Martínez fue por demás insistente al recalcar ante los senadores que el proyecto en debate no propone una nueva ley de hidrocarburos, sino que establece una serie de incentivos para promover las inversiones en el sector. El funcionario buscó así despejar las dudas que genera la iniciativa, sobre todo en los senadores de las provincias petroleras: insistió en que el texto respeta a rajatabla que tanto la propiedad del recurso como las potestades tributarias corresponden a las provincias.

Los legisladores, no obstante, advirtieron que, según la iniciativa, la autoridad de aplicación recae en la Secretaría de Energía. “El dominio, la administración y el uso de los recursos naturales corresponde a las provincias, por lo tanto así planteado el articulado es inconstitucional”, planteó el senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo. “Este proyecto echa por tierra todos los acuerdos firmados entre la Nación y las provincias petroleras en materia hidrocarburífera. Así como está planteado no lo acompañaríamos”, anticipó.

Asimismo, la oposición indicó que el Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, cuya creación está prevista en el proyecto, no cuenta con representación de las provincias. Tampoco lo integran expertos en medio ambiente, señalaron las opositoras Pamela Verasay y Gladys González, de Juntos por el Cambio.

El proyecto del Poder Ejecutivo propone, en líneas generales, un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.

“Toda la normativa debe leerse entendiendo que el autoabastecimiento es la prioridad número uno. Resolver el mercado interno y, luego de esto, ir por un aumento de producción que nos permita generar saldos exportables y de esta manera conseguir divisas y fortalecer las reservas del Banco Central”, explicó Martínez a los senadores.

El funcionario exaltó que este proyecto apunta a dar previsibilidad, estabilidad y reglas claras “durante un lapso de 20 años, de modo que quienes inviertan en el sector “sepan que no se van a modificar las reglas de juego”.

La senadora neuquina Lucila Crexell, si bien coincidió en la necesidad de impulsar una ley de incentivos para el sector, marcó sus reparos. “¿Por qué las dos empresas, que serían las beneficiadas en función de los requisitos que establece el proyecto, que en su conjunto suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación de gas, gozarán de estos incentivos diferenciales que se proponen y no a las más de 50 empresas que son más pequeñas y que también son del sector?”, preguntó.

“La cuestión ambiental, el federalismo, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el trato desigualitario a pequeñas empresas son temas a mejorar para tener la ley que merece el sector”, agregó la legisladora.

La senadora González hizo hincapié en el tema del medio ambiente. “Este proyecto es peligroso porque mira con un solo ojo la situación mundial y no se avanza en una transferencia energética hacia energías limpias. Esto queda claro en la estabilidad del impuesto al carbono por 20 años, algo que el mundo está pensando al revés para bajar la emisión de gases contaminantes”, sostuvo.

Martínez enfatizó que este es un régimen de promoción y, por lo tanto, no exime a las empresas de ninguna responsabilidad medioambiental. “Se deben cumplir todas las regulaciones en esta materia”, respondió.

Por su parte, el senador salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, manifestó que se van a “tener que modificar algunas cosas de este proyecto, porque sino siempre se incentiva la exploración y el desarrollo de producciones en las mismas cuencas y hay muchas cuencas olvidadas como la del NOA”.