«Está claro que hoy existe una situación de estancamiento económico en la Argentina, de crecimiento de la pobreza y de políticas públicas muy débiles para atender esta emergencia. Esa combinación es muy desaconsejable porque generan situaciones de insatisfacción social que pueden ser muy perjudiciales para la estabilidad de la democracia«. La advertencia de Jesús Rodríguez vinculada a la situación que transita el país tiene un fundamento preciso: como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra evaluando el plan de vacunación, la ayuda social y los programas asistenciales que encaró Alberto Fernández en medio de la pandemia.

El ex diputado radical no quiere adelantar resultados de las auditorías en curso porque no le corresponde. Pero en diálogo con El Cronista plantea una certeza. «En el plano económico, social y sanitario los resultados de la acción pública del gobierno fueron de frustración y fracaso».

En la investigación que lleva adelante hoy de la AGN figuran los contratos del gobierno con los laboratorios, el caso del vacunatorio VIP, la entrega del IFE y ATP más la ayuda de planes sociales. En este contexto, Rodríguez señaló que «el estado de excepción generó una situación de desequilibrio institucional impresionante». También destaca una afirmación: «vamos a salir de la pandemia en peores condiciones que cuando entramos a la pandemia«.

-El plan de auditoria del año en curso incluye una serie de temas vinculados con la pandemia. Por mandato legal estamos haciendo una auditoria de los contratos con laboratorios por el plan de vacunación, también estamos haciendo un seguimiento de los programas de asistencia que el gobierno dio por la pandemia. Básicamente el IFE y el ATP. Eso es lo que está siendo objeto de estudio. También estamos investigando los gastos en el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Seguramente van a dar resultados interesantes que nos van a permitir seguir de cerca la ejecución presupuestaria para que las cuentas sean transparentes. Creemos en la rendición de cuentas y que el control a pesar de la emergencia debe estar puesto sobre la mesa porque forma parte del ejercicio democrático.

-¿En el caso de los contratos con laboratorios se observan apuros y falta de transparencias? ¿Qué vieron en el vacunatorio VIP?

-Una cosa son los contratos de vacunas. En las auditorias investigamos los contratos de cumplimiento. Es decir si se llevaron adelante de acuerdo a las normas establecidas. La ley de contratación de vacunas establece este trabajo para la Auditoria. Voy a hablar no en función de lo que estamos trabajando porque no corresponde sino de la información pública. Y esta indica que hay contratos que no están siendo cumplido en función de los plazos y compromisos de entrega. El otro tema es el plan estratégico de vacunación que es un documento presentado por el gobierno. Allí es evidente que existen algunas fallas de implementación de ese plan conocidos a partir de casos públicos que están siendo investigados por la justicia. Y el tercer tema es que las contrataciones que el Estado lleva adelante para atender la emergencia. Hay estudios que sostienen que las contrataciones se hicieron fuera de lo establecido por las licitaciones y los procedimientos obligatorios. Se buscaron mecanismos que por la urgencia estaban justificados. Pero lo cierto es que hubo irregularidades en esas contrataciones donde media docena de destacados funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que fueron desplazados por esas irregularidades y tuvieron que renunciar.

-¿Conceptualmente qué perciben? ¿Creen que por la emergencia el gobierno se vio sobrepasado o que hubo negligencia?

-Está claro que la pandemia exigió y supone un esfuerzo muy grande para la atención de las políticas públicas. El problema es cuando esa exigencia no se corresponde con la rendición de cuentas o se evitan los controles y el ejercicio de la transparencia. Allí estamos en problemas. Creo que eso tiene que ver que el estado de excepción generó una situación de desequilibrio institucional impresionante. El dato concreto es que el gobierno de Alberto Fernández en 18 meses de gestión sancionó más decretos que el presidente Macri en 4 años o la propia Cristina Kirchner en 8 años. No sólo eso. Los DNU firmados en 18 meses por Alberto Fernández son más que las leyes sancionadas por el Congreso nacional en el mismo período. Ese es el desequilibrio institucional del que hablamos y que es una mala noticia para el funcionamiento de una democracia.

