El acuerdo comenzó a tener vigencia formal el 20 de febrero, cuando ambas reparticiones recaudadoras lo publicaron en sus páginas web, con lo que comenzó a operar un compromiso mutuo de intercambio de datos. Esa firma del acuerdo fue además el fruto de casi cinco años de negociaciones cruzadas, iniciadas durante el gobierno de Mauricio Macri con la idea de potenciar el blanqueo de 2017. Por EE.UU. lo firmó Douglas W. O’Donnell, quién fue el principal impulsor del tratado mutuo. En aquellos tiempos, era la IRS la que quería acceder a datos de norteamericanos en América Latina.

Según este acuerdo, la AFIP debería recibir en forma automática los datos estratégicos financieros y fiscales, de los movimientos de residentes en el sistema impositivo argentino, incluyendo las operaciones “intrafirma”, a partir de precios de transferencia.

El acuerdo fue el primero en cerrarse entre los dos países, y se compatibiliza con el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales, un instrumento utilizado a nivel global para evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero. De hecho, también es una herramienta promovida por la OCDE y el G20 para que los gobiernos puedan identificar áreas de riesgo en materia tributaria en forma temprana, y ya está vigente en los países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá y México.

La Argentina había comenzado a negociar el acuerdo directamente con la administración de Barack Obama en junio de 2016. Había aprovechado la buena sintonía entre Macri y Obama, y había avanzado en el pedido de un acuerdo de “doble imposición e intercambio informativo” con Estados Unidos, para que pueda aplicarse una vez vencido el blanqueo de capitales. El entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, lo había hablado con el secretario del Tesoro norteamericano de aquel momento, Jack Lew, el 6 de octubre de ese año, cuando el funcionario estadounidense visitó Buenos Aires. Allí, Lew le dio la promesa al ministro de Hacienda de que, al llegar a Washington, se acelerarían las negociaciones.

Se considera en Buenos Aires que es a través de este acuerdo entre la AFIP y la IRS que debería concretarse la colaboración desde los Estados Unidos a la embestida local para detectar evasores; siempre que, obviamente, el proyecto de creación del “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” se convierta en ley (ver más información sobre el tema en la página 6).

Sin embargo, no queda aún claro si únicamente con el acuerdo alcanza, o si habría que ejecutar algún tipo de protocolo de colaboración judicial entre ambos países, ya que en Estados Unidos rige el secreto bancario y sólo con la intervención de un juez podría levantarse. Hasta aquí sólo con la aplicación de un intercambio de esquelas diplomáticas entre jueces el acuerdo AFIP-IRS puede aplicarse. Hasta ahora no hubo requerimientos masivos, y debería protocolizarse el futuro tipo de pedidos de información para que pueda ejecutarse la norma. Aún en este caso, igualmente sería imprescindible que desde EE.UU. se reciban pruebas concretas sobre las actividades financieras y registrables de un contribuyente o persona física con actividad en Argentina, que haya ingresado dinero no declarado en el país. Sólo con este tipo de documentación, la IRS se activaría. Sería este tipo de colaboración la que Cristina Fernández de Kirchner le reclamó al embajador de los Estado Unidos en el país, Marc Stanley, en el encuentro del miércoles en el Senado.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/estados-unidos/el-acuerdo-que-deberia-activarse-detectar-evasores-ese-pais-n5404715