Los crujidos sonoros que despidieron 2021 trajeron a la superficie los desequilibrios tectónicos que sacuden a la Argentina. Desde los cortes de luz hasta la carrera del dólar emergen como síntomas de la acumulación de problemas en la economía, que cada vez con mayor persistencia descascaran la escenografía del optimismo gubernamental.

Las necesidades que apremian, el terror a la eclosión, preservan en el interior de la coalición gobernante al ministro de Economía, Martín Guzmán, lo cubren de algodones pese a los desacuerdos y la desconfianza. Y explican la cordialidad que le profesó Cristina Kirchner cuando lo recibió el miércoles en el Senado, fuera de las luces públicas y en la misma jornada en que, con la captura de voluntades ajenas, había garantizado limitar la rebaja de Bienes Personales.

Guzmán es consciente del menosprecio que anida en las órbitas más cercanas a la vicepresidenta y que el reloj va a detenerse cuando alcance un entendimiento con el Fondo. Pero el ministro aprovecha el último oxígeno para graduarse en peronismo. Entendió que debe congraciarse con Cristina Kirchner, la terminal final de todos los apéndices de La Cámpora; pero también comprendió que la derrota electoral debilitó al kirchnerismo y, por lo tanto, a sus enemigos internos.

En el Ministerio de Economía advierten que “no hay una posición unívoca en ningún lugar” dentro del espacio ecléctico del Frente de Todos. Sin una posición dominante, ningún poder es absoluto, concluyen en Hacienda: por lo tanto, puede haber vida para Guzmán después del FMI si se consiguen los aliados necesarios.

La marcha de la cuenta regresiva también envalentonó a candidatos inesperados para reemplazar a Guzmán, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que lanzó en reserva cifras de aumentos tarifarios y perspectivas económicas como si sus aspiraciones tuvieran posibilidades.

La noticia de la candidatura de Kulfas llegó la semana pasada al Ministerio de Economía. “Si hay un ministro que el kirchnerismo tirotea desde la colina, ese es Matías”, desestimaron. Alcanza con escuchar a un camporista en privado para reconocer que la respuesta tiene fundamento.

Cuando ocupó la presidencia, Cristina Kirchner disimulaba el resquebrajamiento progresivo de la economía, como se iban agotado los superávits y agigantado los subsidios, con el relato épico permanente, la invención de adversarios, la profusión de cruzadas que se anunciaban trascendentales y cuando, con el tiempo, languidecían en la nada, ya habían sido olvidadas y reemplazadas por otras. No cambiaban la economía declinante, pero encubrían responsabilidades. La administración de Alberto Fernández sufre desbarajustes similares, pero la épica es una cualidad esquiva para la oratoria presidencial.

El Gobierno deambula, así, sin relato ni recursos, en el corazón de una dimensión desconocida para el kirchnerismo. Mientras tanto, se acrecientan los desequilibrios y los crujidos ensordecen. En medio de los tironeos entre facciones, domina la inacción. Los problemas se acumulan a la espera de que el acuerdo con el FMI sea un punto de inflexión, una reducción de la épica kirchnerista a la mínima expresión. Todo un logro presidencial.

En 2021, la sangría de los subsidios para sostener las tarifas congeladas en el área metropolitana superó los 900 mil millones de pesos. A Mauricio Macri, la liberación gradual de los subsidios le generó el primer gran desgaste de su gobierno. La impericia financiera y la devaluación terminarían la tarea.

Pero para el kirchnerismo, un aumento de tarifas entre su universo de votantes puede resultar mortífero, tanto que comienzos de 2021 Cristina Kirchner humilló públicamente a Guzmán al impedirle que echara al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, por sus desacuerdos sobre los incrementos de los servicios. Nada parecido podía escucharse en medio de un año electoral. Guzmán no pudo echar al subsecretario y terminó por comprender como operaban las fuerzas internas de la coalición. Desde entonces, se preocupó por validar sus pasos con Cristina Kirchner antes que con el Presidente.

Más allá de las lecciones políticas, aquella inacción tarifaria tuvo consecuencias económicas. Derivó en un aumento exponencial de los subsidios y de una bomba letal, silenciosa, que se esconde en la cadena de pagos del sistema eléctrico. Se trata de una bola de nieve ajena al público general, pero que Basualdo conoce perfectamente.

El fenómeno tiene su historia. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, las distribuidoras también habían sido impedidas de aplicar aumentos. Como consecuencia del bloqueo, las empresas sacrificaron el mantenimiento del sistema, pero se mantuvieron al día con los pagos a Cammesa, la mayorista eléctrica que preside el Estado. Cuando los cortes de luz llegaron, el kirchnerismo culpó a los privados; un mecanismo similar al que usa actualmente para explicar la inflación, esto es, atribuir toda la culpa al sector empresario y desligarse de las responsabilidad por los desequilibrios macroeconómicos.

Pero las distribuidoras aprendieron la lección. Con el regreso de Cristina Kirchner al poder, el Estado volvió a frenarles la actualización de sus costos, un precio que en el mercado eléctrico se conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta vez dejaron de pagarle a Cammesa, donde domina Basualdo. Así, el búmeran venenoso regresó al Estado.

La semana pasada, Basualdo anunció que en 2022 las tarifas iban a aumentar un 20%. Y que los usuarios de mayores ingresos deberán pagar toda la boleta, sin subsidio del Estado. La preocupación siguiente fue mostrar que Guzmán, el ministro que no lo pudo echar, avalaba el mecanismo. Un día después de enterarse de lo informado por el subsecretario, Guzmán visitó a la vicepresidenta en el Senado. También había aprendido a aceptar lo irremediable del kirchnerismo.

Para Cristina Kirchner, el área energética es un talismán propio desde los tiempos menemistas en que militaba para subsidiar a los usuarios de Santa Cruz, hasta los proyectos de represas con denominación familiar. Pero no hay magnanimidad en anunciar aumentos. Eso no le sirve. Los equilibrios económicos no van su la imagen que le devuelve el espejo.

Por lo tanto, reina la incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta si la segmentación es aplicable. La ley impide al Estado cobrar diferentes precios por el mismo servicio. La Justicia lo derribaría en un santiamén. Por lo tanto, el Gobierno solo lo puede justificar legalmente como un retiro de los subsidios. Pero los estudios necesarios para evitar injusticias son una quimera. Lo único cierto, por ahora, es el aumento del 20%. Nadie sabe, tampoco, cuánto de ese aumento será reducción de subsidios, es decir, ahorro del Estado, y cuánto quedará para las empresas, donde hay un quebrante superior al 50%. En principio, para aliviar el agujero negro de los subsidios energéticos, resulta insignificante. Sin recursos ni hoja de ruta, el Gobierno avanza como un nadador a ciegas en aguas cada vez más turbulentas.