Si no la dan por caído de manera definitiva es por una mera formalidad, pero lo concreto es que en el seno del oficialismo en el Senado aseguran que el proyecto de ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, presentado por Alberto Fernández poco después de la derrota en las elecciones primarias, no tiene posibilidad de avanzar en lo que queda del año.

“Ese proyecto no tiene ninguna posibilidad de salir; no al menos antes de fin de año”, dijo a LA NACION un destacado miembro de la conducción del bloque oficialista de la Cámara alta, alineado con el kirchnerismo.

La definición es, cuanto menos, un duro golpe para la Casa Rosada. Fernández presentó el proyecto como una de las cinco leyes que quería tener aprobadas antes de fin de año como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como una de las herramientas necesarias para reactivar la economía tras el golpe de la pandemia.

“Estas leyes plasman esa lógica del consenso. Ponen en marcha programas específicos para el desarrollo de sectores importantes de la economía y que fueron escritas y acordadas en un ámbito de consenso entre empresarios, trabajadores y el Estado sentados a la mesa”, afirmó el jefe del Estado cuando presentó el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas.

Sin embargo, el consenso del que habló Fernández parece haberse diluido en poco más de sesenta días. Hoy, hasta los gremios petroleros dieron un giro de 180 grados y rechazan la iniciativa.

Desde entonces, el texto no ha hecho más que sumar críticas. A la de los legisladores se sumaron la de las cámaras empresarias, la de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y la de los gremios de las cuencas de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, quienes con mayor o menor exposición pública han hecho saber su descontento con el proyecto.

“Se entiende que sea un proyecto pensado en Vaca Muerta, pero el miedo de las provincias petroleras es que la inversión vaya para allá porque otorga ventajas muy difíciles que puedan obtener en las cuencas maduras”, explicó a LA NACION el oficialista Alfredo Luenzo (Chubut).

La iniciativa también recoge críticas en otros bloques de la Cámara alta. “Así como está, este proyecto no puede salir; los gobernadores no la van a acompañar”, explicó la neuquina Lucila Crexell. La senadora fue una de las que alzó su voz cuando Martínez expuso ante los senadores hace ya más de dos meses atrás.

A pesar de haber abandonado el MPN, Crexell se hizo eco de las críticas que su tío y exgobernador provincial Jorge Sapag lanzó sobre el artículo 90 de la iniciativa, que le da amplias facultades a la secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la norma.

Inconstitucional

Para los mandatarios, que una secretaría nacional pueda manejar permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte y almacenamiento subterráneo vulnera la Constitución de 1994, que le otorgó el dominio de los recursos de sus subsuelos a las provincias.

“El dominio, la administración y el uso de los recursos naturales corresponde a las provincias, así planteado el artículo es inconstitucional”, afirmó el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El rionegrino, cuyo voto será clave para el Frente de Todos cuando el oficialismo pierda su mayoría en el Senado, dio una muestra de fuerza la semana pasada al reunirse y posar para la foto con el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, y su antecesor y exsenador por Neuquén Guillermo Pereyra, y reclamar cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el oficialismo nadie tomó nota del gesto de Weretilneck por el simple hecho de que el proyecto no está en la agenda de ninguno de los sectores en que se divide el oficialismo,

De hecho, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside el sanjuanino Rubén Uñac, no tiene previsto reunirse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Después de esa fecha, todo es incertidumbre en el Senado.

Es que el kirchnerismo tampoco apoya el proyecto. Además de las cuestiones constitucionales, el texto toca cuestiones coyunturales muy afectas a Cristina Kirchner, como es el flujo de dólares y el manejo de recursos frescos.

Esto es así porque el proyecto garantiza estabilidad fiscal a 20 años para los nuevos inversionistas, una medida que choca de frente con los derechos de exportación, una de las herramientas económicas clásicas de la economía kirchnerista ortodoxa.