Sergio Massa expuso gestualmente la profunda fractura de la coalición gobernante. Aceptó explorar algunos cambios en el texto original del proyecto del Gobierno para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de conformar a la oposición. Antes, había recibido a gobernadores peronistas para suplicarles su influencia entre diputados oficialistas renuentes.

Si no hubiera legisladores propios rebeldes, la participación de los gobernadores sería innecesaria. Si la alianza peronista gobernante estuviera unida, sus líderes no tendrían por qué pedirle ayuda a la oposición. Una ayuda que exige el extremo de cambiar el texto del proyecto que envió el Gobierno. El motín más importante lo provocó la franja cristinista de la coalición. Senadores peronistas aseguran, por ejemplo, que la mitad de su bloque no quiere votar el acuerdo. Esos senadores son los únicos seres humanos que tienen el privilegio de escuchar a Cristina Kirchner; saben que no la molestarían a la inclemente jefa si se inclinaran por la indisciplina. El resto de los mortales solo ve a una vicepresidenta que ahora cultiva el laissez faire, justo ella que nunca permitió el derecho a la opinión propia entre los suyos.

A pesar de todo, el Congreso terminará aprobando el acuerdo. El documento de Juntos por el Cambio del domingo último, en el que aseguró que no “empujará a la Argentina al default”, es un anticipo de que usará todos los recursos parlamentarios para que el acuerdo salga aprobado del Parlamento. La coalición opositora puede hacerlo. Lo que no puede hacer es permitir que el Gobierno se dé todos los gustos en vida. Alberto Fernández quiere que la oposición apruebe el financiamiento del FMI, su plan económico implícito y también la teoría oficial de que toda la culpa fue del gobierno de Mauricio Macri, desplegada en los considerandos del proyecto de ley. Se parece mucho a una extorsión: la oposición debe aprobar hasta las críticas a la oposición con la amenaza de que la alternativa al acuerdo es mucho peor. Es la encerrona en que lo coloca al Presidente la colisión con su vicepresidenta. Debe quedar bien con ella, hablando mal de Macri hasta en los fundamentos de una ley, y pedirle a la oposición, que integra Macri, que lo ayude con la aprobación de esa ley. La obsesión de los Kirchner con el expresidente se pudo advertir hasta en la versión difundida por medios kirchneristas y filokirchneristas de que Macri se había levantado de la reunión de Juntos por el Cambio del domingo pasado apenas diez minutos después de que comenzara. La imagen era la de un líder derrotado dentro de su propio espacio político. La unanimidad de los dirigentes opositores que estuvieron en esa reunión por Zoom aseguró que eso no fue cierto. “Fue el primero que habló, después escuchó a todos los que hablaron y coincidió con las conclusiones finales. Nunca se fue”, dijo un dirigente radical que estuvo en la reunión telemática.

Es cierto que en Juntos por el Cambio hay posiciones distintas. Desde la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, muy influenciado por su amigo Massa (también su aliado político provincial), hasta Patricia Bullrich, que prefiere una política más distante y combativa frente al oficialismo. Los que acercan posiciones entre esos extremos son los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff; Elisa Carrió y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, y Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, de Pro. Los diputados de Juntos por el Cambio hasta plantean la posibilidad de firmar un despacho de minoría en la Comisión (de minoría solo en la Comisión) para que el pleno del cuerpo decida luego en el recinto si aprueba el despacho de la mayoría o el de la minoría. En ambos casos, los proyectos dirán que debe aprobarse el acuerdo con el Fondo. El problema que se resuelve en estas horas es cómo lo dirán y de qué manera lo dirán, no qué dirán. Es el Presidente el que debe decidir si quiere una ley con un fuerte apoyo parlamentario, aunque deba resignar algunos caprichos, o si se inclina por una aprobación débil, con más abstenciones que votos a favor. De cualquier manera, la autorización para el acuerdo no está en duda entre los dirigentes de la oposición.

El texto del acuerdo es la prueba de dos conclusiones. Una: el Fondo Monetario está cansado de los vaivenes y los zigzag de la Argentina, pero no quiere que el país caiga en default. Por eso, la redacción del acuerdo tiene muy pocas precisiones y solo abunda en confusas exposiciones sobre lo que debería ser el futuro. La otra: es obvia la intervención del gobierno norteamericano para que el organismo multilateral haya aceptado por primera vez ser más teórico que práctico. Sin la ayuda del gobierno de Joe Biden el texto de ese acuerdo sería imposible. Es también la admisión implícita de que el mundo está entrando en cambio significativo en el sector energético. El aislamiento político y económico de Rusia, por su criminal invasión a Ucrania, significa sacar del mercado energético a uno de sus grandes proveedores. El anuncio de Biden de ayer de que Estados Unidos dejará de comprar petróleo ruso, y que hasta está dispuesto a volver a comprarle a Venezuela, es un mensaje dramático sobre la crisis energética en la que está ingresando el universo. Europa está mucho peor, porque es uno de los mayores consumidores mundiales del petróleo y el gas de Rusia. Por ejemplo, la sociedad española, que vive en un país que no tiene producción propia de petróleo y gas, ya está pagando por la electricidad ocho veces más que hace justo un año. Nadie sabe, para peor, si se trata de una crisis corta o de una crisis que obligará a cambiar todos los paradigmas energéticos previos. Depende de las decisiones que tomará un hombre terco y decidido, como es el déspota Vladimir Putin, y de si Ucrania será una guerra constante o si habrá negociaciones de paz en algún momento cercano.

