Según la visión de varios economistas, legisladores y altos dirigentes del PRO (y algunos importantes de la UCR), con este cambio quedaría libre la actual oposición, para, en el caso de vencer en las elecciones presidenciales del 2023, encarar en 2024 una renegociación de las condiciones del acuerdo y firmar un nuevo Facilidades Extendidas para el período 2024- 2028.

La idea original de Carlos Melconian, que luego tomó la Coalición Cívica, estaría avanzando. La probabilidad de que se quiten los anexos del proyecto de ley enviado al Congreso para la aprobación del Facilidades Extendidas, y se limite el articulado a la autorización a tomar nueva deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue una recomendación original del ex titular del Banco Nación a, PRO; idea que después asumió el partido de Elisa Carrió.

Luego tomó fuerza en las últimas negociaciones en Diputados y se definirá en las próximas horas si finalmente resulta la solución para destrabar el acuerdo. Con esto, muchos de los políticos de Juntos por el Cambio (JxC) ven, además de las ventajas fácticas y coyunturales, una buena señal a largo plazo. Según la visión de varios economistas, legisladores y altos dirigentes del PRO (y algunos importantes de la UCR), con este cambio quedaría libre la actual oposición, para, en el caso de vencer en las elecciones presidenciales del 2023, encarar en 2024 una renegociación de las condiciones del acuerdo y firmar un nuevo Facilidades Extendidas para el período 2024- 2028.

La hipótesis de los economistas de JxC es que la letra fina de lo negociado por Martín Guzmán, tiene en cuenta un pacto de metas, variables y obligaciones financieras, monetarias, inflacionarias y cambiarias para los próximos 2,5 años; período en el que el FMI aportará dinero para liquidar los vencimientos del fallido stand by del 2018; para luego, desde 2025, comenzar el período de vigencia del Facilidades Extendidas. La especulación de los dirigentes de JxC es que ya en el primer semestre del 2024 se podrá retomar el diálogo directo con el FMI y especular con cambios profundos en lo que negoció Guzmán. Y, para esto, separar los anexos del proyecto de ley que está tratando el Congreso en estas horas, y obligar al gobierno de Alberto Fernández a reglamentarlo por decretos presidenciales o, simplemente, resoluciones generales del ministerio de Economía; resulta importante para sentar la jurisprudencia necesaria para que en su momento, una nueva gestión pueda discutir directamente con el Fondo. Si legalmente se pueden reglamentar hoy vía decreto o resolución las metas fiscales, financieras y monetarias, más la aplicación (o no) de políticas directas como la mayor presión sobre Bienes Personales, también se podrá ejecutar el mismo criterio en el 2024. Esto es, si JxC es gobierno, renegociar las metas y aplicarlas a través del Ejecutivo, sin que pasen por ley. Mientras tanto, la vigencia del Facilidades Extendidas no tendría problemas institucionales para su continuidad, ya que estaría aprobada por ley.

El Gobierno y la oposición acordaron votar el entendimiento con el FMI
Según el argumento que tiene el copyrright de Carlos Melconian anticipado el 8 de febrero pasado, solo se necesitaría que pase por el Poder Legislativo la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva. En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del stand by vigente, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresa en un plan de pagos para liquidar otro vigente. Siguiendo esta lógica, de ninguna manera debe pasar por la cámara de Diputados y el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional. Eventualmente, y sólo como una complementariedad institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más.

La clave teórica, es que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, dice en su artículo 2: “ Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y que en el artículo 3 se menciona a “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones”.

La interpretación que hacen los economistas, es que ninguno de estos párrafos se relaciona con las metas y el contenido técnico del acuerdo, sino de la renegociación de la deuda vigente. Se tiene en cuenta en esta visión, que tanto el stand by como el Facilidades Extendidas son créditos, y que uno sirve para reestructurar el anterior. En este sentido, la ley exigiría que el Congreso apruebe el programa general, pero no las metas y las variables puntuales; lo que sería responsabilidad del Ejecutivo. En la misma línea, se piensa que todo el acuerdo con el FMI podría ser aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que perdiera legalidad ni institucionalidad.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/fmi/economistas-opositores-apoyan-que-el-congreso-solo-apruebe-el-refinanciamiento-n5389927