El análisis se circunscribe en una coyuntura desfavorable en la última década para las ejecuciones presupuestarias. Básicamente, destaca el estancamiento económico, los altos (y persistentes) índices de inflación y pobreza, y la falta de generación de empleo en blanco desde el 2011.

«La pandemia COVID-19 fue un golpe más a una economía que ya mostraba signos evidentes de debilidad. El sector público provincial también sintió sus efectos: en términos reales, la caída de recursos ha sido significativa. Consecuencia de ello, la incidencia de ingresos nacionales ha aumentado del 50% de los recursos corrientes en 2019 al 58% en 2021. Al analizar los ingresos de origen provincial, se observa mayor dependencia de los tributarios (patrimoniales sobre todo) en relación a los no tributarios (caso regalías petroleras)», dice el reporte del CEM.

Las cifras comparadas dejan ver que mientras en 2019 la recaudación provincial superaba al aporte nacional (era un 51% de los recursos corrientes), con la eclosión de la pandemia en 2020 bajó al 43,4% de participación. Y aunque se prevé que este año concluya en el 48% sobre unos $230 mil millones presupuestados, el peso de los fondos de la Nación predomina.