Ante la oposición del kirchnerismo, el espacio discute el costo político de facilitar o no el aval al entendimiento por la deuda
La fractura expuesta que generó en el Gobierno el acuerdo con el FMI por la deuda puso a Juntos por el Cambio frente a un dilema crucial. ¿Debe facilitar la aprobación en el Congreso del pacto, con el objetivo de evitar un default, o tendría que tomar distancia para blindarse de eventuales costos políticos? ¿Sostener la gobernabilidad sin condicionamientos para impedir un estallido o exigir una contraprestación para evitar que Cristina Kirchner se corra y saque rédito en las urnas en 2023?
En la antesala del debate legislativo, los máximos jerarcas de JxC debaten en privado cómo pararse frente a la crisis por la deuda. La incómoda discusión -en la que tienen una participación activa los economistas Hernán Lacunza y Luciano Laspina, ambos de Pro, o los radicales Martín Lousteau y Eduardo Levi Yeyati-, en torno a cuál debería ser el rol y la estrategia parlamentaria genera tensiones internas. Incluso ya nadie descarta que las bancadas de JxC expongan sus diferencias a la hora de votar.
Es que, si bien en todas las vertientes de la fuerza concuerdan en avalar la actualización del endeudamiento para evitar que el país caiga en default, hay visiones disímiles sobre si JxC debe acompañar sin reparos, abstenerse o votar en contra del acuerdo. Por ahora, solo hay consenso respecto a un punto: facilitar el quorum.
Más allá de la aritmética parlamentaria, el intento de unificar una postura en JxC respecto de la deuda tiene tres planos: el jurídico (qué se vota), el político (quién paga el costo) y el técnico (qué implica el acuerdo).
La renuncia de Máximo Kirchner marcó un “quiebre” en el debate intramuros que se desató en Pro a partir de que Fernández anunció un principio de acuerdo con el FMI. Si bien la mayoría se inclinaba por no obstaculizar la aprobación del pacto, está claro que el macrismo endureció su postura tras la fractura en la cúspide del Gobierno. Es más: la posición podría ser aún más férrea si el Presidente o La Cámpora osaran cargar las tintas contra Macri por la deuda. “No les vamos a dar los votos y el discurso. Sería insólito”, anticipan desde la bancada de Cristian Ritondo.
Macri transmite su inquietud por la falta de avances concretos del Gobierno cuando faltan tres semanas para el deadline del 22 de marzo. El expresidente considera que Fernández tendría que haber cerrado el convenio hace dos años. Esa demora, sostienen cerca de Macri, erosionó aún más la situación económica. La misma preocupación emana Lacunza, asesor económico de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, cuando lo consultan sus laderos de Pro.
Alertados por la batalla a cielo abierto en el oficialismo por la suba de tarifas que implicaría la reducción del déficit que pide el Fondo -menos del 4,5%-, los larretistas repiten que el plan de Fernández no cuenta con consenso político interno ni muestra consistencia técnica para cumplir las metas pactadas. Ven que Máximo y Cristina buscan preservar su capital político con un “hands-off”: “Ellos deben pensar que si el acuerdo sale bien, habrá un ajuste fiscal. Y si sale mal, hay una crisis, con tensión inflacionaria y cambiaria”, interpreta un asesor del larretismo. En el ala moderada de Pro están convencidos de que el kirchnerismo busca arrastrar a JxC a una discusión respecto de los detalles del acuerdo -que sobre pasa la mera autorización al nuevo préstamo, según establece la ley de fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda-, para “corresponsabilizar” a la oposición de las medidas “antipáticas” que surjan del convenio.
Por eso, “halcones” y “palomas” de Pro repiten que el Congreso solo aprueba la operación crediticia, no la carta de intención. El liberal Ricardo López Murphy también empuja esa postura. Sin embargo, atentos a la dimensión política del debate por la deuda, en Pro analizan las implicancias técnicas del eventual entendimiento. En ese sentido, estiman que sería riesgoso para la oposición ayudar a un acuerdo que eximiría al Frente de Todos de encarar una reforma laboral, impositiva, previsional o cambiaria. “Es ridículo: le prologamos la vida al modelo kirchnerista que murió hace diez años para dejarle un problema al próximo gobierno”, remarcan desde Pro.
