El aumento que deberían tener este año las tarifas de energía ­–y, por ende, la viabilidad del corazón del acuerdo, la reducción del déficit y de la emisión monetaria- entorpece el cierre de la renegociación de la deuda entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, fuentes oficiales, confían en sellarlo durante este fin de semana.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo ayer conversaciones con Julie Kozack, subdirectora en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo en torno al pedido que realiza el organismo multilateral de incremento de luz y gas para este año. En el FMI pretenden que el alza sea de 60%, un número que vaya por encima de la inflación prevista para este año y que permita además a la administración de Alberto Fernández reducir o, por lo menos, sostener la enorme factura de subsidios con relación al producto bruto interno que paga el Estado.

Guzmán afirma que ese aumento es inviable y buscan convencer al staff técnico del FMI de “un aumento racional” que contenga -como ya se anunció- una segmentación. En ese sentido, el ministro avanza con la idea de sumar una suba en las tarifas por encima de lo que estableció La Cámpora y el cristinismo para este año, del 20%. Para el ministro, el alza debe ser un porcentaje del incremento salarial previsto. Este año, el Gobierno busca establecer una paritaria en torno al 40% con la intención de anclar las expectativas inflacionarias en un 40%/42%.

Según pudo saber LA NACION, el Fondo Monetario exige que en el acuerdo figure un porcentaje determinado de aumento tarifas de los servicios públicos que haga menos críticas y más previsibles las revisiones trimestrales que deberá hacer el organismo multilateral con cada desembolso previsto para pagar la deuda.

El principio de entendimiento sellado con el FMI prevé una meta de reducción del déficit fiscal primario para este año de 2,5% del PBI, que cae a 1,9% en 2023; y al 0,9% en 2024. En 2025 se llegaría al equilibrio fiscal. Parte de ese sendero, según el comunicado que publicó cuando se divulgó el acuerdo, se logrará con una “reducción gradual” de los subsidios energéticos. La emisión monetaria debería pasar de 1% del PBI este año. Pasaría a 0,6% del producto en 2023 y llegaría a cero en 2024. Por otro lado, se establecerán tasas de interés por arriba de la inflación.

Los economistas privados trabajan actualmente con una inflación que va entre el 55% y el 60%. Según el “borrador” que se filtró en los últimos días, si bien no hay previsto un “salto de devaluatorio”, el tipo de cambio se movería a la par de la inflación. La suba de precios y el movimiento del dólar son determinantes para el establecimiento de las tarifas (y por ende, para la definición de la cantidad de subsidios necesarios para los distintos usuarios). A eso se suma el aumento de los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y la menor oferta que llegará de Bolivia este año.

El año pasado, los subsidios a la Energía representaron 2,3% del PBI, con US$11.003 millones de transferencias del Tesoro Nacional. El gasto en subsidios energéticos tuvo un aumento de 77% con relación a 2020 (1,6% del PBI) y de 131% en comparación con 2019 (1,1% del PBI), según la consultora Economía & Energía. Para este año, según el presupuesto 2022 que no fue aprobado por el Congreso, Guzmán proyectó que los subsidios al sector deben representar 1,7% del PBI.

Hoy, el Gobierno determinó aumentos para los distribuidores y transportistas de gas que representan en la factura de los usuarios residenciales un 20% de alza sin reducir subsidios. Por eso, ya se preveía que debería haber en el año más alzas para alcanzar la promesa de reducción del déficit primario y la baja de la emisión para cumplir con el Fondo.

Entre los negociadores con el Fondo reconocen que el aumento el año pasado, temporada de elecciones, fue sólo de 9% en las tarifas, mientras que los salarios –punta a punta- le ganaron a la inflación. Creen entonces que los precios regulados –de los servicios públicos- están atrasados y que es necesaria una recomposición mayor a la estimada por el cristinismo. Sin embargo, consideran políticamente inviable incrementar lo que está pidiendo el organismo de Kristalina Georgieva.

A pesar del tira y afloje entre Economía y el staff técnico del FMI, en el Gobierno se esperanzan con poder anunciar un acuerdo sobre el programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) que le permita a Alberto Fernández renegociar la deuda que tomó Mauricio Macri en 2018 por US$45.000 millones y evitar el arrears (atraso) con el organismo.