Si bien aún el Gobierno no dio a conocer el texto de la iniciativa, las autoridades de la coalición opositora adelantaron su rechazo al proyecto y advirtieron sobre un supuesto intento del jefe del Estado de tener “superpoderes”.

Para Patricia Bullrich, titular de Pro, el jefe del Estado buscará obtener, con la excusa de la pandemia, el aval del Congreso para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias o el cambio del calendario electoral. Y recordó que la Corte Suprema se apresta a fallar sobre la constitucionalidad del último decreto de Fernández, que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

El artículo 29 de la Constitución dice textualmente: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

“Es una locura. Evidentemente, están buscando tener superpoderes y cambiar las elecciones. Esto es el ‘vamos por todo’”, enfatizó Bullrich a LA NACION. La exministra de Seguridad cree que el Gobierno no abandonó su idea de suprimir las PASO, como reclaman los gobernadores del PJ, pese a su compromiso con Juntos por el Cambio de que buscará correr un mes las fechas de las primarias y las generales por la pandemia. El hecho de que el Ejecutivo haya desistido de enviar un proyecto de ley sobre la postergación de los comicios, como habían planteado hasta ayer, encendió las alarmas en la oposición.

Según Bullrich, el Presidente “perdió todo tipo de autoridad” y no logra reunir consensos en el Congreso para avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal y la postergación de las elecciones. “En esta idea de volver a reconstruir la autoridad presidencial, quieren volver a marzo del 2020. Van a querer obligar a la Ciudad a que no tenga clases presenciales”, señaló.

El legislador de Pro se mostró cauto respecto de la posibilidad de que el proyecto que envíe el Presidente al Congreso viole el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece que el parlamento no le puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público. “No sé si va a llegar a tanto”, opinó.

El artículo 29 de la Constitución dice textualmente: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Según Tonelli, el Presidente “debería apelar al diálogo con los gobernadores y otros poderes del Estado”. “Que pida al Congreso las leyes que considere necesarias y las vamos a analizar, pero que no pida superpoderes y ponerse el por encima de la Constitución. Eso trae más problemas que soluciones”, subrayó.

Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, advirtió que “ninguna delegación de facultades restablecerá el prestigio que el Presidente ha perdido por su sola acción y el poder político que tuvo durante mucho tiempo para tomar decisiones”. “No veo para qué los superpoderes. No sabemos lo que está escrito, ni lo que quiere pedir”, resaltó Cornejo, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Fernández anunció hoy que extenderá las restricciones sanitarias hasta el 21 de mayo y anticipó que enviará un proyecto al Congreso para que, “en función de criterios científicos claros y precisos”, se los faculte a los gobernadores y a él a tomar “medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. “De este modo estoy ratificando mi vocación de diálogo. La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”, planteó el primer mandatario.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, anticipó que discutirán la iniciativa, pero advirtió: “Bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad”.

El presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, también rechazó el mensaje del jefe del Estado. “Cuando la cuarentena le daba legitimidad pública se aferraba a los DNU. Ahora pareciera querer compartir las responsabilidades de los errores cometidos”, opinó Ferraro, que integra el interbloque de la principal coalición opositora en la Cámara baja.

El dirigente de la fuerza de Elisa Carrió recordó que desde el año pasado la oposición sostiene que el Congreso “es el ámbito para debatir posibles restricciones por la pandemia”. “En abril propusimos la creación de un comité interpoderes, con participación interdisciplinaria. Miraron para otro lado, ni respondieron”, señaló Ferraro a LA NACION.

“Una ley de restricciones por la pandemia debe tener parámetros objetivos, científicos y previsibles. De ninguna manera la salida son más superpoderes o delegar facultades que son propias del Congreso. Una mayoría circunstancial no lo puede hacer”, advirtió.

Para Juan Manuel López, jefe de la bancada de la CC en Diputados, Fernández “quiere compartir el costo de sus decisiones”. “No sabemos qué nos va a proponer, pero estado de excepción permanente no es posible de ser legislado. Vamos a estar atentos a que no se violen las autonomías provinciales y de la Ciudad”, apuntó.