Desde los tiempos del menemismo, el reparto de los ATN se caracterizó por su falta de transparencia y arbitrariedad. Este sesgo se mantiene durante el gobierno de Alberto Fernández: la semana pasada, por medio de la decisión administrativa 1014, amplió dicha asignación en casi $15.000 millones –con lo que la partida totalizó los $40.000 millones– y la repartió en buena parte entre las provincias afines. El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, es el encargado de la distribución de dichos fondos. De acuerdo a los datos oficiales de ejecución presupuestaria, Buenos Aires, el mayor bastión del oficialismo, recibió $6245 millones, por lejos el más beneficiado.

Tras la paliza electoral sufrida en las primarias en el principal distrito electoral, la Casa Rosada no le escatima dinero al gobernador Axel Kicillof. Además del dinero gastado en ATN, el mandatario bonaerense sobreejecutó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se nutre del 1,4% del PBI que se le detrajo a la ciudad de Buenos Aires el año pasado. En efecto, según datos del Ministerio de Economía, ya devengó $71.346 millones, un 42% más de la partida inicial.

No solo eso: el Gobierno ya le giró a Buenos Aires otros $25.000 millones en concepto de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, nada menos que la mitad de la partida presupuestaria.

Según se publica en el sitio web del Ministerio de Economía, el gobernador santafecino Omar Perotti recibió hasta el momento $1919 millones en ATN y otros $3073 millones en concepto de transferencias para gastos corrientes, más del doble que la partida inicial. Por contrapartida, a Córdoba se le giraron $1170 millones en ATN y otros $2288 millones en transferencias destinadas a las provincias.

Tampoco encuentra demasiada lógica que Catamarca reciba casi el doble de ATN ($1283 millones) que Mendoza ($733 millones), pese a que la segunda la cuadruplica en población. La única explicación es política: ambas provincias eligen senadores este año, con la diferencia de que la primera es leal al Gobierno mientras que Mendoza, comandada por la UCR, es uno de los baluartes de la oposición.

La Pampa es otro de los distritos que renueva su representación en el Senado y donde el oficialismo apuesta a revertir la derrota de las últimas primarias para preservar el quorum en el Senado. Con ese propósito, al gobernador Sergio Ziliotto se le giraron $744 millones en ATN y otros $932 millones en concepto de transferencias corrientes, más del doble que la partida inicial.

El sesgo electoral parece claro. Según los últimos datos oficiales de la ejecución presupuestaria, La Pampa fue beneficiada con más recursos en ATN que Mendoza ($733 millones), Jujuy ($559 millones) y Corrientes ($469 millones), otros dos distritos gobernados por la UCR. Incluso recibió más del doble de ATN que la Capital, bastión de Pro: en lo que va del año al distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta se le giraron solo $279 millones.

Críticas opositoras

La oposición ya alzó su voz en protesta por la discriminación que sufre en el reparto de los fondos por parte del Gobierno. La diputada Carla Carrizo presentó la semana pasada un proyecto de ley que propone prohibir este tipo de prácticas en el Código Nacional Electoral. En las provincias no cesan las denuncias: en Chubut, por caso, el diputado Gustavo Menna presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la discrecionalidad en el reparto de $300 millones que, en concepto de ATN, recibieron distintas localidades chubutenses gobernadas por el oficialismo.

Chubut es otra provincia clave para el Gobierno: allí también están en juego tres bancas en el Senado y en estas elecciones el Frente de Todos corre el riesgo de quedarse sin ninguna. En lo que va del año el distrito gobernado por Mariano Arcioni recibió $690 millones de ATN; en los últimos días se desembolsaron $300 millones y su distribución desató un escándalo en la provincia: según el portal ADNSur, $200 millones se repartieron entre 35 municipios, con varias localidades que quedaron excluidas, como Esquel, Rada Tilly y Puerto Pirámides, gobernadas por la oposición.

Un planteo similar se realizó en Santa Fe. El miércoles pasado el ministro de Desarrollo Social provincial, Danilo Capitani, fue interpelado en la Legislatura por el supuesto reparto discrecional de fondos entre intendencias afines al oficialismo. “Los candidatos de Omar Perotti retiran la mercadería de los centros de distribución y la entregan sin ningún tipo de control”, denunciaron los senadores provinciales de la UCR.

“La discriminación es evidente –agregó la diputada nacional Gisela Scaglia (Pro)–. En las últimas semanas el gobierno provincial aceleró el reparto de planes sociales y bolsones de comida entre los municipios afines, mientras que los opositores no reciben prácticamente nada.”

Todo vale: en La Pampa, por caso, el gobernador Ziliotto decidió subsidiar a los vecinos deudores a quienes se les cortó el servicio del gas con ayudas económicas que van de $5000 a $10.000. “Es una vergüenza que La Pampa haya adherido al ‘plan platita’. Están desesperados por conseguir los votos y piensan que de esa manera los pampeanos vamos a ceder”, indicó el diputado nacional por La Pampa y candidato de Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra.

La diputada Carrizo insiste en la necesidad de modificar la ley vigente para evitar que estas prácticas clientelares se repitan en cada elección. Acompañada por una treintena de diputados de Juntos por el Cambio, propone actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral para prohibir, durante los 25 días anteriores a las PASO y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y transferencias no contempladas en el presupuesto a nuevos beneficiarios, como así también la celebración de convenios administrativos entre Nación, las provincias y los municipios para la ejecución de recursos públicos.

“La ética pública de los funcionarios de gobierno se debe regular. No alcanza con las cautelares de la Justicia electoral: quien ejerce el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir ni avalar”, explicó Carrizo.