La actividad en los tribunales se reanuda desde este martes con novedades de alto impacto: declara el presidente Alberto Fernández en el juicio contra Cristina Kirchner por la causa de Vialidad Nacional, se citarán audiencias para revisar los sobreseimientos que favorecieron a la vicepresidenta en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Pacto con Irán, y se conocerá el veredicto en los juicios orales en marcha contra Ricardo Jaime y Julio de Vido, por corrupción, y el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, por extorsión.

La cargada agenda judicial de 2022 tendrá como protagonistas a los juicios orales, ya que está pendiente ponerle fecha al inicio del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios para mantener sus negocios. Los jueces son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Este último juez está litigando en la Corte para seguir en este tribunal. El cuestionamiento se dio porque es un juez trasladado desde otro tribunal federal.

Los jueces ya decidieron citar a juicio en dos tramos de esta causa, donde los abogados y la fiscalía a cargo de Fabiana León analizan sus propuestas de testigos y otras evidencias que usarán en el juicio oral.

Vialidad

El juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa en que está acusada de direccionar obras públicas para favorecer a Lázaro Báez se reanudará con las declaración de Alberto Fernández, citado para el 8 de febrero y con las testimoniales del exsecretario Legal y Técnico Carlos Zaninni, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros tres exjefes de Gabinete: Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.

El 1° de febrero están citados Zannini y Abal Medina; el 7 de febrero, Massa y Capitanich; y el 8, Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Todos los citados a prestar declaración pueden hacerlo por escrito, recibiendo de antemano un pliego de preguntas, en razón del cargo que ocupan, excepto Abal Medina, que debe comparecer ante el tribunal.

Los funcionarios y exfuncionarios citados tienen en común que fueron jefes de Gabinete durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que está bajo investigación por la manera en que otorgó licitaciones de obras públicas en beneficio de Báez, condenado por lavado de dinero. Las declaraciones fueron pedidas por el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, ya que una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias en propia de los jefes de gabinete.

El fiscal en este juicio es Diego Luciani y el tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Esta causa pende de un hilo pues la Corte Suprema tiene media docena de recursos con reclamos de Cristina Kirchner que puede tener consecuencias tales como la anulación del caso o la ampliación de las medidas de prueba que se realizan.

Este juicio oral, donde están sentados en el banquillo Cristina Krichner, De Vido, José López, Báez y Carlos Santiago Kirchner, entre otros, culminará este año ya que restan las últimas declaraciones testimoniales.

El Pacto con Irán

Cristina Kirchner también es la protagonista de dos causas en las que fue sobreseída sin juicio oral, Hotesur y Los Sauces, y la firma del Pacto con Irán, que están para su revisión en la Cámara de Casación y que comenzaran su trámite apenas empiece el año judicial.

Los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, deben decidir si confirman el sobreseimiento y liberan de esas acusaciones a la vicepresidenta.

La causa por el Pacto con Irán está más adelantada. Entró en la Sala I de Casación en noviembre y ya fueron notificados los recurrentes. El fiscal ante la Casación, Javier de Luca, desistió de la apelación del sobreseimiento de Cristina Kirchner. Por lo tanto, los únicos recursos que siguen en pie contra el fallo que benefició a la vicepresidenta son los de los familiares de víctimas del ataque a la AMIA Luis Czyzewski y Mario Averbuch y el de la DAIA.

Se abrió el plazo de oficina para que las partes analicen los argumentos, que culmina en la segunda quincena de febrero. En ese momento, el tribunal estará en condiciones de convocar a una audiencia a los querellantes y a las defensas para que expongan sus razones y luego decidirá si confirma o no el sobreseimiento de la vicepresidenta o si ordena que se realice el juicio oral.

Hotesur y Los Sauces

En el caso Hotesur y Los Sauces fueron sobreseídos por lavado de dinero Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Los mismos jueces decidirán si confirman este fallo o si por el contario, lo revocan y ordenan que se realice un juicio oral y público donde se dedica su culpabilidad o inocencia.

El tribunal oral federal que sobreseyó a Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces concedió a fin del año pasado el recurso de apelación de la fiscalía para que la Cámara de Casación revise esa sentencia.

La causa llegó a la Sala I el 29 de diciembre y restan dos pasos. El primero es notificar a los recurrentes, en particular al fiscal ante esa sala de ese tribunal, Mario Villar, que deberá decir si mantiene el recurso de colega Velasco. Seguramente así lo hará. Luego, los jueces de la Casación empezarán a analizar el asunto, que se resolverá en este año. Se abre un plazo de oficina de 10 días hábiles y luego convocarán a una audiencia donde la defensa de los acusados sostendrá la necesidad del sobreseimiento (puede estar presente y hablar Cristina Kirchner) y la fiscalía argumentará para que se revoque ese fallo y se haga un juicio oral. Luego los jueces tiene un plazo breve para resolver.

