Días atrás, el presidente Alberto Fernández reconoció: “La inflación es un tema pendiente de resolución y trabajamos todos los días para resolverlo”. Pero lo cierto es que, en el primer cuatrimestre del año, el índice oficial de precios al consumidor exhibe un incremento del 17,6%, al tiempo que para mayo se prevé otro aumento del orden del 4%, y la inflación anual, que el presupuesto 2021 proyecta en el 29%, podría ser tranquilamente del doble al actual ritmo.

Es probable que, si el Gobierno cree que podrá controlar la inflación con mayor intervencionismo sobre los mercados, se termine fogoneando un aumento mayor. El ejemplo de los alquileres de viviendas es uno de los más apropiados: el exceso de intervención del Estado en los contratos entre las partes no ha hecho más que espantar a no pocos propietarios de inmuebles, quienes los han retirado del mercado locatario, disminuyendo la oferta y provocando en los últimos 12 meses un alza en los precios cercana al 70%, superior incluso a la inflación del período. Los sectores de la población a los que se pretendía proteger terminaron siendo los más castigados, como tantas otras veces en la historia económica argentina.

Tanto esas dos medidas, como el virtual congelamiento de tarifas de servicios públicos, que deriva en mayores subsidios del Estado y en el consecuente aumento del déficit fiscal que debe ser cubierto con mayor emisión monetaria, son el resultado de la obsesión que impera en la coalición gobernante por ganar las próximas elecciones legislativas con recetas populistas que podrían ser pan para hoy, pero más hambre para mañana.

El aliento a las medidas populistas proviene de las huestes de Cristina Kirchner y de las usinas del Instituto Patria, de la mano de los resultados de encuestas de la consultora Analogías, con los que se intenta persuadir al equipo económico del Gobierno de la necesidad de llenar los bolsillos de la gente con más planes sociales, mínimos ajustes en las tarifas y controles de precios de los alimentos.

• Dos tercios de la población consideran “nada efectiva” la asistencia del Gobierno para los trabajadores informales y desocupados afectados por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
• El 68,9% juzga “nada efectiva” la asistencia económica del Gobierno a las pymes afectadas por la pandemia.
• A la pregunta: “¿Cree que el Gobierno tiene programas y acciones para acompañar a los jóvenes en materia laboral y educativa?”, el 67,3% responde “poco o nada”.
• Frente al interrogante: “¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad por el aumento de los precios de los alimentos y los productos básicos?”, el 49,8% se inclina por el Gobierno y el 38% por los grandes empresarios, en tanto que el 58,3% estima que es el Gobierno el que tiene más responsabilidad y poder para que los salarios ganen poder adquisitivo.

Ante la presión política de quienes el propio presidente de la Nación considera como los accionistas mayoritarios de la coalición oficialista, Alberto Fernández dio en sus últimas declaraciones públicas una pauta, cuando se preocupó por subrayar: “Si hubiera seguido lo que indicaba la normativa en materia de regulación tarifaria, tendríamos que haber aumentado un 180% la electricidad y un 160% el gas. Ese 160% se convirtió en 6% y el 180% se convirtió en 9%”. Una forma de reconocer que cree que la inflación se controlará retrasando las tarifas y vigilando a los supuestos formadores de precios.

Paradójicamente, durante el primer cuatrimestre de este año, el déficit primario del sector público nacional fue de 81 mil millones de pesos, una cifra muy inferior a la del mismo lapso de 2020, que ascendió a 385 mil millones de pesos. De acuerdo con un trabajo del estudio de Miguel Angel Broda, si se computara como ingreso lo recaudado con el impuesto a la riqueza, el déficit primario de los primeros cuatro meses del año se hubiera transformado en un superávit de 23 mil millones de pesos.

Según Broda, el incremento de los ingresos fiscales se originó fundamentalmente en la mayor recaudación por las retenciones a las exportaciones y en la mayor presión en tributos como Bienes Personales y Ganancias, al tiempo que el gasto en jubilaciones, planes sociales y salarios estatales se redujo fuertemente en términos reales. Esta mejora fiscal se tradujo en un desplome del financiamiento monetario al fisco y en una importante desaceleración de la expansión de la base monetaria.

Sin embargo, la segunda ola de Covid ha conducido al Gobierno a anunciar un aumento del gasto público de 480 mil millones de pesos, equivalente a 1,2 puntos del PBI, al tiempo que los ingresos podrían verse resentidos por las restricciones a la circulación y al comercio. Y, ante la creciente necesidad de financiamiento por parte del Estado, las autoridades impulsaron la decisión de que los bancos puedan destinar buena parte de su stock de letras (Leliq) a la compra de bonos del Tesoro Nacional.

La idea es que, frente a las dificultades para financiar el agujero fiscal con nuevas colocaciones de deuda y a la imposibilidad de mayor auxilio financiero al Tesoro por parte del Banco Central –por las limitaciones que impone su propia carta orgánica–, las entidades bancarias puedan sustituir sus tenencias de Leliq por títulos públicos para conformar sus encajes (porcentaje de depósitos bancarios que se deben mantener inmovilizados para hacer frente a un eventual retiro de efectivo por parte del público).

Distintos economistas opinan que esta medida, adoptada por el Banco Central a través de la comunicación A7290, cargaría sobre todo el sistema financiero el riesgo de default del Estado.

Para Agustín Monteverde, “si el Gobierno tuviera éxito en lograr que los bancos se vuelquen a constituir encajes con bonos, una nueva crisis de deuda acarrearía una segura crisis bancaria”.

Según Broda, la medida disminuirá la capacidad del Banco Central de esterilizar su emisión monetaria. En consecuencia, la base monetaria, cuyo crecimiento se estimaba en un 35% en 2021, podría crecer alrededor del 50%, al tiempo que se crearían dos problemas: un mayor exceso de pesos en el mercado monetario en los próximos meses, que posiblemente se volcará a la demanda de dólares, y una tasa de inflación más elevada en el primer semestre de 2022. Su pronóstico es que no se llegaría a una crisis cambiaria antes de las elecciones, aunque la probabilidad de que no ocurra ha bajado, pero que para el “día después” se requerirá de un programa económico.

En cuanto a la inflación, Broda señala como probable que, después de las últimas tasas mensuales en torno al 4%, el índice se estabilice en alrededor del 3% por mes, arrojando como resultado una tasa anual del 46% al 52%. Pero la dinámica del desequilibrio monetario y la aceleración de la emisión monetaria prevista hasta las elecciones afectará la tasa de inflación del próximo año, que, sin programa económico, será por lo menos igual a la de 2021.