Se firmaron las actas de inicio del Programa Mejoro mi Casa, que beneficiará a casi 200 familias de General Alvear, Malargüe y San Rafael con mejores condiciones habitacionales.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa con la firma de las actas con las que se dan inicio a las obras de intervención de viviendas para dar una mejor calidad de vida a quienes la habitan.

A través del programa, que cuenta con financiamiento enteramente provincial, se pretende atender el déficit cualitativo en materia habitacional.  De esta manera, el Estado atiende las necesidades de grupos familiares que ya poseen vivienda, pero que por su situación de precariedad o hacinamiento requieren la construcción de un salón, un baño, un dormitorio o más de una de estas alternativas.

En esta oportunidad, la titular del IPV, María Marta Ontanilla, y el equipo técnico de la Gerencia de Hábitat se trasladaron a la zona Sur de Mendoza, donde firmaron dichas actas con las autoridades municipales de General Alvear, San Rafael y Malargüe y los representantes de las empresas adjudicatarias de las obras.

A través de Mejoro mi Casa, se intervendrán 199 viviendas en los tres municipios con diversas tipologías, según los requerimientos de cada grupo familiar: T1 – baño y lavadero (6, 84 m2); T2 – baño para discapacitado (9,60 m2); T3 – 1 dormitorio (14,40 m2); T4 – Salón (23,50 m2); T5 – 2 dormitorios (23,50m2) y T6 – doble intervención (32,46m2).

En General Alvear y San Rafael, la empresa constructora Agrocon realizará, en un plazo de 12 meses, 152 mejoramientos. En tanto, la empresa Camiletti SA será la encargada de ejecutar 47 intervenciones en ocho meses en el departamento de Malargüe.

La inversión provincial en estas obras supera los $ 360 millones. Este crédito será devuelto por los beneficiarios al IPV en un plazo de hasta 360 meses, a tasa 0% de interés, con una actualización en base al coeficiente de variación salarial (CVS).

Asimismo, se ha previsto aplicar un subsidio de hasta el 75% del crédito para aquellas familias cuyos ingresos no superen un sueldo mínimo vital y móvil y/o que presenten situaciones sociales o de salud que lo ameriten.