La historia no se repite de manera idéntica, pero muchas veces se parece demasiado a lo que ya sucedió. ¿Quiénes eran los principales enemigos de Cristina Kirchner en los últimos años de su presidencia? La Justicia, a la que ya imaginaba demasiado independiente, y los productores rurales, sobre todo después de la perdidosa guerra con ellos en 2008. ¿Quiénes son ahora los adversarios de Alberto Fernández? Otra vez la Justicia y los productores rurales.

Así como Cristina Kirchner impulsó en 2013 una reforma judicial (llamada pomposamente “democratización de la Justicia”), el Presidente actual puso en marcha dos reformas, una de la justicia federal y otra del Ministerio Público fiscal. La reforma de Cristina fue abatida hace siete años por la Corte Suprema, decisión que la expresidenta no le perdona aún a ese tribunal. La reforma de Alberto Fernández, fundamentalmente la que hiere de muerte la independencia de los fiscales, podría no pasar por el filtro de la Cámara de Diputados, aunque la permanente oscilación de los números impide las certezas previas. El campo argentino es el único sector de la economía que le dio una buena sorpresa al Gobierno. El precio internacional de la soja llegó a números que solo tuvo Néstor Kirchner en sus mejores años y que permitió en gran medida la instauración de una dinastía política: la de los Kirchner. Cristina lo atacó al campo con la resolución 125, que fue rechazada por el Senado, y Alberto Fernández hace ahora otro tanto con los productores de carne. El Presidente deberá enfrentar en los próximos días el paro del campo más extenso de los últimos años. ¿Otra guerra ha comenzado?

El ministro de Justicia, Martín Soria, transmitió una noticia falsa cuando le aseguró al oficialismo que, gracias a su buena muñeca política, había conseguido los números suficientes para que se aprobara la reforma de la ley que regula la vida de los fiscales. Y que regula, más que nada, la aprobación senatorial de quien es nominado como procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales. En rigor, Soria había conversado con el diputado mendocino José Luis Ramón, que lidera un partido propio llamado Protectora (nunca dijo a quién protege) y que se dedica a hacer turismo político cerca del oficialismo. Antes presidente de un bloque de seis o siete diputados de distintos partidos, ahora esa bancada quedó reducida a tres, incluido él mismo. Soria parece tener la ingenuidad de los recién llegados, un parvenu de la política: cree que las conquistas son fáciles y que se logran con dos o tres gritos mal dados. Ha hecho las declaraciones más rupturistas con la Justicia que se recuerde de un ministro de Justicia.

La dados cambiaron la suerte de Soria cuando se conoció que el bloque Consenso Federal, que reconoce el liderazgo de Roberto Lavagna, ratificaba la decisión de votar en contra de ese proyecto. Son tres diputados: Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro Rodríguez. También se supo que los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, votarían en contra. Y que harían lo mismo varios diputados que antes respondían al liderazgo del inefable Ramón. En síntesis, el oficialismo no está ahora en condiciones de sancionar ese proyecto y convertirlo en ley. Fuentes oficiales señalaron, no obstante, que el cristinismo insistirá ante eventuales aliados para que cambien su posición. ¿Qué ofrecerá? Esas cosas se saben muy pocas veces.

Alberto Fernández, que hasta ahora había respetado el requisito del voto de los dos tercios del Senado para la aprobación del jefe de los fiscales, modificó su posición y apoyó ese proyecto que coloca para siempre al procurador general en manos del peronismo. Según la reforma, la designación se podrá hacer por mayoría simple, pero su destitución solo será posible con los dos tercios. No hay posibilidad que la oposición al peronismo tenga, hasta donde llega la mirada, la mayoría simple del Senado, y nunca tendrá los dos tercios. Los dos tercios es una buena disposición de la ley porque obliga al oficialismo y a la oposición a negociar un nombre consensual. Alberto Fernández dijo el domingo que la culpa de todo esto la tiene la oposición porque se negó a darle los dos tercios a su candidato a jefe de los fiscales, el actual juez federal Daniel Rafecas. Las medias verdades saben a mentiras.

Es cierto que al principio el bloque de Juntos por el Cambio había adelantado una posición contraria a Rafecas, pero luego fue cambiando. El cambio lo inició la prédica de Elisa Carrió. En rigor, fue Cristina Kirchner, dueña y señora del Senado, quien nunca puso en funcionamiento el mecanismo de aprobación del pliego de Rafecas. Demasiado independiente para su gusto. La aprobación senatorial del procurador general debe pasar por un proceso de audiencias públicas y por la réplica del propio candidato. No es un trámite largo y se puede hacer de manera telemática. Rafecas cuenta ya con los dos tercios necesarios para su aprobación, según reveló públicamente el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo. Rafecas insistió el lunes con que no aceptará el cargo de procurador si se cambia la mayoría necesaria en el Senado: quiere ser procurador general con el apoyo de los dos tercios del cuerpo. Un aviso a navegantes: Rafecas rechaza ser una pieza más en el ajedrez de la política, sea del oficialismo actual o de otro por venir. La oposición debería movilizar ahora el pliego de Rafecas, por lo menos para exhibir las contradicciones del oficialismo. La parálisis de la oposición en el Senado es el peor remedio ante la escalada del oficialismo para colonizar definitivamente a los fiscales, responsables de la acusación en el país.