-¿Cuándo se habla de contrataciones con laboratorios o de compras del estado qué tipo de irregularidades ven?

-No hablamos de las vacunas sino del gasto en la administración nacional. La ley exige que las licitaciones realizadas sean publicadas en el portal ComprAr por el cual todos los oferentes se notifiquen de esa decisión de compra del Estado. Y aquí hubo compras que se hicieron de acuerdo a un informe de Poder Ciudadano que muestra que más de 2.000 millones de pesos se realizaron por contrataciones directas donde se eligen a tres potenciales proveedores que se les invita a hacer la oferta y a esos se les compra. Ese es un mecanismo que afecta a la transparencia y abre las puertas a posibles irregularidades.

-¿En los casos del ATP y el IFE qué descubrieron hasta ahora a simple vista?

-No le puedo decir nada al respecto porque se está trabajando en ello. Pero debo recordarle que hubo un momento en que el pago del IFE fue pensado para 3,5 millones de personas y lo terminó cobrando casi 9 millones de personas. Eso demuestra una debilidad en la calidad de la política pública. Recordemos colas enormes en los lugares de cobro y deficiencias en los cronogramas de pagos.

-¿Esto forma parte de una mala política o una Argentina que está inmersa en una crisis económica profunda?

-Las dos cosas son ciertas. La magnitud del problema de la Argentina es de muy grandes proporciones. Vamos a salir de la pandemia en perores condiciones que cuando entramos a la pandemia. Pero también hay un problema de diseño de políticas públicas. De hecho hay provincias donde hubo mas pagos de ATP a personas que necesitaban de acuerdo a los datos de esas personas que a la cantidad de empleos que había en la provincia. Allí estamos ante un gran problema.

-Entonces hubo un uso discrecional de los fondos con clientelismo…

-Es que al no estar clara una política universal se abre la puerta a la discrecionalidad y la discrecionalidad da lugar a condiciones para el clientelismo. Cuando las políticas públicas no son universales existen privilegios o actos discrecionales. Sea para empresas o para personas.

-¿Esto implica que se debería marchar a un salario universal?

-Eso hay que verlo más que como una expresión de deseo en función a una viabilidad de la solidez de las cuentas públicas y a la vez de justicia distributiva. En una situación de pobreza tan notable hace pensar que quien tiene condiciones de ingreso que no necesitan esa atención es poco pensable creer que una persona que vive en Puerto Madero va a tener el mismo ingreso universal que alguien que vive en algún lugar pobres del Gran Buenos Aires. El tema universal en una situación de exigencia fiscal debe ser atendido con políticas focalizadas. Esto es lo mismo que en la política tarifaria donde en muchos casos hay una política de subsidio tarifario universal que termina conspirando contra las necesidades reales. La necesidad concreta debe ser atendida con una tarifa social pero es inadmisible en estas circunstancias subsidios universales a todos porque eso va en contra y hace la situación inviable.

-Y esto no se puede sostener en un Estado insolvente…

-Primero que el estado no puede sustentar esto, segundo es injusto y tercero es inviable.

-¿Por qué es injusto?

-Es que imagine. Tarifa de gas subsidida en zonas particulares sin atender a la situación particular social de las familias o personas determinadas. Ello da lugar a que una persona que tiene una gran casa en la costa de un lago en la Patagonia y que recibe una tarifa subsidiada. Subsidiada por personas que viven en Santiago del Estero y que no tienen gas de red.

-¿Esto como se llama, populismo, clientelismo?

-Es facilísimo económico. El premio Nobel de economía Paul Samuelson dijo que en política económica puede hacer muchas cosas. Lo que no puede es evitar las consecuencias. En este caso una situación insostenible. Es decir que no se puede pensar que uno puede subsidiar todo el tiempo a todas las personas sin tener en cuenta las condiciones de ingreso del Estado. Es que ello es insostenible en la Argentina.

-¿Y por qué cree que igualmente el gobierno avanza con esa idea?

