La Corte Suprema de Justicia prepara un fallo para declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora, en 2006.

Los jueces planean firmarlo antes de fin de año, según supo LA NACION de fuentes de la política y la Justicia con acceso a los ministros. Es un caso que espera una definición de la Corte desde 2016. El fallo confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y podría tener por efecto, además, la asunción del presidente de la Corte -cargo que hoy ocupa Horacio Rosatti- como presidente del Consejo.

No está claro si la decisión sería volver de inmediato a la ley anterior a la reforma o abrir una ventana de tiempo que le permitiera al Congreso dictar una nueva ley, lo que parece más probable. “El contenido de eso es algo en lo que trabajan los tres ministros directamente”, dijeron a LA NACION en una de las vocalías de la Corte. Los “tres ministros” son Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; todos menos Ricardo Lorenzetti, que tiene un enfrentamiento abierto con sus colegas, agravado después de la tormentosa elección de autoridades en el máximo tribunal. “No hay vuelta atrás”, dicen en el despacho de otro de los magistrados sobre esa relación. Es posible, sin embargo, que Lorenzetti vote con ellos. Pero la señal política que implicaría resolver este caso después de casi seis años y poner un pie en el Consejo es un mensaje de la nueva mayoría.

Está en juego el futuro de un organismo clave para la Justicia, el que selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Actualmente está partido en dos entre oficialistas y opositores. ¿Qué impacto político tendrá una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre esa relación de fuerzas? No demasiado, dicen a ambos lados de la grieta. Es que el equilibrio roto, según la demanda que presentó en la Justicia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es entre el “estamento político” (que incluye a los legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder Ejecutivo), los jueces y los abogados. Pero en la práctica nunca sucede que todos los legisladores y el representante del Ejecutivo voten juntos. Y los jueces, los abogados y el académico no funcionan como técnicos prescindentes de la pelea política.

Sin embargo, para nombrar jueces o someterlos a juicio político, antes y ahora, hizo falta siempre una mayoría de dos tercios que ningún estamento, ni ningún grupo político, tiene por sí mismo. Deben llegar a un consenso.

Los consejeros dan por hecho que el fallo es inminente. Algunos dicen incluso que tiene una fecha tentativa: 16 de diciembre. Se preguntan cómo va a ejecutar la Corte esa declaración de inconstitucionalidad.

“Los fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial para llegar a la nueva composición”, dijo a LA NACION el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del bloque oficialista. Está previsto que su presidencia dure hasta febrero próximo. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022″, afirmó. Dentro de un año, el Consejo se renueva íntegro.

En principio, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma implicaría que recobrará vigencia la composición anterior, la de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular del Consejo. Pero incluso para eso se necesita tiempo, advierten los consejeros. Haría falta llamar a elecciones para designar a los nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico. Es un proceso que normalmente comienza varios meses antes del recambio, en marzo.

Otro problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la interpretación sobre a quién le correspondería el lugar de las “segundas minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.

“No creo que Rosatti o Rosenkrantz vayan a querer sentarse el 17 de diciembre a presidir el Consejo. No creo que quieran generar un conflicto de poderes”, dijo un funcionario kirchnerista que interviene en los temas judiciales. La referencia a Rosenkrantz es porque dice suponer que Rosatti podría delegar en él, vicepresidente de la Corte, la presidencia del Consejo. “Lo más sensato sería que dijeran que este sistema no va, pero que los mandatos siguen vigentes hasta noviembre. Y que si para ese momento el Congreso no dictó una nueva ley, entonces sí debe volverse al Consejo anterior.”

Diego Marías, representante de los abogados, que llegó al Consejo por una alianza entre Pro y la UCR, coincidió en que “la experiencia del Consejo de 20 ya fracasó”. Y afirmó: “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las fuerzas políticas”. Marías, además, descree de la idea de un Consejo despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados”.

Lo que tiene a estudio la Corte es la revisión de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictado el 19 de noviembre de 2015. Fue apelado por el gobierno kirchnerista (por eso no se ejecutó) y cuando asumió Mauricio Macri su gestión no desistió del recurso. Tenía la llave para que el Consejo volviera en ese momento a su composición de 20 miembros, pero la gestión de Macri no la utilizó. En cambio, le pidió tiempo a la Corte para presentar un proyecto de reforma diferente en el Congreso, iniciativa que no prosperó.

Lorenzetti anunció el 6 de octubre pasado que la Corte, después de años, tenía el caso “en agenda”, para resolver. En mayo de 2018, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.

La reforma cuestionada

En 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo).

El viejo Consejo de 20 estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.