Sí, es mejor que calle. El ala albertista del Gobierno tenía razón cuando decía que lo mejor que podía hacer Cristina Kirchner para colaborar con el acuerdo con el Fondo Monetario era callarse. Se calló a medias, de todos modos. Su vocero más inconfundible en el Senado, José Mayans, habló en nombre de ella.

El principio de acuerdo, dijo, no conforma a los senadores peronistas; estos quieren conocer los detalles de ese acuerdo eventual, porque, aclaró, los argentinos no merecen más ajustes. ¿Es el gobierno de Alberto Fernández un detestable espécimen neoliberal? ¿Está dispuesto a concederle todo a los representantes de los imperios fondomonetarista y norteamericano? Estas son las preguntas que se hace la vicepresidenta, como si su gobierno fuera un gobierno ajeno. Mayans, presidente del bloque kirchnerista, es ella, con la disciplina propia de quien vivió -y sobrevivió- al régimen de Corea del Norte del formoseño Gildo Insfrán. Mayans lo representa a Insfrán en el Senado desde hace 20 años. Jamás se haría ese senador semejantes preguntas si estas no hubieran sido dictadas o escritas por la propia Cristina. Para hablar como lo hizo Mayans, siempre será mejor el silencio.

Las cosas, al menos, quedaron claras. El motín de Máximo Kirchner fue también la rebelión de la familia Kirchner contra la administración de Alberto Fernández. Llegado el momento, la vicepresidenta se desmintió a sí misma, porque antes había hecho trascender que comprendía a su hijo, pero no compartía su decisión. Su hijo tenía la posibilidad de renunciar a la presidencia del bloque peronista en Diputados y seguir siendo diputado (los fueros son siempre valiosos). Su madre carece de esa oportunidad; si ella renunciara a la vicepresidencia, debería regresar a casa porque no es senadora. Ya vivió dos años sin cargos y sin fueros (2015-2017) y fueron un infierno. Nunca más. De hecho, descartó presentarse como candidata presidencial el año próximo, según confesó a su feligresía, porque ya habrá cumplido los 70 años, veinte de los cuales, desde 2003, los pasó, dice, con más estrés que sueño, con más miedos que certezas. Gran parte de las tensiones que vivió en esas dos décadas la buscó ella; no son inherentes al cargo ni a las funciones. Su personalidad es así; la angustia llega antes que ella a cualquier parte donde va. Sin embargo, Alberto Fernández no debería confundirse: él no será el candidato de Cristina en las próximas elecciones presidenciales. Ella elegirá otro para ocupar la más importante poltrona del Estado. Cristina será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que en 2023 renovará los senadores que eligió en 2017. Se puede renunciar a los honores, pero nunca a los fueros.

El cuartelazo cristinista complica también a Juntos por el Cambio, que no quiere un desacuerdo con el Fondo Monetario. “El default con el Fondo no puede ser una opción para nosotros”, señaló Mauricio Macri en la última reunión de la conducción nacional de la coalición opositora. El proyecto de Cristina es claro: unir en un mismo mosaico ideológico a la oposición de Juntos por el Cambio y a la franja albertista del Gobierno. Y quedarse ella con el liderazgo de la oposición al acuerdo con el FMI. Es una discusión para un número de políticos que entra cómodamente en un taxi. La mayoría de la sociedad, más del 70 por ciento, según todas las encuestas, quiere un acuerdo con el Fondo porque sabe que la alternativa será mucho peor. Veinte años es un tiempo reciente para la memoria colectiva. Hace veinte años que la Argentina se declaró en default con los bonistas privados; el país se precipitó entonces a una de las crisis políticas, económicas y sociales más profundas que vivió. Nadie quiere volver a semejante colapso. El debate sobre el préstamo del Fondo, sobre las condiciones que pide el organismo o sobre las reglamentarias revisiones trimestrales, es promover una tormenta en un vaso de agua, cuando ya queda poca agua.

