Desde noviembre del año pasado la provincia de Mendoza cuenta con el proyecto de Ficha Limpia aprobado para candidaturas provinciales, por lo que la nueva normativa debutará en estas elecciones legislativas que se llevarán adelante. La norma impide acceder a una postulación o a un cargo público a quienes hayan cometido delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros.

Teniendo en cuenta que este año los comicios se realizarán en simultáneo con la Nación, la Ficha Limpia regirá solamente para los postulantes a la Legislatura provincial y a los Concejos Deliberantes, mientras que los cargos nacionales no están bajo la lupa de esta normativa.

A nivel nacional, la legislación obtuvo dictamen pero quedó cajoneada y hasta el momento no tuvo mayores avances. Actualmente, los candidatos al Congreso solo deben presentar un certificado de antecedentes vinculados a delitos de lesa humanidad.

“Hace dos años se vencía la ley y antes que se venciera tuvimos plenario y sacamos dictamen favorable. El Frente de Todos nunca quiso llevarla al recinto. La ley se cayó, ahora hay muchos proyectos pero nunca pusieron en agenda el tema”, explicó la diputada nacional de la UCR, Claudia Najul.

Candidatos provinciales

A raíz de esa sanción, la Junta Electoral Provincial realizó un convenio con el Registro Nacional de Reincidencia para que cada uno de los aspirantes pueda obtener su certificado de antecedentes penales.

Según los cálculos del momento, en total Mendoza tendría unos 2.800 candidatos a senadores y diputados provinciales y a concejales. Por la cantidad de aspirantes, el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín señaló que enviaron todos los datos para que informen acerca de los antecedentes penales de cada aspirante.

“Los partidos nos alcanzan los candidatos y nosotros enviamos el pedido. Estamos esperando las respuestas. De los que hemos recibido, la gran mayoría viene bien”, explicó Albarracín.

Según explicaron desde la Junta Electoral, algunos postulantes hicieron su trámite personal mientras que el resto solicitó la ayuda del órgano local.

Una vez que lleguen los informes y se revisen las listas, se espera que se concrete finalmente la proclamación de candidatos.

En su momento una de las autoras del proyecto fue la diputada radical, María José Sanz, que explicó también que todos los precandidatos deben presentar sus antecedentes, incluso los suplentes.

“Siempre hay algunas candidaturas de último momento que no tenían su trámite realizado, pero todos tienen que presentarlo”, explicó la legisladora. En el caso de la UCR, la diputada explicó, en declaraciones a LVDiez, que muchos de los candidatos ya tenían tramitado su certificado de antecedentes.

Mientras que la presidenta de la Junta Electoral del PJ, Patricia Fadel, señaló que solicitaron la ayuda de la Justicia Electoral para poder tramitar los certificados. De todas maneras mostró tranquilidad respecto del tema, ya que afirmó que no esperan ninguna sorpresa al respecto.

Qué dice la ley

“Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de los incisos 2 y 3 deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales”, señala la norma.

Teniendo en cuenta las demoras, la Junta Electoral otorgó un plazo de 24 horas-como autoriza la ley- para que todos puedan cumplir con la presentación. En caso de incumplimiento, lista se considera incompleta y no podrá participar de las elecciones.

Delitos

No podrán ocupar cargos políticos ni electivos los que tengan sentencia en primera instancia por cualquiera de estos delitos:

• Delitos contra la administración pública comprendidos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal;
•  Delitos contra las personas comprendidos en los artículos 79, 80, 84 bis segundo párrafo, 95 cuando el resultado sea la muerte, 106 tercer párrafo del Título I del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra el estado civil comprendidos en los artículos 138, 139 y 139 bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140, 141, 142, 142 bis, 142 ter, 144 ter, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 148 bis y 149 bis último apartado y 149 ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra la propiedad comprendidos en los artículos 165, 168, 170, 174 inc. 5), del Título VI del Libro Segundo del Código Penal;
• Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.