Todo ese proceso hace pensar que no habrá ninguna novedad hasta entrado el mes de mayo.

En su apelación al sobreseimiento en el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal Velasco había sido muy duro con la argumentación de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg, que sobreseyeron a Kirchner. En coincidencia con la jueza del tribunal oral Adriana Palliotti, que quedó en minoría, el fiscal señaló que la defensa de Cristina Kirchner reeditó cuestionamientos “ya resueltos hasta el cansancio” por la Cámara de Casación y la Cámara Federal en fallos de 2017 y 2019.

La ruta del dinero k

La Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte, también revisará la condena a 12 años de prisión por lavado de dinero impuesta contra Lázaro Báez el año pasado en el caso de “la ruta del dinero K”. Los jueces convocaron a una audiencia para el 26 de mayo. Junto con Báez fueron condenados sus cuatro hijos (Martín Báez, a nueve años de prisión; Leandro, a cinco años, y a Luciana y Melina, a tres años en suspenso), y el financista Leonardo Fariña (a cinco años de prisión). Fariña como arrepentido confirmó la maniobra que se acreditó con la información que recibió de Suiza el juez Sebastián Casanello y que probó que los beneficiarios finales de las cuentas abiertas en bancos de ese país por donde circularon millones de dólares eran Báez y sus hijos.

La decisión de convocar la audiencia fue de los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, con la disidencia de la camarista Ángela Ledesma.

Los jueces que condenaron a Báez son Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. Esta causa por lavado de dinero impacta en los procesos que enfrenta Cristina Kirchner. De hecho, los jueces que condenaron a Báez consideraron que el delito precedente del lavado de dinero son las obras públicas obtenidas de manera preferencial, causa por la que están siendo juzgados Cristina Kirchner y el empresario.

Se define la situación de De Vido y Jaime

Mas allá de estas revisiones de sentencias, apenas comience el año se conocerán algunas sentencias relevantes en juicios orales de alto impacto. En particular contra los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio de Vido y el sindicalista portuario Omar “Caballo” Suárez.

El año pasado terminó con los alegatos en el megajuicio que enfrenta el exsecretario de Transporte Jaime, donde además esta siendo juzgado De Vido como partícipe en una de esas acusaciones. Jaime seguirá detenido. La fiscal federal Gabriela Baigún pidió que Jaime sea condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, fraude y cobro de sobornos por la compra de trenes chatarra. Está acusado de adquirir un yate de mas de un millón de dólares y un avión de cinco millones de dólares, además de casas, autos, departamentos y hoteles.

Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panello y Fernando Canero dictarán un veredicto. Jaime tiene tres condenas firmes y otros 13 procesos en trámite, cuatro de ellos en juicio oral.

Jaime lleva preso casi seis años y tiene una condena a seis meses de prisión en suspenso por la sustracción de pruebas; a un año y dos meses de prisión por recibir dádivas en un juicio abreviado donde acordó esa pena con el fiscal; y finalmente, la condena a ocho años de cárcel por administración fraudulenta por la tragedia de Once. Jaime es el único funcionario kirchnerista que sigue preso.

En cuanto a De Vido, la fiscalía pidió que sea condenado a cuatro años de prisión. El exministro del kirchenrismo ya fue condenado por la tragedia de Once a cinco años de cárcel en un fallo que no está firme.

El veredicto de “El Caballo” Suárez

Además de este juicio, apenas se retome la actividad judicial se conocerá el veredicto en el juicio que enfrenta Omar “Caballo” Suárez, extitular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), por asociación ilícita, entorpecimiento de vías navegables y coacción para tomar parte en huelga.

Lo juzgan Daniel Obligado, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez. Suárez enfrenta un escenario optimista. El sindicalista podría verse librado de los cargos en su contra. Por lo pronto, ya consiguió que el Tribunal Oral Federal 4 por mayoría le quitara una tobillera electrónica con la que se lo vigilaba mientras está fuera de la cárcel.

El fiscal de la causa es Patricio García Elorrio. Los jueces Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez no se opusieron al pedido de Suárez, teniendo en cuenta que el proceso está por llegar a la etapa de alegatos y hace cinco años que tiene restringida su libertad ambulatoria.

Suárez vive en Monte Caseros, Corrientes, está acusado de supuesta extorsión y entorpecer las vías navegables al quitar la colaboración de sus marineros para que los barcos que entran y salen del puerto puedan maniobrar. Asimismo, está acusado de una defraudación por movimientos de fondos de su sindicato, una fundación y de una mutual. Pero, al parecer, las acusaciones quedarían debilitadas por falta de certezas en los peritajes contables y porque su actividad puede quedar al amparo del ejercicio del derecho de huelga. El gremialista está siendo juzgado junto con otros 25 imputados.