Semanas atrás juristas locales, entre ellos el exministro de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, pidieron a la Fiscalía de Estado que accione para que se suspenda la licitación de Portezuelo del Viento. En concreto, solicitaron que por “perjuicio al patrimonio provincial”, se de por fracasada la licitación.

Frente a eso, el organismo que conduce Fernando Simón tomó cartas en el asunto y el lunes 5 de julio otorgó cinco días hábiles para que los organismos intervinientes hagan llegar sus informes a la Fiscalía de Estado.

Por un lado, el Ministerio de Infraestructura deberá presentar todas las actuaciones en torno a la obra realizadas hasta el momento, incluso la mejora de la oferta que presentó el único oferente. Mientras que el Departamento General de Irrigación (DGI) deberá informar sobre los caudales y las probabilidades de llenado. Por su parte, Emesa tiene que responder sobre la factibilidad económica de la obra.

El plazo vencía este martes y hasta el momento los organismos oficiales no enviaron la documentación. Desde Emesa confirmaron que están “a punto” de presentar el informe con todos los estudios correspondientes vinculados a la obra, lo mismo respondieron desde el ministerio de Mario Isgró. Este medio intentó contactar al DGI pero no tuvo éxito en la comunicación.

Frente a la demora, se pueden otorgar 24 horas más para que contesten. Lo cierto es que luego Simón se tomará al menos dos semanas para emitir su dictamen.

La ley N° 728 (de creación de la Fiscalía de Estado) estableció que los actos administrativos de esta envergadura pueden ser remitidos para que se revise el proceso legal. Sin embargo, en el organismo diferencian por un lado, la legalidad y por el otro la conveniencia de la obra.

Esa norma hace referencia a dos caminos en caso de detectar una ilegalidad: por un lado se puede pedir la suspensión del proceso administrativo, y la segunda opción es solicitar la inconstitucionalidad del proceso en la Corte. Entre los antecedentes, figura que en algunas ocasiones Simón hizo pedidos de este tipo por las ordenanzas sobre el fracking en algunos departamentos.

En concreto, se espera que en su dictamen el fiscal de Estado brinde una “sugerencia” sobre el avance o no del proyecto, pero la decisión política de seguir adelante es del gobernador Rodolfo Suarez siempre y cuando no se verifique alguna ilegalidad. De hecho, Simón viene trabajando y defendiendo codo a codo a la provincia en los diversos planteos y cuestionamientos que se han realizado en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Cuestionamientos

En el pedido, los juristas afirman que la obra ha devenido en “severo riesgo” por daños al patrimonio público que pudiera ocasionar.

«Como ha quedado demostrado en diversas presentaciones públicas efectuadas por distintos y variados intereses concretos de sectores sociales, culturales, industriales, comerciales y económicos de la provincia, la mencionada obra ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender», señala el pedido.

Sin plazos

Mientras tanto el comité evaluador está analizando la mejora del 22% de la oferta que hizo el consorcio Malal-Hue. En total, la reducción ronda los 200 millones de dólares. Sin embargo, no hay plazos para que llegue la respuesta final.

Por:Marisa Alarcónmarisa.alarcon@elsol.com.ar@alarconmarisa

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/portezuelo-del-viento-que-puede-hacer-fiscalia-de-estado-con-el-pedido-de-suspension