Se cree –con una buena dosis de razón, hay que decir– que uno de los motivos que justifican por sí sola la existencia de los sindicatos de cualquier actividad es la custodia del buen cumplimiento de las leyes que protegen al trabajador de la arbitrariedad de los empresarios cuando esta aparece.
Siguiendo los razonamientos obvios, tras tanta agua que ha corrido debajo del puente desde la aparición de las organizaciones que representan a los trabajadores hasta nuestros tiempos, es que, gracias a los sindicatos y a sus representantes, los empleados se sientan alrededor de una mesa para discutir de igual a igual con el empresariado todas las cuestiones que tienen que ver con la relación laboral y las condiciones en las que se desarrolla y se lleva adelante.
Y no necesariamente siempre, o no es condición sine qua non, que tenga que llegar la época de las negociaciones colectivas, de las paritarias –las que hace tiempo han sido restablecidas en el país para el bien de todas las partes–, para que un delegado del personal pueda plantear una inquietud simple, habitual u ordinaria a la línea de gerencia o a los directivos de cualquier empresa independientemente de su tamaño, para resolver de forma rápida, y en nombre de uno o de todos los trabajadores, cualquier inconveniente. Todo eso se sabe, y así funciona, más o menos de la misma manera, tanto en las pymes como en los grandes conglomerados en Argentina, aunque siguiendo cada uno de ellos sus propios modelos y estilos propios de la relación.
Cierta vez, no hace mucho, conversando con un referente de los empresarios de medios de Mendoza, al revelar los vericuetos de una relación habitualmente tensa entre empresa y sindicato, comentó con amargura y cierta sensación de fracaso, que no se haya podido avanzar en un sistema de premios y castigos objetivo, en el que todos estuviesen de acuerdo para el desarrollo de la actividad periodística: mencionó, por caso, que el solo hecho de decidir un premio por mérito, esfuerzo, capacidad, conocimiento, formación y constricción al trabajo para cualquiera de sus empleados le significaría un enfrentamiento inevitable con la dirigencia gremial. Porque, el principio a seguir es que si hay un aumento es para todos o para ninguno y mucho más justificado para trabajadores, empleados o colaboradores que compartan el mismo estatus, la misma clase, el mismo grado y el mismo rol en la escala laboral de la empresa.
La rigidez de las relaciones laborales, las que deben dar cumplimiento a normas muchas veces desactualizadas o que fueron pensadas para tiempos ya superados, suele atentar contra una carrera profesional, no en una sino en varias actividades, oficios y profesiones, que se base en la competencia leal pero, por sobre todo, en aquello que hoy aparece tan demonizado como el mérito, el esfuerzo y la capacidad individual en un contexto en el que las oportunidades estén garantizadas y sean iguales para todos.
En el ámbito público, la discusión sobre los sueldos de los empleados y el de los funcionarios suele aparece cuando los sindicatos y la patronal, los representantes del Estado, se reúnen en paritarias. Y, quizás, el tema reverdece cuando aparece alguna que otra avivada o privilegio por fuera de cualquier sistema o método objetivo y acordado. Y, no mucho más. Lo cierto es que tampoco el debate sobre lo que hay que hacer con los sueldos públicos se da cita durante las campañas electorales, salvo para hacer uso de una suerte de eslogan que ha mantenido vivo el Frente de Izquierda por varios años, sosteniendo que un legislador no debería ganar más que un docente, un maestro o un trabajador de la educación, como lo llama. Los legisladores de la izquierda son los únicos que regularmente ventilan las dietas que cobran en la Legislatura con sus respectivos aumentos, los diputados y senadores, para poner el acento en que ellos, del total que cobran, sólo toman el monto de lo que percibe un docente, mientras que el resto (unos 200.000 pesos más o menos) el partido lo destina a otros fines.
Mientras los frentes mayoritarios eluden y esquivan a lo que dé lugar una discusión seria sobre los sueldos públicos, en concreto por una Ley de Sueldos actualizada, sostenida sobre hechos y situaciones reales, acomodada a los nuevos tiempos y necesidades, los chicos o minoritarios plantan bandera sobre el asunto y avanzan, esperando que, a pocos días de los comicios, al menos una de las ideas que han lanzado prenda de una forma tal que los suba al escenario donde se decide la suerte electoral. Quizá, tales sugerencias o promesas de campaña surjan como efecto mismo del cumplimiento inevitable del teorema de Baglini: que mientras más lejos se está del poder, menos responsabilidad se tiene o se percibe para proponer acciones o medidas que en el poder jamás se llevarían o podrían llevarse a la práctica.
Vamos Mendocinos se ha metido en esa pelea que nadie da en Mendoza. En esta campaña viene de lanzar en las últimas horas un método de indexación de los sueldos de los funcionarios públicos. Mencionan la política de remuneraciones variables que, sostienen, se da en el sector privado, aunque no siempre de la misma manera, a la luz de lo descrito al comienzo de la nota. No obstante, ayer lanzaron una idea novedosa, hay que decirlo: que los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo perciban un salario cuya actualización se regle por el resultado de sus acciones y que se vaya modificando, aumentando o bajando, de acuerdo con el índice de pobreza que publica el INDEC. Y, como ejemplo tomaron el sueldo del presidente de la Nación a diciembre del 2020, el que se ubicaba en más de 354.000 pesos. Como la pobreza es de 42 por ciento, el sueldo del presidente debería bajar acompañando ese porcentaje. Si la pobreza bajara, el sueldo del presidente debería subir en la proporción en la que mejora la vida de los argentinos. Al aplicarse el 42 por ciento, pero hacia la baja, el sueldo del presidente podría quedar fijado en un poco más de 205.000 pesos.
“Las remuneraciones de quienes dirigen la Nación deben ser sensibles a la situación social de sus habitantes. Por lo tanto, proponemos que los sueldos de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional y las dietas de los senadores y diputados nacionales se modifiquen en relación con la variación del Índice de Pobreza publicado por el INDEC”, propusieron en un documento conocido ayer.
El escrito aclara que, al aumentar la pobreza, “proporcionalmente se disminuye lo que cobran quienes toman las grandes decisiones en el país, que son las que llevan al aumento de las angustias económicas. Con esta medida, los gobernantes van a tener ingresos en función de la situación social del país, demostrando empatía con la extensa franja de compatriotas que están sufriendo una situación crítica y solidaridad con ellos”.
Así como, en su momento, esa idea de la izquierda de que los legisladores cobraran como un docente nunca fue aceptada, lo más probable es que pase lo mismo con la suerte de la propuesta de Vamos Mendocinos. Pero, quizá, disparen ambas visiones, al menos por una vez, el análisis de fondo que se tiene que hacer con los sueldos de los empleados públicos y de los funcionarios, desde el gobernador hacia abajo, junto con los que se pagan en el Legislativo y también, desde ya, en el Judicial. Más en momentos de incertidumbre financiera y económica. Se trata, a esta altura, de un mandato obligado a cumplirlo, como otras deudas de la dirigencia tales como la boleta única de papel y unas cuantas más escondidas, o durmiendo en la nube, entre miles de archivos informáticos.
Por:Marcelo Torrez@MarceloTorrez
Fuente:https://www.elsol.com.ar/opinion/de-los-sueldos-publicos-y-de-las-cosas-que-no-se-hablan
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