participar en un tractorazo de autoconvocados a la ciudad fue otro. Dos gestos de distensión ante los “heterodoxos racionales” en el Gobierno.

No es la primera vez que, sin votos propios, Fernández busca tejer alianzas con las corporaciones. Esos intentos nacieron en momentos de crisis de su administración. Esas pulsiones fueron desactivadas por la vicepresidenta para contener márgenes de independencia.

La más visible fue tras el 9 de Julio de 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente sentó al G6 y a la CGT en un acto. Entonces Cristina Kirchner afirmó que no creía que ese Grupo estuviera “dispuesto a sumarse a la construcción de una nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal hegemonizado por las finanzas globales”. Días después, en secreto, se realizó un zoom entre la CGT y la cúpula de la Asociación Argentina Empresaria (AEA) para llevar propuestas del sector privado al Poder Ejecutivo que influyeran en el paquete postcovid.

Lo mismo hizo el Presidente en octubre pasado tras la derrota oficialista en las PASO y el levantamiento camporista con una ola de renuncias que no se concretaron. Se sentó entonces con los empresarios más importantes del país, evitando a las cámaras, para ratificarles que firmaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a esos arrestos independentistas, el Presidente siempre buscó volver al redil cristinista. “La unidad ante todo”, su prédica original, desgastó su palabra frente a empresarios.

Nueva y débil alianza

El nuevo puente con las corporaciones comenzó a construirse tras la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso que La Cámpora de Máximo Kirchner llamó a votar en contra y en un contexto de aceleración de la inflación. Fue una tregua con intereses comunes: el Gobierno necesitaba apoyo a ese acuerdo para patear deuda y hacerse de dólares en base a un plan de ajuste (del sendero fiscal y la emisión). El empresariado, que elenco oficial dejara de inculparlo por la inflación para evitar medidas más disruptivas a las ya tomadas contra el sector privado.

Todo se cerró la noche del 31 de marzo en el Ministerio de Economía con un acta firmada entre la UIA y la CGT para “trabajar todos en la misma dirección” en la lucha contra la inflación. Se hablaron de canastas y paritarias, pero el gesto fue la foto. Estaban Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, elenco “albertista” cuestionado por la vicepresidenta, y se desplazó de esa mesa a Roberto Feletti, alfil de Cristina Kirchner.

“Esto sirve para dejar de echarnos las culpas por los diarios”, dijo un empresario. Recalcó que el Gobierno admitía con su firma que su plan para bajar los precios era el acuerdo con el FMI. Traducido: admitía que era el principal responsable de la lucha contra la inflación. Un ministro acotó esa noche que se buscaba sumar a la Mesa de Enlace a esa mesa. De hecho, fue invitada, pero no se acercó, porque exigía que la firma del acta fuera del Presidente y no de los ministros, siempre fusibles. Ese encuentro sigue pendiente.

Preocupada por la pérdida de votos en la provincia de Buenos Aires –su lugar en el mundo político– debido a la caída de los ingresos, el peor índice de inflación en los últimos 20 años (el 6,7% de marzo) profundizó este mes los embates de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández. La grieta se abrió aprovechando la revolución en el Consejo de la Magistratura: volvió a nacer Unidad Ciudadana el Senado, primer signo formal de la ruptura del Frente de Todos camino a 2023.

La inflación disparó el reclamo de retenciones móviles por parte del cristinismo. El Presidente se negó. Guzmán respondió con bonos y el impuesto a la “renta inesperada”. Por las dudas, él y Julián Domínguez pasaron el mensaje que no alcanzaría a ningún productor. Esa idea es sólo “una agenda de trabajo”.

El tractorazo fue frenado dentro de la Mesa de Enlace por CRA, que suele ser muy dura con el Gobierno. “No estamos contentos, pero no queremos presionar sobre Guzmán y Kulfas y que termine viniendo algo peor”, contaron allí. De las 16 federaciones, 13 votaron en contra de sumarse con ese argumento flotando en el aire.

En la UIA se habló ayer de un “silencio estratégico” hasta que haya novedades de la “renta inesperada” que muchos –creen– se frenaría en el Congreso. “Alberto compartía en un 90% nuestros dichos”, contaron.

Aunque no tenga votos propios, Guzmán se convirtió en el garante del damage control –estabilidad– en el empresariado y frente al FMI. No es extraño que sea el único orador la semana que viene frente al círculo rojo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Salón Versailles del Hotel Alvear.