La oposición en Diputados dará el quorum necesario, pero no sabe todavía si se abstendrá luego o si votará a favor. Depende de qué sea lo que el Gobierno envíe al Congreso. La última información que les llegó a los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio es que el Gobierno mandará un proyecto de ley autorizando solo el préstamo del Fondo Monetario y que los detalles que ya se conocen (baja del déficit fiscal, limitación para emitir dinero destinado al Tesoro) irán en un anexo corto. Esto es: el Gobierno no mandará la carta de intención ni el memorándum final de entendimiento. Es la mejor solución. Tanto para Juntos por el Cambio como para el propio Frente de Todos. Una autorización general al Gobierno para recibir el préstamo, sin las incómodas condiciones del préstamo. Una abstención de la oposición le permitiría al Gobierno sacar la autorización con mayoría simple. Sergio Massa asegura que ya tiene unos 140 diputados para aprobar el acuerdo sin la compañía institucional de Juntos por el Cambio. Son demasiados para cualquier especialista en contar votos. Máximo Kirchner promoverá la abstención de 20 o 30 diputados propios; los de Juntos por el Cambio son 116 si se abstuvieran todos, y deben contabilizarse los votos de rechazo, entre los que estarán los de la izquierda y los de los liberales de Javier Milei y José Luis Espert. Quedan no más de 90 o 100 diputados. Con ese escaso número el Gobierno podrá aprobar el acuerdo, aunque su debilidad será manifiesta y explícita. Otro escenario se levantaría si Juntos por el Cambio decidiera votar a favor. En el Senado también habrá abstenciones, pero el escándalo político ya habrá estallado en Diputados, que es lo que quiere Cristina Kirchner. Por eso, lo mandó a decir a Mayans que es mejor que ese proyecto ingrese al Congreso por Diputados y no por el Senado. Siempre fue al revés, porque el oficialismo tiene en el Senado una relación de fuerzas más amable. Eso sucede siempre que Alberto y Cristina están detrás de la misma idea. Ahora no lo están.

La oposición se comprometió a no aprobar nuevos impuestos o aumentos de impuestos ya existentes. Si hubiera nuevos gravámenes, estos deberán pasar luego por el Congreso, según la Constitución, ya sea a través de puntuales proyectos de leyes o incluidos en el nuevo presupuesto de 2022, si es que el Gobierno decide enviar un nuevo presupuesto para este año. El primer proyecto fue rechazado por la oposición en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, aunque ahora, después del principio de acuerdo con el Fondo, sería letra muerta si hubiera sido aprobado. Dicho de otro modo: aprobar en términos generales el préstamo con el Fondo no significaría una autorización automática para aumentar o crear impuestos. Estas decisiones requerirán de otro trámite parlamentario.

El tiempo que tiene el Gobierno para acordar con el staff del Fondo Monetario se estrecha a un puñado de días, no más de una semana. Faltan cinco semanas hasta el 22 de marzo, cuando el Gobierno deberá hacer frente a un vencimiento de 2869 millones de dólares con el Fondo. Ocho días después, el 31 de marzo, vencerá el tiempo de espera que le dio el Club de París para negociar con el Fondo y no caer en default también con este organismo, al que no le pagó 2000 millones de dólares. La probación por parte del directorio del Fondo necesitará entre 10 y 15 días y las gestiones en el Congreso argentino se llevarán otras dos semanas. La Argentina nunca experimentó un default con los organismos multilaterales, a pesar de haberse aventurado en todas las transgresiones posibles. Un default con el Fondo Monetario no tiene precedentes en el mundo. ¿Cómo se remontaría semejante situación? ¿Cómo, después de que la Argentino declaró en 2001 el default con los privados más grande de la historia? ¿En qué grado de aislamiento e insignificancia quedaría el país? Solo se sabe que, si se cayera en default con el Fondo, para que un futuro gobierno entable una nueva negociación deberá pagar todos los vencimientos que hayan ocurrido hasta ese momento. Un monto inmenso. Grecia cayó en default con el FMI y, cuando quiso regresar a una negociación, la Unión Europea debió prestarle el dinero para que pagara los vencimientos que se habían acumulado. Luego, el Fondo le dio el dinero para que devuelva el préstamo de Europa. Europeos y funcionarios del Fondo hicieron semejante pirueta financiera para no romper los reglamentos internos del FMI. Pero Grecia tenía a Europa a sus espaldas; la Argentina no tiene a nadie. Por eso, la oposición, que espera regresar al Gobierno en 2023, detesta la idea de un default.

