Esa evaluación del staff del FMI quedó plasmada en uno de los habituales informes anuales del organismo, llamado “Informe del Sector Externo”, que evalúa la cuenta corriente, los flujos de capitales y las reservas internacionales de las principales economías del mundo. El informe ofrece un vistazo al pensamiento del Fondo sobre los problemas de la economía argentina en momentos en los que la negociación con el Gobierno para refinanciar una deuda por unos US$45.000 millones aparece en un punto muerto, a la espera de las elecciones legislativas y enfrascada en un profundo hermetismo, con escasos indicios sobre el futuro acuerdo, que deberá estar listo antes de fines de marzo del año próximo.

El staff del Fondo dijo que la posición externa del país, un añejo talón de Aquiles de la economía, era en 2020 “más débil que el nivel implicado por los fundamentos a medio plazo y las políticas deseables”. A pesar del alivio que generó la reestructuración de la deuda externa en manos de los bonistas, el Fondo dijo que el país requiere de un plan económico “sólido y creíble” que tenga respaldo internacional, un reclamo que hizo hace poco el gobierno de Joe Biden, cuyo respaldo es decisivo para alcanzar un nuevo acuerdo.

El análisis del Fondo mostró sintonías con la visión del Gobierno. El Fondo dijo que las políticas deben “equilibrar cuidadosamente” la necesidad de estabilizar la economía y la de sostener la recuperación a la pandemia del coronavirus y la recesión heredada del gobierno de Mauricio Macri. Además, el staff dijo que es “esencial” que el ajuste fiscal debe ser “favorable al crecimiento” -otro punto de coincidencia con la visión que ha presentado el ministro de Economía, Martín Guzmán- y se debe combinar con políticas monetarias “prudentes” y la recuperación de las reservas internacionales y el acceso a los mercados internacionales.

“Las perspectivas de acceso a los mercados a medio plazo dependerán de la aplicación de un sólido plan de reforma macroeconómica y estructural”, remarcó el informe.

El Fondo indicó que la recuperación de las reservas permitirá “allanar el camino para el acceso a los mercados” y la flexibilización del cepo, y que, dada la escasez actual en las arcas del Banco Central, las intervenciones en el mercado cambiario deberían limitarse a enfrentar “condiciones desordenadas”. Esta visión del organismo fue uno de los puntos que más fricción generó en su momento con el gobierno de Mauricio Macri, que quería intervenir en el mercado cambiario para evitar que se escapara el dólar, una estrategia a la cual el Fondo se resistió hasta último momento.

Tanto el Gobierno como el FMI han dicho que las negociaciones continúan y mantienen un diálogo que ha sido catalogado como “constructivo” o “productivo”. Pero la lectura general en Washington desde principios de este año es que el Gobierno prefiere esperar hasta después de las elecciones legislativas para avanzar con la negociación final del acuerdo. El presidente Alberto Fernández dijo días atrás que no tiene apuro en firmar un nuevo programa e insistió en reclamar una quita en la tasa de interés que cobra el FMI con la eliminación de los sobrecargos para préstamos de monto elevado, como el que tomó la Argentina.

“No estoy apurado por firmar ese acuerdo. A mí, los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos”, remarcó el Presidente en una entrevista con Radio 10 a fines de agosto.

El Gobierno aspira a refinanciar la deuda por unos US$45.000 millones que dejó Mauricio Macri transformando el Acuerdo Stand-By de 2018 en un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés), la línea de crédito más larga que ofrece el Fondo, diseñada para un programa a diez años que incluye un período de gracia inicial de cuatro años.

Para llegar a ese acuerdo, el Gobierno debe debe finiquitar las discusiones técnicas con Julie Kozack y Luis Cubeddu, los dos funcionarios del Fondo que llevan el caso argentino. Una vez cerrado el acuerdo técnico, el Gobierno deberá ir al Congreso para ungirlo de apoyo político. El paso final es la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo.