Caso Próvolo: a dos años de la condena, denuncian que la Iglesia "pone trabas"

La angustia de familiares de las víctimas.

El tiempo estimado para la finalización del segundo juicio eran seis meses, pero sólo han declarado cinco víctimas.

El 25 de noviembre del 2019, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 42 y 45 años de prisión, respectivamente, y el jardinero Armando Gómez, a 18, por los abusos sexuales cometidos a niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo.

A cinco años del inicio de la causa y a dos de la sentencia histórica, el colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo y la asociación Xumek, que representa a las víctimas, se manifestaron este miércoles en las puertas de Tribunales donde hicieron una intervención.

Exigieron justicia en el marco del segundo juicio que tiene a dos monjas imputadas junto a otras autoridades y empleadas del Instituto y denunciaron “que la Iglesia Católica, a través de sus abogados, revictimiza, censura y persigue” tanto a sobrevivientes de las vejaciones “como a periodistas y otros actores fundamentales en este proceso”.

Aseguraron que las víctimas no tienen intérpretes de lenguas de señas porque los profesionales oficiales fueron denunciados penalmente por, supuestamente, tergiversar las declaraciones de los chicos sordos en perjuicio de las monjas.

A su vez, adelantaron que realizarán una ampliación de la denuncia contra el Vaticano ya presentada en el año 2020 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los casos de abusos sexuales eclesiásticos donde detallarán las situaciones que están viviendo los niños y jóvenes durante esta segunda instancia.

Mónica Bascuñan, del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, denunció la falta de perspectiva de discapacidad por parte de la Justicia y la total ausencia del Estado entendiendo que no hay en este momento intérpretes de lenguas de señas. Entendemos que eso es silenciarlos cuando necesitamos visibilizar las terribles vulneraciones de derechos”.

En un escrito firmado por más de 30 entidades de todo el país y el mundo enfatizaron que, al sacarles los profesionales con los que ya habían generado un vínculo, “los obligan a entablar un vínculo con un nuevo intérprete que no es de su confianza”, dijeron y destacaron que “ellos son su canal de comunicación con las personas oyentes”.

Seis meses sin avances

Tras demostrarse la culpabilidad de los curas, el 3 de mayo de este año comenzó el segundo megajuicio que determinará la responsabilidad penal de la monja japonesa Kumiko Kosaka, una de las más comprometidas, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

En cuanto al resto de las mujeres, las imputaciones giran en torno a la figura de participación necesaria en términos de comisión por omisión, es decir que se considera que al no denunciar los abusos, los facilitaron.

Las implicadas son la monja Asunción Martínez, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo, las ex directivas Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza. Además de la representante legal Graciela Pascual.

Pese a que se estimó que el proceso duraría cerca de 6 meses, hasta el momento sólo han declarado cinco víctimas.

“Esto se debe a los constantes entorpecimientos que provoca la defensa de las acusadas, y además, gracias a que el tribunal tolera esta situación al ignorar el grave daño que esto ocasiona en las víctimas”, detallaron en el documento.

Y explicaron que un procedimiento que tendría que devolverle sus derechos a las víctima “está dañando su integridad psicofísica y la de sus familias, dados los constantes ataques de los representantes de la Iglesia que son tolerados por el nuevo tribunal” presidido por Gabriela Urciuolo.

“La defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, que ocurrieron después de los hechos que se investigan en este juicio. Con esta maniobra, los representantes de la Iglesia logran callar a las víctimas y limitar su derecho a la libre expresión. Es importante mencionar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales son una de las formas más igualitarias de comunicación que tienen para expresarse libremente”, denunciaron en el texto.

Manifestación en las puertas de Tribunales.

Angustia y desesperación

En el proceso se consideró conveniente que las víctimas vuelvan a Tribunales, pese a que ya habían declarado durante la instrucción y en el primer juicio. Esto provocó que, en algunas ocasiones, las sobrevivientes tuvieran que ser asistidas por médicos o ser llevadas a la guardia hospitalaria.

Natalia Villalonga, madre de una de las víctimas, no pudo ocultar su angustia en las escalinatas de Tribunales.

“No tenemos respuestas de nada. Volvemos a cero y mi hijo tiene que volver a declarar, no tiene un psicólogo ni intérprete”, dijo.

Y agregó entre lágrimas: “Yo quiero Justicia por él. Le quitaron lo mejor de su infancia, un estudio… y ahora no tiene nada. Buscan que nos cansemos. Hay muchas familias que ya no están porque se cansan, se enferman y no hay apoyo del Estado”.

Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de Daiana, la primera denunciante, consideró que “sólo ponen palos en las ruedas”.

“La Iglesia Católica se ha empeñado a callar el caso Próvolo. Mi hija ya calló mucho tiempo y yo no voy a guardar silencio. Si hubo una sentencia ejemplificadora para los curas, por qué llevamos dos años yendo y viniendo”.