-Porque tiene quizás algún tipo de cálculo electoral que lo lleva a hacer esto. Pero eso no se sostiene. Eso termina jugando en contra del propio gobierno. La situación actual no puede sostenerse en el tiempo.

-¿El vacunatorio VIP fue solo marketing o va más allá de eso?

-No lo sé. La justicia dijo que ello no había implicado un delito. Pero lo que está claro es que ese Vacunatorio VIP se contrapone de manera decisiva en criterios de mínima conducta ética de los funcionarios. No podría decir que hay detrás de ello aun porque estamos investigando en la AGN.

-¿Cree que el gobierno actúa para tener de rehén a un sector de la población o porque no tiene plan?

-Está claro que hay una situación de estancamiento económico desde hace muchos años en la Argentina, de crecimiento de la pobreza y políticas públicas muy débiles para atender esta emergencia. Esa combinación es muy desaconsejable porque generan situaciones de insatisfacción social que pueden ser muy perjudiciales para la estabilidad de la democracia.

-¿Eso significa que puede derivar en un estallido social?

-Esto deriva en malestar social, desconfianza, distanciamiento de los ciudadanos con los asuntos públicos y no es una buena noticia para una democracia. La confianza en las instituciones es imprescindibles para que se ofrezca calidad en las instituciones. La calidad democrática y la fortaleza institucional es decisiva. Está demostrado que esa fortaleza y calidad democráticas es más importante que la dotación de recursos naturales para explicar los resultados económicos. La fortaleza democrática es decisiva para encontrar resultados económicos. Sino piense en ejemplos concretos en América latina. Piense cómo le va a Costa Rica y cómo le va a Nicaragua. También puede ver los resultados en Uruguay y en Argentina. Estados respetables con políticas públicas determinadas y rumbos diferentes.

-El gobierno dirá que el resultado económico actual en la Argentina fue producto de la crisis que dejó Macri…

-El gobierno de Alberto Fernández debe recordar que las primeras decisiones que tomó fue la de avanzar en una ley que consagraba nueve emergencias económicas de manera tal de tener las manos libres para tomar decisiones. Estas decisiones implicaban tener el control de las cuentas públicas y el sector externo controlado. Hoy se puede decir que no está siendo cumplido. Esperemos que seamos capaces que encontrar un esquema que haga sostenible la política pública, ponga en caja la inflación y genere previsibilidad. La provisión de certidumbre requiere de reglas de juego clara que es responsabilidad exclusiva del gobierno.

-¿Qué le hace pensar que el oficialismo no va a ganar las elecciones?

-Le voy a responder con datos que no son opiniones donde no puede haber dudas. En el último año la Argentina vio caer un nivel de actividad económica que multiplica por tres la caída a nivel mundial en promedio. El mundo cayó por tres puntos y la Argentina por 10. Los muertos por millón de habitantes que tiene Argentina por la pandemia triplica el promedio mundial. El confinamiento que vivió la sociedad argentina por decisión del gobierno de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford fue un 40% mayor que en promedio de otros lugares del mundo. En el plano económico, social y sanitario los resultados de la acción pública fueron de frustración y fracaso.

-¿Cree que la sociedad le va a facturar los 100.000 muertos al gobierno?

-No lo sé. Es dramático de lo que estamos hablando. Fueron 100.000 personas fallecidas por acciones derivadas de prejuicios como por ejemplo no haber accedido a vacunas por el origen de sus fabricantes.

-¿Esa fue una decisión geopolítica de alineamiento con Rusia y China en detrimento de Estados Unidos?

-Hablar de geopolítica es entender una calificación muy sustantiva. Son prejuicios. Ni siquiera prejuicios ideológicos. Prejuicios injustificados que tuvimos que esperar ocho meses para esperar una vacuna que no se dio hasta ahora por su origen.

-¿Y por qué cree que Juntos por el Cambio ganará las elecciones legislativas?

-Porque ha mantenido una actitud responsable y de unidad que es condición necesaria para ofrecer una salida en la Argentina que el gobierno no dio.

Fuente:https://www.cronista.com/economia-politica/603505/