Comenzó el segundo semestre que siempre es más desafiante en materia económica. Hay una sencilla razón: el Estado ya no cuenta con los ingresos de dólares de la cosecha gruesa del campo y hay mayores presiones sobre el gasto fiscal, vinculados al pago del aguinaldo y al aumento de subsidios a la energía.

Este año, además, como todos los impares, hay una elección de por medio y eso implica una mayor necesidad de volcar dinero en los bolsillos de las personas, a pesar de que no sobran dólares en las reservas del Banco Central.

Es por eso que el Gobierno tiene cinco grandes desafíos en los próximos seis meses: desacelerar la inflación para que los salarios reflejen un mejor poder adquisitivo; mantener controlados los diferentes tipos de cambios (oficial y financieros, en particular); generar herramientas para que el rebote de la actividad económica sea más duradero; controlar el gasto del Estado a pesar de las mayores demandas electorales y sociales, y resolver cómo se van a pagar los US$4800 millones de vencimientos que hay con el FMI.

Martín Guzmán, ministro de Economía, mantuvo las cuentas fiscales bajo un estricto control en la primera parte del año. El déficit acumulado en los primeros cinco meses (últimos datos oficiales) es del 0,1% del PBI (0,7% si se cuenta el financiero). Estuvo ayudado por el incremento del precio internacional de la soja, la mayor inflación y los ingresos extraordinarios del impuesto a la Riqueza. Pero Guzmán también hizo un trabajo silencioso, con la reducción del gasto real en jubilaciones y pensiones, salarios públicos y el menor dinero destinado a planes de ayuda por Covid.

A pesar de este comienzo positivo, la consultora Ecolatina explica que el rojo fiscal se incrementará en lo que queda del año, ya que habrá un amesetamiento de la recaudación impositiva, aumento estacional en los egresos, más gastos vinculados al Covid para la compra de vacunas y porque podrían crecer algunas transferencias en la previa electoral. Por estas razones, proyectan un déficit de 4% del PBI, menor al 4,5% presupuesto, pero mayor al que podría haber dado el ritmo de ajuste de la primera parte del año.

Tener mayores gastos que ingresos implica buscar cómo se financiará. Las dos alternativas que tiene Guzmán es la emisión monetaria del Banco Central o colocar deuda en el mercado interno. Ambas opciones implicaran mayores pesos en la calle que podrían generar presión sobre los tipos de cambios y la inflación.

“La expansión monetaria se dará en un contexto donde empiezan a haber menos dólares y no hay definiciones positivas sobre el futuro de la economía y llega la incertidumbre electoral. El mercado cambiario se va a recalentar, lo que implicará gastar las reservas del Banco Central”, analiza Caamaño.

Martín Vauthier, economista de Anker, coincide con este panorama: “La gran apuesta en estos meses que tiene el Gobierno es poner plata en el bolsillo de la gente, sujeto a que el dólar se mantenga controlado. Es el clásico en los años electorales en la Argentina: que los salarios le ganen a la inflación. Para eso se busca anestesiar a la inflación con el ancla cambiaria y la tarifaria”.

“También vemos una flexibilización en las autorizaciones de pagos de las importaciones. Esto permite un mayor ingreso de compras, lo que le da algo de aire a la actividad y ayuda a generar una baja transitoria de la inflación. Pero echar pesos a la calle tiene un costo en el mercado de cambio, sobre todo porque la demanda de dinero está muy débil, y hay un riesgo de que los pesos se vayan al dólar”, agrega el analista económico.

En estos meses, el Banco Central construyó un colchón de dólares y le permitió recomponer las reservas netas, lo que le da margen para intervenir también en los dólares financieros (el MEP y CCL) para evitar movimientos ahí. En este sentido, la mayoría de los analistas económicos creen que no habrá problemas hasta las elecciones, aunque la gran duda es qué pasará después.

Ya que los dólares no sobran, una incógnita a despejar también es cómo se financiarán los vencimientos de capital e intereses que hay con el FMI entre agosto y diciembre. Guzmán ya logró despejar el vencimiento con el Club de París para el año próximo, anticipando un pago de US$430 millones y posponiendo los US$2000 restantes para marzo de 2022.

Se cree que el ministro podría usar los mismos derechos especiales de giro (DEG) que repartirá el Fondo para pagarle al organismo. Dinero que entra por una ventanilla, sale por otra. Sin embargo, la resistencia del kirchnerismo duro a “gastar” los US$4350 millones que le corresponderían a la Argentina generan incertidumbre en el mercado.