Laspina ya alertó ante los suyos que el Gobierno le dejará una deuda infinanciable en pesos al próximo presidente. “Es una bomba fiscal impagable”, lanzó. Con ese trasfondo, a los duros del macrismo no le seduce colaborar en una cruzada que le permitiría al kirchnerismo llegar con aire a 2023, sin pagar ningún costo por reformas estructurales. Es decir, no quieren poner el respirador y dejar de pie al adversario para, eventualmente, heredar una “bomba” fiscal o un escenario económico similar al de 2015. Por tanto, presionan para que el kirchnerismo asuma su “responsabilidad” por el déficit y se comprometa desde ahora a reducir el gasto y la emisión monetaria, para normalizar las cuentas públicas y cambiar el rumbo económico.
Cautela en la UCR
En la UCR, en cambio, perciben que el eventual programa que cierre la Casa Rosada con el FMI sería el “mal menor”, ya que un default dejaría knock-out a la economía y complicaría aún más la renegociación de la deuda en 2024. Creen que, independientemente de la fractura en el Gobierno, la oposición debería evitar “tener un rol” en un resultado que detonaría una nueva crisis. Por eso, el jujeño Gerardo Morales es uno de los impulsores de no obstaculizar la aprobación en el Congreso del acuerdo.
A diferencia de Pro, los asesores económicos de los radicales consideran que el programa con el Fondo contribuiría a contener los desvíos económicos, ya que el plan implicaría una “ajuste implícito”. “No debemos embanderarnos en la bandera del ajuste. La alternativa al acuerdo es estar sin programa y en default”, comenta uno de los gurúes que escucha Morales.”, comenta uno de los gurúes que escucha Morales.
A sabiendas de la situación anómala e “inédita” que genera la rebelión del kirchnerismo frente al convenio, sospechan que cualquier movida que haga el oficialismo para corresponsabilizar a la oposición de las consecuencias económicas del plan le jugará en contra.
Por su parte, Martín Lousteau está convencido de que este es el momento para discutir el fondo y la factibilidad del acuerdo por la deuda. En rigor, pretende saber qué está dispuesto a hacer Fernández para cumplir con las metas pactadas con el FMI. ¿Se atreverá a correr a La Cámpora de las principales cajas del Estado o solo se dedicará a arrebatarle más recursos a la Ciudad? Al senador le preocupa el eventual impacto de la guerra en Europa en la negociación, ya que percibe que los elogios de Fernández a su par Vladimir Putin en su reciente visita a Rusia podrían cobrar otra relevancia entre los socios mayoritarios del FMI.
Las altas posibilidades de que Fernández, esmerilado por el frente interno, necesite de JxC para sacar la ley precipitó otra discusión en la oposición: qué temas deberían poner sobre la mesa en una posible negociación con el oficialismo.
La jugada de Carrió
Atenta a la discusión interna en JxC y preocupada por el impacto que podría tener en la economía de un default, Elisa Carrió buscó una solución intermedia. Para facilitar la aprobación del acuerdo propuso que el Congreso solo autorice al Gobierno a contraer nueva deuda con el FMI, para evitar una discusión en torno a los detalles del pacto.
Carrió está convencida de que su iniciativa es una salida a la encerrona que plantea la oposición de Cristina Kirchner y sus laderos a la letra chica del pacto con el Fondo. Pretende allanar el camino para la sanción del nuevo endeudamiento, a sabiendas de que el proyecto podría naufragar por la discusión legislativa sobre la política económica que deberá aplicar el Gobierno para cumplir con las metas. Más allá de que la jugada generó malestar en un sector de Pro, los socios de Lilita entienden que persigue el objetivo de evitar el default y que Cristina Kirchner boicotee el acuerdo. Pero entienden que el proyecto llegó tarde y que habilitaría al Gobierno, por ejemplo, a subir retenciones o aumentar impuestos.
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