Inflación: Argentina confía en la comprensión del FMI

El Gobierno confía en que habrá comprensión y que no será tema de alta discusión y eventual pedido de waiver o, aún peor, rompimiento. Argentina ya sabe que recibirá la primera misión de fiscalización y control del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre julio y agosto de este año, situación que luego se repetirá cada trimestre durante los 12 años que dure el Facilidades Extendidas que esta semana se aprobará en Washington, y que comenzará a aplicarse desde abril. Se sabe además que para esa primera misión, Argentina ya deberá mostrar la primera variable comprometida en el acuerdo, pero de difícil (casi utópico) cumplimiento.

La inflación del año se proyecta ya a un piso de 50%, mientras que en el texto aprobado entre las partes marca un tope de 48%. Sin embargo, se confía en Buenos Aires que esto no implicará la caída del acuerdo, sino que desde Washington se aceptará el incumplimiento y se podrá renegociar la variable a un porcentaje más realidad. Siempre y cuando los dos principales compromisos no se alteren. El déficit fiscal de 2,5% de tope y las reservas aumentando u$s5.800 millones este ejercicio (con una actualización real del tipo de cambio y una reducción de la brecha entre los dólares legales e ilegales), innegociables para el FMI. Suponen en el Ejecutivo que para aquella primera misión estas dos metas serán relativamente fácil de demostrar que se está en el buen camino, con lo que hay optimismo ya en que, para el segundo semestre y pese al alza de los precios, el acuerdo que esta semana tendrá blanqueo desde Washington podría seguir con vida.

Una vez confirmada la aprobación desde la sede del organismo que dirige Kristalina Georgieva, se terminará de confeccionar el cronograma que las partes tendrán que cumplir hacia delante. Este implica que habrá un compromiso total por 12 años, dividido en dos partes. Una primera de dos años y medio, donde el FMI se compromete a pagar los compromisos que el país cerró en 2018 con el Stand By firmado por Mauricio Macri. En ese tiempo, Argentina debe cumplir (y aprobar) 10 inspecciones, para luego pasar a una segunda etapa de vigencia del Facilidades Extendidas propiamente dicho. Durante esa primera parte, el organismo se hará cargo del autopago de los u$s44.700 millones correspondientes al stand by, comenzando por el trimestre posterior a la firma del tratado. Si, como se supone, este fuera aprobado por el Board y dado a conocer en abril de este año, la primera liquidación propia del FMI se concretaría en el segundo trimestre del año, con el segundo vencimiento de junio por unos u$s4.080 millones. Luego habría dos pagos similares en septiembre y diciembre, y otros cuatro durante 2022 y un cronograma que terminaría de cerrarse en 2024. A partir de ese momento comenzaría a operar el Facilidades Extendidas reloaded de refinanciación del stand by de 2018; con un primer vencimiento en el segundo semestre de 2026.

Un Facilidades Extendidas exige siempre aceptar las misiones, otorgándole a los enviados de Washington la obligación de controlar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En una primera misión con variables no cumplidas, podría haber correctivos simples y la promesa de revisar el rojo en la próxima misión trimestral. Si el desequilibrio continuara durante un semestre, se debería requerir un waiver al Fondo, lo que habitualmente se otorga, siempre que no haya una distancia profunda entre la meta fijada y el número o porcentaje final logrado.

Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país, que deberían desplegar los números locales y explicare detenidamente la marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI tendrán el poder de consultar y repreguntar, y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se les muestren. Y de regreso en Washington, podrán criticar y recomendar cambios de políticas. Así, los fiscalizadores del Fondo podrán tomar examen a los funcionarios locales del Ministerio de Economía y de otras carteras, además del Banco Central.