El próximo campo de batalla ya está definido: será por el financiamiento de la energía, donde las tarifas de servicios públicos tendrán un capítulo destacado. El albertismo y el cristinismo, con La Cámpora como punta de lanza, están dispuestos a tensar aún más la coalición de gobierno. Nadie se irá del Gobierno, pero tampoco ningún espacio renunciará a sus convicciones. En todo caso, lo que cambiará de ahora en más es la estrategia.

El kirchnerismo duro resolvió que desde ahora expondrá públicamente los efectos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá sobre la economía diaria de los argentinos. En este punto, los aumentos de la luz y el gas son clave. “Que se hagan cargo. Es una decisión del Presidente”, dijeron funcionarios en clave camporista.

Mientras tanto, cerca del Presidente advirtieron que el camino será hacer oídos sordos ante las quejas y reclamos. “Más locuras cometen y más vocación de ignorarlos me generan”, se despachó el jefe del Estado ante un grupo de funcionarios tras la movilización que encabezó la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

El esquema de tarifas que definió el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se pondría en marcha en junio, divide a los usuarios en tres categorías: el 10% más rico no recibirá más subsidios (tendría aumentos superiores al 200%); un 25% mantendrá tarifa social –solo se les aplicó un único aumento de 20%– y el tercer grupo, que incluye a los sectores medios, tendrán un incremento de alrededor del 45 por ciento, según el coeficiente de variación salarial (CVS).

Los controllers, Federico Basualdo y Federico Bernal, que puso Cristina Kirchner en Energía no fueron consultados, según pudo saber LA NACION. Y la conclusión, tras la presentación que realizó el titular del Palacio de Hacienda fue que el plan es “inconsistente” y quedó “incompleto”. Además, adelantaron que en la tarifa social le cargan gran parte del aumento a las provincias. Guzmán, al igual que su jefe, el Presidente, tampoco se preocupa por la interna. “Está trabajando, no operando”, lo defendieron desde Economía. Pese a los cuestionamientos, el ministro está tranquilo. Sabe que tiene total respaldo del jefe del Estado.

Como adelantó ayer este medio, en el entorno de Cristina Kirchner circula un análisis que indica que un aumento del 43% de las tarifas solo reduciría un 11% de los subsidios energéticos este año. La expresidenta ve detrás de toda la operación un gesto demasiado amable de Guzmán para el FMI.

El problema que se avecina, en rigor, es más complicado para el gobierno nacional. Las consecuencias de la invasión de rusa en Ucrania ya se notan: todos los objetivos acordados con el FMI se “dislocaron”, explicó un funcionario al tanto de la interna en el sector energético. A eso se suma una vieja crítica que emana desde el cristinismo hacía Guzmán: no hay conducción de la política económica, según la mirada de los exegetas de la expresidenta.

Desconfianza total

La nueva táctica, que básicamente será pasar cada decisión del Presidente por el tamiz del cristinismo, fue el resultado del aprendizaje durante la convivencia entre las diferentes tribus que integran el Frente de Todos. Diferenciarse de Alberto Fernández para mantener el núcleo duro cohesionado. El objetivo de máxima ya tiene la mira puesta en 2023.

Desde La Cámpora buscan capitalizar la experiencia de gestión, pero sobre todo no caer en viejos errores. La decisión de renunciar en bloque tras el cachetazo electoral o la dimisión de Máximo Kirchner como jefe del bloque de la Cámara de Diputados fueron acciones que tuvieron consecuencias internas. Por primera vez, las segundas y terceras líneas de la agrupación mostraron desacuerdo y fastidio.

Mientras La Cámpora y el resto del kirchnerismo duro recalibra sus metas, el Presidente festejó la conclusión de la negociación con el Fondo. “Se sacó la segunda gran mochila que tenía”, dijeron allegados al mandatario. La primera fue la negociación con los bonistas privados. Con el nuevo entendimiento el Presidente cree que están dadas las condiciones para comenzar a salir de la crisis económica. “Esto te permite despegar”, dijo una altísima fuente.

“Nos sacaron la soga del cuello y empezamos a caminar. Ahora quedan cuatro años [por el período de gracia] para hacer las cosas bien”, celebró anteayer el Presidente en un breve diálogo con LA NACION.

El foco, como ya lo anunció, estará puesto en la lucha contra la inflación y la recuperación de los salarios. Peo habrá medidas de shock ni cambios profundos. Como resultado de la aprobación de directorio del organismo multilateral de crédito el país obtuvo 9650 millones de dólares, lo que sirve para robustecer las reservas, un paso fundamental para dar una señal de tranquilidad a los mercados.

Eso se sumó a las medidas que anunció en los últimos días el Gobierno. Todo será un lento proceso, adelantaron fuentes oficiales. Para este año la meta es que la inflación no supere el 45% (el primer bimestre acumula un 8,8%); para el año próximo, la expectativa del Presidente es que no supere el 40%.

En medio de este escenario se da la pelea de fondo. Pese a que la relación entre el Presidente y la vicepresidenta en un punto muerto, el mandatario descarta cualquier decisión que pueda generar mayores tensiones y se tomará el tiempo que considere necesario antes de volver a dialogar con la expresidenta. Eso sí, romper la unidad de la coalición de gobierno no es una opción.

“Adentro lo que hay es mucho silencio”, describió un hombre con despacho en el primer piso de la Casa Rosada el estado del vínculo entre los integrantes del Poder Ejecutivo. No hablan desde hace semanas, la última vez fue previo al debate del acuerdo con el FMI en Diputados. “Hay que dar un tiempo para que los espíritus se calmen”, agregó el experimentado dirigente, que minimizó el impacto de la marcha de La Cámpora en las decisiones presidenciales.

“Fue la marcha de todos los años. Nadie puede creer seriamente que eso sirva para presionar a Alberto. Si quisiera haría reventar la Plaza, ya lo hicimos”, advirtieron cerca del mandatario.