Este año será de intenso trabajo para el Ministerio de Economía y para otras áreas del Estado, comprometidas en aplicar cambios, implementar políticas, generar informes y reportes para alcanzar las metas diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y semestrales contenidas en el acuerdo con el FMI. El Gobierno pactó una intensa agenda de trabajo que el organismo de crédito evaluará de acuerdo a revisiones, criterios de ejecución, parámetros de referencia “estructurales” y reformas llevadas a cabo, o no.

El documento final, de 139 páginas, contiene una línea de tiempo de deadlines precisos. Los desembolsos del Fondo están condicionados a pasar los exámenes trimestrales durante dos años y nueve meses (serán 10 pruebas hasta el segundo semestre de 2024). Además, casi todos los ítems y ejes de la política económica, financiera y social deberán ser consultados y aprobados por técnicos del FMI. Si el Gobierno es buen cumplidor, recibirá su recompensa en dólares (en derechos especiales de giro, en realidad, la moneda del Fondo).

El acuerdo contempla de manera expresa que el Fondo sea parte de la toma de decisiones a través de una cláusula de consultas. “Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”, dice el texto elevado por el Gobierno.

El Gobierno aseguró que el entendimiento no tiene impacto sobre el gasto público real, y el presidente Alberto Fernández dijo que irá en aumento en los próximos años. Sin embargo, el acuerdo contiene cláusulas que implican una mayor restricción en la inversión y obras públicas, rubros que para el oficialismo son los principales “motores” para garantizar el crecimiento del país.

Puntualmente, Guzmán se comprometió a que la Jefatura de Gabinete modifique sus criterios de selección de proyectos, con supervisión del FMI. Se deberá dar prioridad a los que estén en curso de ejecución y, entre los más grandes, aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. Sobre esta base, se determinará en qué gastará el Estado en el presupuesto 2023. Además, el Gobierno acordó reducir las transferencias a las provincias, a través de las cuales se ejecutan múltiples obras de menor monto como repavimentaciones, mejoras viales, urbanas y de infraestructura. El año pasado, particularmente en las semanas previas a la elección legislativa, los desembolsos a los gobernadores crecieron abruptamente, hasta 1681,9% en el caso de San Luis, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Para antes del 31 de marzo, la AFIP deberá elaborar un plan que contenga políticas para “enfrentar los altos niveles de incumplimiento”. El FMI busca que la AFIP mejore sus tasas de recaudación para generar 0,3% sobre el PBI más para el fisco, lo que puede traer mayor presión fiscal sobre los contribuyentes.

El 14 de abril, el Gobierno deberá modificar el presupuesto vigente (el de 2021, que fue prorrogado) para adecuarlo a la meta de déficit primario para este año, de 2,5% del PBI.

Dentro de este mes deberá convocar a una audiencia pública para “discutir una propuesta para ajustar las tarifas de energía mayorista”.

En mayo deberá enviar un proyecto de ley para modificar el Código Penal respecto al lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT). En ese mes también se renegociará con el Club de París. El acuerdo contempla una tolerancia cero respecto a mora en el pago de obligaciones soberanas.

Desde el 1° de junio, se eliminarán los subsidios al 10% de los usuarios de luz y gas de mayores ingresos y entraría en vigencia la segmentación en dos grupos para el resto. En junio también se derogará la indemnización doble por despido sin causa, plazo que no podrá prorrogarse.

Ese mismo mes, la Secretaría del Tesoro deberá elaborar una hoja de ruta que explique cómo mejorará la presentación de informes financieros y de presupuesto de otras entidades del sector público, como empresas y entes. Adicionalmente, se modificará la normativa sobre prioridades para la inversión pública.

También deberá publicarse un plan para simplificar el sistema de encajes bancarios y para mejorar la transmisión de la política monetaria.

En julio habrá una presentación semestral sobre relación con los inversionistas y en agosto se debería terminar un plan elaborado para mejorar la recaudación de derechos aduaneros e impuestos internos.

En septiembre se presentarán las conclusiones del revalúo inmobiliario (ver aparte) y debería estar lista la estrategia contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Diciembre es el mes más cargado. Está pautada la publicación de un plan para reducir aún más los subsidios a la energía, uno para mejorar los programas de asistencia social, un estudio para consultar con el FMI “opciones para afianzar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones y pensiones”, otro para flexibilizar los controles cambiarios, una estrategia para afianzar la situación financiera del BCRA y, por último, una para gestión de deuda de mediano plazo. Además, el Gobierno presentará su segunda reforma legislativa: la Ley Penal Cambiaria.

En junio de 2023, deberá presentar una auditoría externa sobre el gasto Covid-19. El FMI quiere saber cómo se ejecutaron las partidas y contrataciones relacionadas con la pandemia en, al menos, 2020.

Las revisiones incluirán una evaluación cuantitativa. Las metas, para los especialistas, son difíciles de cumplir por varios motivos, entre los que se destacan la división interna en el oficialismo, el escenario internacional que complica los precios de insumos esenciales como el gas y la incoherencia en la práctica entre algunas metas, como la de crecimiento (entre 3,5% y 4,5%) y acumulación de reservas (US$5.800 millones), que implican restringir el acceso a divisas para, por ejemplo, importación de insumos para la producción.

Si el Gobierno cumple, recibirá 10 desembolsos. Con la aprobación del acuerdo por parte del directorio del FMI llegarán US$7000 millones. Con la primera y segunda revisión, el monto será de US$3000 millones. Si pasa la tercera, cuarta y quinta: US$4500 millones, US$4000 millones y US$3000 millones, respectivamente. Con la sexta y séptima, US$2500 millones. Con la octava y novena, US$800 millones y con la décima y última, US$814 millones.