En ese cambiante contexto internacional, la Argentina debe resolver qué hacer con los subsidios al consumo de energía, que son el mayor disparador del déficit fiscal y el aspecto más cuestionado por el Fondo Monetario. Alberto Fernández recibió un gobierno con subsidios energéticos equivalentes al 1,1 por ciento del PBI y en dos años los elevó al 2,4 por ciento. Se trata de una práctica que inauguró el kirchnerismo en 2003; hasta ese año, la sociedad argentina pagaba las tarifas de luz y gas según los precios internacionales. Estudios serios indican que el déficit para el sector energético será este año de unos 15.000 millones de dólares, siempre y cuando la situación no se agrave por la guerra en Ucrania y el boicot de Occidente a Rusia. Néstor Kirchner fundó la teoría política según la cual es pésimo para un gobierno que la tapas de los diarios informen sobre aumentos de tarifas. La única manera de que los diarios no informen sobre aumentos de tarifas es que no haya aumentos de tarifas.

Después de 20 años, la sociedad nacional se acostumbró a pagar precios muy bajos para la luz y el gas. Para desgracia del Gobierno, esa costumbre coincide en el tiempo con un atraso tarifario que destrozó las cuentas públicas y con un conflicto energético en el mundo como no se vivió en los últimos casi 50 años. Según un análisis del exsecretario de Energía Emilio Apud los aumentos de energía deberían ser del 150 por ciento este año para cumplir con la meta acordada con el Fondo de un déficit del 2,5 por ciento. Y ese aumento debería ser, dice, para todos los argentinos, salvo los sectores muy pobres. Por eso, Apud propone que el gobierno cambie la lógica de segmentar los aumentos (está definiendo quiénes y cómo deberán pagar los aumentos) por el criterio inverso: establecer quiénes no pueden pagarla y deben recibir los beneficios de la tarifa social. El resto de la sociedad debería perder los subsidios energéticos. Ese descalabro en las tarifas energéticas es también criticado por el liberal José Luis Espert, quien sostiene que el Gobierno debería ajustar primero los gastos del Estado y no seguir subsidiando a Aerolíneas Argentinas, a Aysa, al Correo y a las demás empresas en manos del Estado.

Sin paciencia

Esa es la teoría. En la realidad cotidiana existe una sociedad que viene de sufrir una larga pandemia y una más larga cuarentena, que directamente colocó al país en Estado de sitio y en toque de queda permanente; que sobrevive a una de las inflaciones más altas del mundo; que perdió la noción de los precios internos; que vio irse del país a importantes empresas internacionales, con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo, y que debe escuchar un relato oficial muy distinto de la vida que le tocó a la gente de a pie. Un país que vive las consecuencias de una guerra sin haber pasado por una guerra. Analistas del humor social aseguran que los aumentos anunciados en las tarifas energéticas caerán muy mal en la sociedad.

“El vaso de la paciencia está lleno y le abrirán la canilla”, dice uno de ellos. El sector social más afectado será la clase media, con los ingresos podados por la inflación y sin subsidios. “El problema no estará en los sectores altos, que pueden pagar, ni en los muy bajos, que seguirán con subsidios, sino en los argentinos que están en el medio”, señala otro analista. El núcleo del problema es más la situación general de la economía que los aumentos en sí. De hecho, en 2017 Macri había aplicado el 80 por ciento de los aumentos tarifarios y, sin embargo, ganó ampliamente las elecciones legislativas de mitad de mandato de ese año. Fue cuando hasta Cristina Kirchner resultó derrotada en la provincia de Buenos Aires como candidata a senadora; debió resignarse a ser senadora por la minoría. Pero en 2017 había todavía cierto optimismo sobre la evolución general de la economía; los cambios de la economía internacional que inclinaron la suerte de Macri comenzaron en marzo de 2018. Al revés, Alberto Fernández aumentó los subsidios a las tarifas de los servicios públicos durante su mandato y, no obstante, perdió el año pasado las elecciones de mitad de mandato. Es la situación general de la economía, y no los aumentos puntuales de tarifas, lo que provoca el malestar de los argentinos.

En ese sentido, el diagnóstico del cristinismo es equivocado. Como lo es la estrategia de diferenciarse de Alberto Fernández en el momento más crítico de su administración. Un fracaso del Presidente significará también el fracaso de la vicepresidenta, le guste o no. Por eso, también sería erróneo si la expresidenta estuviera jugando a parecer opositora al acuerdo con el Fondo cuando no lo es. Nadie se acordará de sus mohines ni de sus silencios ni de las pataletas de su hijo cuando todo se haya convertido en una historia que ha sido.