Los gobernadores de la oposición.
El grueso de la oposición política del país, la conformada por los cuatro gobernadores que responden a Juntos por el Cambio con los jefes parlamentarios de la primera minoría, se tomará buena parte del fin de semana para delinear una estrategia única, clara, contundente y sin lugar a interpretaciones, que deje clara su posición frente al dilatado y cada vez más lejano acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI. Para cuando llegue el martes 18, la fecha del cónclave, Juntos por el Cambio pretende explicar que, sin un ajuste en todos los frentes, probablemente, el país no encuentre una vía de escape a la crisis que lo envuelve ni a mediano ni tampoco a largo plazo.
Junto con esa sentencia, casi una carta de suicidio político en Argentina para quien la enarbole, por el enorme significado negativo que supone recortar gastos y mandar a medio mundo a transitar por un período de angustias y necesidades económicas sin ser respondidas, la principal fuerza opositora pretende unificar un discurso –o un relato si se quiere, claro y preciso– de que se llegó a tal endeudamiento con el organismo internacional de crédito producto de enorme déficit fiscal que comenzó a acumularse en el país en los comienzos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2007 en adelante, luego de que se terminaran las bondades de aquella estrategia de los superávit gemelos que implementó Néstor Kirchner y la época de los precios por las nubes de los commodities que le permitieron a Argentina contar con ingresos extraordinarios como pocas veces en su historia.
Para que se entienda y quede un poco más claro el objetivo que buscan encontrar y hallar los principales líderes opositores para llegar armados al encuentro del martes con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que, así como el kirchnerismo concentró la causa de todos los males que se padecen solo y exclusivamente en la deuda tomada con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri sin más autocrítica, cuando menos, imitar el mismo modelo de argumentación, con igual eficacia, eficiencia y contundencia pero para señalar que se tomó la deuda para financiar un déficit descomunal del Estado en los ocho años de gestión de Fernández de Kirchner. Que si no se emitía dinero, como lo está haciendo en este momento la administración de Fernández con las consecuencias lógicas del impacto inflacionario que conlleva, pues había que pedir prestado y buscar ordenar las cuentas del Estado, que fue lo que se intentó.
Cómo lograrán ese objetivo los gobernadores más las autoridades parlamentarias configura una incógnita. Más cuando conviven en sus filas visiones y planteos un tanto disímiles como el estilo y estrategia que detenta hoy el nuevo presidente del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales, a quien muchos ven como funcional al propio oficialismo nacional por sus actitudes y decisiones políticas que han favorecido a algunos pedidos de Fernández, como su posición a favor de quitarle puntos de coparticipación a la CABA de Horacio Rodríguez Larreta o el voto favorable de sus legisladores al Impuesto a la Riqueza que impulsó el kirchnerismo, frente a las posiciones cerradas y fuertemente críticas del Pro de Macri, de Patricia Bullrich o hasta de otros radicales como Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y compañía.
Mientras pasa el tiempo, todas las miradas se posan en el desenlace que tendrá la historia del acuerdo o no con el FMI. Las dudas están puestas en si Argentina entrará en cesación de pagos con el organismo si hacia fines de marzo no hace frente a uno de los vencimientos en los que se dividen los pagos del año. Está claro que, de ninguna manera, el país podrá cumplir con los 19.000 millones de dólares en vencimientos para el 2022, un poco menos de la mitad de todo lo que se adeuda. Pero no aparecen tampoco explicaciones ni aclaraciones a lo que se discute, ni los qué ni los cómo.
De ahí que las sospechas que llevarán los opositores al encuentro es que, pese a lo que deja trascender, el gobierno de Fernández no quiere llegar a un acuerdo con el organismo y, por la vía de las dilaciones, ganar tiempo y evitar los ajustes.
Las presunciones de los líderes de Juntos por el Cambio van un poco más allá, de acuerdo con sus propias fuentes cercanas a quienes representan al Fondo en la mesa de negociaciones: por caso, se habla de que, deliberadamente, el Gobierno no hará frente al desembolso del 21 de marzo para ingresar técnicamente en lo que se denomina short term arrears o atrasos de corto plazo, con lo que se abriría un período de tiempo de 180 días en los que se entra en cesación de pagos pero sin las consecuencias que aparecen una vez que se terminan las negociaciones. Durante ese tiempo, Argentina seguiría sentada a la mesa, en una suerte de “limbo”, según lo explican las fuentes en términos más entendibles y llanos, mientras el elenco del Gobierno argentino obtendría más tiempo para dilatar, quizá, las soluciones de fondo; soluciones que, en todo caso, siempre insumirán sacrificio y para nada buenas noticias.
Para el martes, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez estará ya de licencia y al frente del Ejecutivo se encontrará Mario Abed. Pero el vice no será quien viaje al encuentro con el presidente. Por Mendoza, estará el senador nacional Alfredo Cornejo, quien es, además, el presidente del interbloque del Senado nacional. También serán de la partida Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes, y Rodríguez Larreta, de CABA, más los jefes de bloque y de los interbloques parlamentarios.
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