El control de cambios adoptado como consecuencia del agotamiento de las reservas del Banco Central está provocando una intensa escasez de insumos arrojando más cemento a la rueda de la posible reactivación económica poscuarentena. Mientras la inflación continúa acelerándose en un derrotero peligroso hacia un régimen de alta inflación similar a la década del 80.

Sin embargo, tanto el oficialismo como gran parte de la oposición atribuyen el fenómeno inflacionario a la existencia de monopolios, el conflicto distributivo en el mercado de trabajo y al impacto del alza de precios internacional de nuestras commodities exportables. En consecuencia, el Gobierno ha tomado una serie de decisiones desafortunadas que reprimen la inflación bajo la alfombra, pero profundizan la depresión económica iniciada en 2012.

Al diagnóstico del conflicto distributivo, la respuesta ha sido típicamente “reaccionaria”, ya que el ajuste fiscal se realizó sobre el bolsillo de trabajadores estatales y jubilados mediante una fórmula indexatoria peor que la del gobierno de “derecha” anterior.

Al impacto de precios de las commodities, no tuvo mejor idea que fogonear la demanda con una bomba expansiva de pesos “crocantes” que en lugar de amortiguar su impacto en el costo de vida, lo amplificó.

Al “repentino comportamiento oligopólico” de la producción de alimentos diagnosticado como el culpable de la inflación tanto por el Gobierno como por gran parte de la oposición se le respondió con un congelamiento de precios a 1432 productos integrantes de la canasta de consumo repentino retroactivo al 1° de octubre, ignorando la experiencia argentina de los últimos 70 años.

Segundo, la medida es aislada sin un contexto de anuncio de un plan de estabilización económica que al menos prometa reducir el déficit fiscal y anular el financiamiento monetario del gasto público por el Banco Central que permite cobrar impuesto inflacionario a todos los argentinos.

Tercero, el control de precios en la etapa minorista resulta inconmensurable e infructuoso dada la cuantía, heterogeneidad, informalidad y dispersión territorial de los puntos de venta en nuestro país, así como la creciente difusión del comercio digital incluso a nivel global.

Cuarto, para que sea exitoso (transitoriamente), el Gobierno debería recurrir a la lealtad de la militancia, y si no alcanzara, a la delación de los vecinos como sucedió en diversos regímenes autoritarios para que el congelamiento funcione.

Quinto, si se lograra un “enforcement” fuerte del congelamiento, comenzaría a generalizarse la escasez de mercadería a una gama de rubros cada vez mas amplia. Y de persistir se generalizarían los mercados negros como pasó durante el plan Gelbard pero también durante el régimen soviético o en la Venezuela actual.

Sexto, el congelamiento de precios persistente obliga a la adaptación forzosa improvisada de empresas y hogares para mitigar las consecuencias de la escasez. Los faltantes generan incertidumbre respecto de cuándo se va a reponer la mercadería, incentivando el acaparamiento, lo cual vuelve crónica la escasez como bien señalaba Janos Kornai, insigne economista húngaro de Harvard, recientemente fallecido, respecto del régimen soviético en su libro De Marx al mercado (1992).

Séptimo, el consumidor al no encontrar el producto deseado en las góndolas, realiza una sustitución forzada sobre aquellos productos disponibles, pero con calidad inferior y/o precios mayores a los controlados.

Octavo, el congelamiento genera concentración económica y más pymecidio, ya que solo las grandes empresas tienen la capacidad financiera para generar nuevos productos que eludan el control; destruyéndose finalmente el mercado interno aumentando el desempleo.

Pero la Argentina se diferencia en un punto particular de los países de la ex órbita soviética, donde la mayoría de los bancos centrales eran ortodoxos ex post el período “revolucionario” e hiperinflacionario inicial.

Estamos en el peor de dos mundos posibles: inflación con escasez. Un régimen económico disfuncional que destruye la producción y genera escasez cuyo extremo es el soviético, pero con un Banco Central populista que financia las necesidades de una oligarquía-nomenklatura partidaria mediante el cobro del impuesto inflacionario destruyendo el salario real de los trabajadores y de los planes sociales.