En marzo, la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto para que el Ejecutivo nacional disponga la asignación de una partida presupuestaria especial para cumplir con lo que estipula el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana. Algunos meses después, en junio, la administración de Rodolfo Suarez solicitó la urgente asistencia económica a la Casa Rosada para enfrentar la próxima campaña contra la denominada polilla de la vid.

Así las cosas, desde ambos lados de la grieta mendocina realizaron gestiones separadas para obtener apoyo de la Nación. Pero las negociaciones políticas fracasaron y ahora la campaña se realizará con fondos provinciales.

En este sentido Suarez envió a la Legislatura un proyecto de ley para contar con los fondos necesarios para implementar el programa de control y erradicación de la plaga Lobesia botrana para la temporada agrícola 2021-2022. Son $600 millones que se destinarán a la adquisición de insumos y contratación de servicios, y que podrán ser reforzados con fondos nacionales.

Sin embargo, esa cifra ni siquiera alcanza para cubrir la mitad del presupuesto necesario «para evitar pérdidas significativas a causa de la plaga y avanzar hacia su erradicación» que, según las cuentas del gobierno provincial, es de $1.382 millones.

Los fondos provinciales podrían aumentar si la Nación exime a la Provincia del pago del IVA por el Seguro Agrícola. «Esto permitiría destinar entre 150 millones y 180 millones de pesos más al plan de erradicación de la polilla de la vid», sostiene un comunicado oficial.

“Es conocido el impacto que genera sobre la producción vitivinícola de Mendoza la plaga cuarentenaria Lobesia botrana, afectando la calidad y calidad de la producción de uvas, mostos y vinos, comprometiendo la fuente de trabajo de miles de productores y familias que dependen económicamente de la actividad agrícola y de la industria enológica local”, señala la iniciativa del Ejecutivo mendocino, que destaca la importancia de la participación del Estado para ampliar el impacto de las campañas.

Por otro lado, añade: “La aplicación de planes oficiales es la única manera posible de implementar acciones coordinadas de forma simultánea y generalizada (…) a fin de alcanzar un efectivo control y erradicación de este flagelo”.

El pedido de Sagasti y la carta de Vaquié

En el proyecto que presentó en el Congreso, Fernández Sagasti resaltó que el apoyo económico de la Casa Rosada era fundamental para «erradicar en el corto plazo la polilla de la vid». Además recordó que en el país cerca de 17.000 productores cultivan 220.000 hectáreas de vid, que generan 385.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

“Son muchos argentinos y argentinas del interior profundo del país que viven de este sector y que se pueden ver afectados por las consecuencias de la plaga; por lo que resulta indispensable dar continuidad a las acciones realizadas”, remarcaba la senadora.

Pero su iniciativa no prosperó en la Cámara Alta, como tampoco lo hizo el pedido que el ministro de Economía, Enrique Vaquié, le realizó después por carta a su par de Agricultura de la Nación, Luis Basterra.

A través de esa carta fechada el 22 de junio, Vaquié informó que el presupuesto necesario era de casi $1.400 millones. «Se solicita al Ministerio que Usted preside el envío de los fondos mencionados, a fin de poder llevar adelante la campaña de Control y Erradicación de Lobesia botrana en los términos que el Comité Técnico informa», dijo Vaquié en su misiva.

Al no obtener una respuesta de Basterra, Vaquié metió presión por Twitter: «La inversión y el trabajo para hacer retroceder la plaga de la Polilla de la Vid no puede quedar inconcluso. Por eso le solicitamos a Basterra asegurar los fondos para darle la continuidad necesaria al programa de erradicación», escribió el funcionario mendocino el 13 de julio.

En el gobierno provincial informaron que era necesario acelerar el proceso licitatorio para la compra de difusores de feromonas que permitirá continuar con las campañas iniciadas en 2016-17 para combatir la plaga, que está presente en la provincia desde 2010. Los tiempos, aseguran en el Ejecutivo, se acortan porque están ajustados a un ciclo biológico.

Sin más aportes nacionales

En noviembre de 2015 se aprobó la ley nacional 27.227, que obligaba al gobierno nacional a financiar la campaña durante cuatro años, con un progresivo aporte temporada tras temporada de las provincias y de los productores. Ese plazo ya fue superado, lo que significa que la Casa Rosada ya no está obligada por ley a realizar el aporte que solicita Mendoza.

El gobierno provincial, si bien admite que los plazos para el aporte nacional ya se superó, afirma que los fondos que envió la Casa Rosada durante este tiempo fue insuficiente. Así lo resalta el proyecto enviado por Suarez a la Legislatura: “Tras haberse superado los períodos contemplados en tales normativas (Ley Nacional 27227), los presupuestos implicados, mientras se mantuvieron en vigencia, no resultaron de la magnitud requerida para dar cumplimiento a los objetivos de erradicación propuestos”.

Según los técnicos del Iscamen, la campaña para erradicar la polilla de la vid ha tenido un 95% de efectividad. Luego de cuatro temporadas consecutivas, el dañino insecto está casi erradicado en los oasis Centro y Norte y controlado en el Este y Sur.

«Los actuales resultados de la campaña 2020/2021 ponen en evidencia la necesidad de abarcar grandes áreas continuas de trabajo para conformar bloques homogéneos en donde se controlan las poblaciones de la plaga de manera completamente coordinada», señala un comunicado oficial difundido este domingo.