El profesor de Derecho se olvidó de la Constitución que promueve un equilibrio de poderes. La reforma de 1994 le dio al Ministerio Público fiscal la categoría de cuarto poder; es decir, de un poder que no depende de ninguno de los otros tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Con esta reforma, ahora refrendada por el Presidente, el jefe de los fiscales quedaría a disposición de la mayoría parlamentaria. También la situación de todos los fiscales se tornaría más frágil, que es el requisito para que pierdan la independencia. El proyecto de reforma contiene además una serie de perlas que esconden el propósito de la impunidad; por ejemplo, elimina la procuraduría (la fiscalía especial) para confiscar los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Los que robaron podrán dormir tranquilos.

De igual manera, el viejo crítico de la guerra con el campo se convirtió ahora en un guerrero contra el campo. Es Alberto Fernández. Existe un problema con la carne y su nombre es China. La Argentina exportó siempre los cortes que no se consumen popularmente en el país, lo que dejaba en manos del mercado interno los precios de los cortes de consumo popular. La novedad es que apareció China en el mercado y compra todo, la vaca entera. El problema es reconocido por los propios productores rurales y requería de una negociación para encontrar una solución; no, desde ya, de una decisión desesperada que recuerda los tiempos de Guillermo Moreno. El Presidente se cansó en su momento de criticar a Moreno, pero cayó en la más tocas de las políticas guillermomorenistas. El cierre de las exportaciones convierte a la Argentina en un proveedor internacional no confiable. “Es preferible un proveedor mediocre pero seguro a uno excelente pero imprevisible”, aseguró en las últimas horas un diplomático de un país europeo que consume carne argentina. La conquista de mercados internacionales es una faena compleja y difícil como para que el país se de el lujo de cerrarlos y abrirlos a su antojo.

La respuesta del campo fue inmediata y flamígera. Paro total por nueve días. Comparó la decisión sobre la carne con la resolución 125, que fijaba retenciones confiscatorias para el campo. Es extraño, pero se trata del sector productivos que está aliviando la penuria económica del Gobierno, el único de la economía que está proveyendo de dólares genuinos al Banco Central en un país carenciado de dólares. El Presidente se está metiendo en una guerra que puede perder. ¿Para qué? La economía tiene más recursos que cerrar las exportaciones para resolver el problema de la inflación, que realmente existe.

En ese contexto de nuevas e inútiles batallas, se conoció la decisión del exasesor de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, de pedir en Uruguay la condición de refugiado político. No es una decisión que corresponde al presidente del país y, por lo tanto, no compromete a Luis Lacalle Pou. La aceptación -o no- es el trabajo de una comisión y puede terminar en la Justicia. Rodríguez Simón tiene por lo menos un año para vivir tranquilo en Montevideo.

Ahora bien, ¿qué lo llevó a Rodríguez Simón a convertirse en el primer argentino durante la democracia en pedir refugio en un país extranjero? La convicción de que en su país terminaría preso por presión de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. La única causa contra Rodríguez Simón fue iniciada por esos empresarios adeptos al cristinismo porque el exasesor de Macri los presionó para que pagaran ingresos brutos por el negocio del juego en la Capital. La interpretación que López y De Sousa hicieron de esas posiciones de Rodríguez Simón corre por otra cuerda, y pertenece al campo de los conspiranoicos. No existe ninguna otra causa en la que esté imputado. Rodríguez Simón se alarmó cuando vio que una ley del Congreso le permitía a López y De Sousa regularizar sus monumentales deudas con la AFIP. El poder de ellos es enorme, concluyó. Luego, la jueza María Servini lo citó a declaración indagatoria, que es un derecho a la defensa de los imputados, pero antes de escucharlo ordenó que se le prohibiera salir del país. El exfuncionario concluyó que su prisión estaba a la vuelta de la esquina. Le llegó, además, información precisa en el mismo sentido. Rodríguez Simón estaba en Uruguay. Decidió pedir la condición de refugiado. La peor imagen en el exterior del país y del kirchnerismo.

Estas son las cosas que convierten en inexplicables las pobres rencillas de la oposición. Egos revueltos, como el escritos español Juan Cruz tituló un excelente libro suyo. La unidad de los opositores es una condición indispensable para las próximas elecciones. Las PASO se deberían dejar solo para casos muy aislados y puntuales. El país no resiste un nuevo espectáculo de inservibles guerras.