El Presidente manifestó personalmente su alegría porque el Fondo no había impuesto “reformas estructurales” al país. Rara alegría. Importa poco lo que opine el Fondo Monetario, pero el país necesita reformas estructurales si quiere salir del sendero que va hacia un destino donde todo será peor. Por reformas estructurales se entiende, por ejemplo, la reforma previsional. ¿Puede la Anses seguir financiando los salarios de tres millones de jubilados que no hicieron aportes previsionales nunca? Una reforma posible sería crear un subsidio a la vejez, que se financiaría con otros recursos del Estado, mientras la Anses se dedicaría a atender con más justicia los salarios de los jubilados que aportaron durante 30 años y se jubilaron en tiempo y forma. Otra reforma es la laboral. El reconocido economista Mario Blejer, que estudió las razones de la decadencia argentina, descubrió que uno de los motivos de ese declive perpetuo es la decisiva influencia de los sindicatos en la vida pública. Los sindicatos se dedican a cuidar a los argentinos que trabajan (y a sus propias cajas), y no les importan los argentinos que no trabajan o que trabajan en negro, que son casi la mitad de los trabajadores. Esa influencia expulsa a muchos argentinos del mercado laboral y obtura la creación de nuevas inversiones del sector privado. Una tercera reforma es la impositiva. La Argentina es el segundo país del mundo con más carga impositiva sobre su población, la que trabaja o produce en blanco, desde ya. Por la vía de impuestos directos o indirectos, los argentinos deben destinar el 50 por ciento de sus ingresos para pagarle impuestos al Estado. Medido anualmente, un argentino que trabaja en blanco debe destinarle al Estado los salarios que van desde enero hasta junio. Solo a partir de julio empieza a disfrutar de lo que cobra por su trabajo. ¿Por qué la alegría del Presidente? La decadencia también tiene su encanto.

Un momento decisivo para la actitud de la oposición en el Congreso será el discurso que pronunciará el Presidente el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa para inaugurar la sesiones ordinarias. ¿Qué Alberto se sentará y hablará en el principal estrado del Congreso, justo al lado de su vicepresidenta? ¿Será un político con un discurso consensual, que reclamará con buenos modales el apoyo de sus opositores, o será el Presidente descolocado, capaz de ofender con sus palabras a los que no piensan como él? ¿Será, acaso, la persona que este martes destrató al fiscal Diego Luciani, cuando este lo interrogó sobre los presuntos hechos de corrupción en las adjudicaciones de la obra pública cuando Cristina era presidenta? Alberto Fernández lo agravió al fiscal diciéndole que “tiene un problema de comprensión”. El fiscal, un hombre con buen prestigio en los tribunales, le replicó, preciso y cortante: “No me falte el respeto, doctor”, le dijo al Presidente, a quien no nombró como presidente. La dignidad del cargo se gana fuera de las urnas.

En las elecciones presidenciales norteamericanas de 2008, en plena crisis financiaría tras la caída del banco Lehman Brothers, el entonces presidente George W. Bush y el candidato demócrata, Barack Obama, firmaron un acuerdo para destinar 750.000 millones de dólares a la dañada economía de los Estados Unidos. “Debí elegir entre el oportunismo electoral y la responsabilidad ante el Estado y ante el pueblo de los Estados Unidos. Elegí la responsabilidad”, escribió Obama en sus memorias, cuando ya era expresidente. En 2002, en Brasil, el entonces candidato presidencial Lula da Silva difundió una “Carta al Pueblo” en la que se comprometía a continuar con las políticas económicas fundamentales del presidente Fernando Henrique Cardoso. Brasil se tranquilizó. La economía de Cardoso le había permitido a Brasil salir de la inflación alta. En días ya agónicos, la política argentina debe decidir si le sigue gustando más el oportunismo que la responsabilidad.