El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de empresas Productoras de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja indicó que en caso de que se aplique la Ley de Abastecimiento en contra de algunas empresas de alimentos, la respuesta será una demanda judicial y un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma.

“Nos dicen que van a apelar a la ley de Abastecimiento. Nosotros consideramos que esa ley es cuestionable constitucionalmente. Si emplean la ley nosotros le dijimos que la cuestionaremos judicialmente”, dijo Funes de Rioja.

Ese fue uno de los temas conversados en la última reunión que tuvieron las alimenticias con Kulfas, en la que el funcionario pidió que retrotraigan los precios a los niveles que tenían el 10 de marzo. El ministro de Desarrollo Productivo afirmó el fin de semana pasado en medios radiales que existen algunos casos de algunos rubros de alimentos que han presentado un incremento de precios no razonable, en función de los aumentos de costos que se vienen registrando al inicio de marzo.

También aseguró que no dudará en aplicar las herramientas legales con las que cuenta el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la baja de los precios.

La mencionada norma fue sancionada en 25 de junio de 1974, años en los que la Argentina comenzaba a mostrar síntomas serios de una crisis de modelo de sustitución de importaciones, lo cual se manifestaba en constantes subas de precios y faltantes de productos.

Tiene una particularidad: por un decreto de 2020, se excluyeron a las pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley, salvo que tengan una posición dominante en el mercado. Es decir, se aplica sólo a grandes empresas. El Artículo 2 le confiere al gobierno el poder de hacer prácticamente cualquier cosa con una empresa, desde marcarle márgenes de utilidad hasta obligarla a producir un bien determinado a pérdida.

Respecto de la queja de Kulfas sobre incrementos de precios que no le parecen razonables, Funes de Rioja dijo que “la industria informa que ha cumplido”. “Las empresas producen precios de salida de fábrica. Esa información la tienen. Hay múltiples sistemas de información de precio”, señaló el titular de la UIA y de la Copal, quien dijo que esa carga burocrática resulta un enorme peso para las empresas chicas. Funes de Rioja admite que “puede haber casos puntuales” en el que alguna empresa haya incurrido en faltantes.

“Hay 14.500 pymes alimenticias y entre 250.000 y 300.000 puntos de ventas en el país, es decir que todo es transparente”, indicó.