Los lamentables hechos acaecidos en la crisis de diciembre de 2001 en Argentina siguen generando aún hoy acalorados debates en torno a la explicación de sus posibles causas.

Al asumir el gobierno Fernando De la Rúa en diciembre de 1999 la economía se encontraba en una situación muy dificultosa, cuyos principales motivos pasaremos a esquematizar y desglosar en torno a cuatro puntos de referencia:

La fuerte caída de la actividad económica, el elevado déficit fiscal, el alto nivel de desempleo y el enorme peso de la deuda pública total que dejaba como herencia el gobierno de Carlos Menem.

La dificultad del sector privado para acceder al crédito debido a las altas tasas de interés, lo cual golpeó sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y cuya causa fueron principalmente en el sector externo la expansión de la crisis de Rusia que redujo los fondos que podían entrar al país desde el exterior y en el sector interno el enorme gasto de las provincias ocurrido esos últimos años que se había financiado con endeudamiento bancario.

La devaluación de la moneda brasilera lo cual hizo que perdiéramos competencia respecto de las importaciones procedentes de allí, afectando a empresas agropecuarias y manufactureras productoras de bienes sustitutivos de importaciones.

Y la depreciación del euro y otras monedas frente al dólar lo que generó una clara sobrevaluación del peso por estar fijado al dólar, produciendo un desaliento generalizado en las exportaciones.

Ante este escenario el gobierno toma la decisión de sostener su promesa de campaña y mantenerse en el régimen de convertibilidad, que en ese entonces era apoyado por tres cuartas partes de la población. Y para revertir la recesión se tomaron progresiva y consecutivamente medidas como la reducción del gasto público de la administración provincial y nacional, la detención del endeudamiento bancario, el restablecimiento de las restricciones a las importaciones procedentes de Brasil, referenciar el valor del peso argentino también al euro, la reestructuración de la deuda externa y la puesta en marcha de un plan de competitividad.

Hacia finales de 2001 la delicada situación política que tuvo lugar durante ese año en que sobresalen la renuncia del Vicepresidente, la denuncia por las llamadas “coimas en el senado” (De la Rúa fue absuelto en 2013, el tribunal no solo dictaminó que el hecho no existió sino que se debe investigar a quienes impulsaron el proceso judicial de manera infundada), la dudosa decisión de nombrar como Ministro de Economía a Ricardo Lopez Murphy sin poder luego sostenerlo en el cargo, la falta de apoyo político interno y la actitud hostil del Fondo Monetario Internacional. Sumado a todo esto la creciente incertidumbre sobre la evolución de la situación económica hizo que se manifestara una fuerte caída de los depósitos bancarios y de las reservas internacionales, junto con la profundización de la recesión y los problemas con la deuda pública que afectaron significativamente la confianza en la convertibilidad, y terminaron desencadenando una profunda crisis financiera.

Se han publicado diversas posturas sobre el análisis de los orígenes del desencadenamiento de la crisis. El Fondo Monetario Internacional expresó en su momento que el detonante principal fue la falta de voluntad del gobierno las provincias para llevar a cabo la necesaria reducción del gasto público y, de esa forma, dejar de buscar financiamiento para el déficit fiscal. Los defensores de la dolarización forzosa de la economía sostenían que el detonante fue la decisión de no avanzar hacia la dolarización completa de la economía. Los que ponían el acento en el estancamiento de las exportaciones debido a la sobrevaluación del peso, por no haber devaluado la moneda, criticaban que no se salió a tiempo del régimen de convertibilidad. Y los que sostenían que se podía caer en default y continuar gobernando, en el sentido de defaultear la deuda para luego con el FMI como último garante renegociarla en su totalidad.

Entre las posturas mencionadas la que se ha hecho mayormente vox pópuli es el no haber salido a tiempo de la convertibilidad aplicando a su vez medidas keynesianas de estímulo a la economía. Este planteo no tiene en cuenta que una fuerte devaluación acompañada de emisión monetaria sin disciplina fiscal hubiera generado un delicado e inestable contexto social difícil de sobrellevar para el gobierno ya que implicaba de entrada una fuerte caída de los salarios y aumento de la inflación.

Sin embargo, de igual o mayor importancia, existe también una explicación basada en la trastienda del poder real que buscaba la obtención de determinados réditos. Es muy probable que Eduardo Duhalde e Ignacio de Mendiguren llegaran en ese entonces a la conclusión de que podían aprovechar la debilidad del gobierno haciendo un golpe institucional con la finalidad de asumir el gobierno e implementar la licuación de todos los pasivos tanto del estado como de las grandes empresas. Ello se podría hacer a través de la pesificación de los depósitos y sucesiva devaluación del peso, es decir que la idea final era pesificar la deuda en dólares a las grandes empresas y licuar la deuda estatal haciendo una gran devaluación luego de la pesificación. Este plan habría sido llevado a cabo en colaboración con otros sectores influyentes como las cúpulas sindicales, la iglesia, grandes medios de comunicación, la unión industrial, y algunos dirigentes políticos que se encargaron de debilitar y desestabilizar al gobierno.

Parecería ser que los hechos históricos sucedidos posteriormente a la caída de De la Rúa harían factible tener en cuenta esta línea de pensamiento. Recordemos que hubo varios presidentes en una semana y que a Adolfo Rodriguez Saa lo derrocaron vulgarmente por no querer salir de la convertibilidad. Entonces Eduardo Duhalde al asumir el gobierno terminó concretando la maniobra llevando a cabo lo que se llamó la “pesificación asimétrica” que terminó generando una fuerte caída de los salarios, una elevada suba de la inflación, una fuerte caída de la actividad económica, y que los ahorristas perdieran gran parte de sus ahorros ya que el objetivo principal habría sido la transferencia de recursos desde los ahorristas, jubilados y trabajadores hacia los deudores del sector privado y público.

Realizado este racconto nos quedan finalmente a modo de pregunta algunas reflexiones: ¿Estamos juzgando a ese gobierno con la misma vara que a los otros? ¿Consideramos que valió la pena cortar de esa manera la vida institucional de la república aceptando el derrocamiento de un gobierno y encontrarnos ahora veinte años después en peores condiciones que en aquel entonces? Ya nunca lo sabremos.

Gentileza:

Agustín Danilo Moyano

Lic. en Psicología

Secretario Comisión de Salud U.C.R de la H.C.N

Bahía Blanca