San Rafael, Mendoza sábado 19 de junio de 2021

No es aconsejable la reapertura al turismo de Caverna de Las Brujas: Por:. Carlos Benedetto

El turismo en Caverna de Las Brujas no fue ajeno a la crisis económica que, aunque ya viene arrastrándose desde 2008 en todo el mundo, se agravó con la pandemia de COVID 19. Así fue que la cueva debió cerrarse al turismo y ello implicó destrozos realizados por el viento a las instalaciones en el lugar: la casa del guardaparques y un supuesto “centro de interpretación”.

Obviamente que esto es algo que perjudica al sector turístico.

Pero sin quererlo, y a semejanza de lo ocurrido con la fauna silvestre en otros países, la naturaleza retomó su lugar y así es que algunos visitantes humanos ocasionales han podido avistar que el crecimiento de la población de roedores que entran y salen de la cavidad, y de zorros, chinchillones y otras especies animales de la zona.

La Naturaleza, entonces, también en Las Brujas, reocupó el espacio que los humanos le usurpamos. No todos los humanos, en este caso, ya que a los espeleólogos no se les permite el libre acceso a la cavidad como ocurre en los países normales. Las Brujas es una caverna que está literalmente usurpada por los operadores de turismo y los guardaparques son actores de reparto, todo esto con la venia de las autoridades de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), especialmente el elenco estable de ese organismo. O sea aquellos funcionarios como Guillermo Romano (jefe del depto.. de Áreas Naturales Protegidas), que siempre son oficialistas, y que componen lo que podríamos llamar “elenco estable” de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Alguna vez formó parte de ese elenco estable el inolvidable ingeniero Ramón Martínez, delegado en Malargüe de la DRNR.

Ambos fueron los artífices de un plan de manejo trucho y de la exclusión sistemática de los espeleólogos en la gestión del área protegida, como asimismo fueron los principales responsables (junto a Daniel Gómez, ex director de la DRNR, hombre de Guillermo Carmona, ex secretario de Ambiente) de la rescisión del contrato del único técnico espeleólogo que, entre el 1 de octubre de 2006 y el 15 de junio de 2011, intentó poner las cosas en su lugar.

En estos diez años (2011-21) se han muerto ya tres turistas en el área protegida y en todos los casos se ha ocultado oficialmente dicha información, aunque la misma ha trascendido. “Show must go on” dicen los artistas norteamericanos, y entonces todo sigue como si nada.

Pero en eso llegó el COVID, y esto nos ayuda a repensar las cosas con un poco más de calma.

Haciendo historia, vemos que la caverna fue convertida en reserva mediante ley 5544/89, cuando aún no estaba sancionada la ley 6045, la que categoriza los tipos de reserva y establece qué reserva es apta para actividades económicas y cuáles no lo son.

En función de esa categorización se hacen LUEGO los estudios PREVIOS de impacto ambiental y LUEGO los planes de manejo; en esa secuencia.

Pero hete aquí que las cosas nunca se hicieron conforme a las leyes: en el año 2006 se descubre un plan de manejo que es un “corte y pegue” de otros, esto es, de otra áreas protegidas donde no hay cavernas. Faltaba, por ejemplo, el listado de fauna subterránea, como si no existiera.

Cuando se estudian las cuevas se tienen en cuenta DOS ambientes interrelacionados: el de superficie y el subterráneo. Dentro de éste último hay parámetros ambientales totalmente distintos de los de la superficie, muy vulnerables al más mínimo cambio de temperatura, humedad y luz. La fauna endémica de las cuevas (es decir la biodiversidad) es la primera afectada.

La caverna fue habilitada al turismo de manera irregular en 1991, aunque ya había incursiones en la misma. Hasta entonces, los espeleólogos trabajaron allí generando información científica, con absoluta libertad. En 1979 el campo fue comprado por privados y los estudios espeleológicos continuaron sin inconvenientes. Con la ley 5544 se expropia el área (donde hay varias otras cuevas detectadas). Y en 1991 comenzó la pesadilla con la Administración Chaumont, a pesar de que el dueño del campo (Sergio Rostagno) tenía una mentalidad más abierta.

Tardarían 6-7 años en hacerse efectiva la expropiación, gracias a la lucha de los espeleólogos y de los guías de turismo, aunque con objetivos opuestos entre sí: unos querían proteger la cueva y otros querían proteger sus negocios. Algo de eso ya dijimos en dos notas en Pirámide Informativa: http://piramideinformativa.com/2019/01/cuales-son-los-riesgos-del-turismo-en-caverna-de-las-brujas/ y https://piramideinformativa.com/2019/01/que-protegemos-en-las-areas-protegidas-por-carlos-benedetto/.

Así las cosas, todo el mundo perdió con la pandemia, excepto la cueva, que ahora sí podría ser estudiada en su estado natural para poder determinar si es útil o no para el turismo, qué capacidad de carga tiene y diseñar, llegado el caso de que fuera viable, un circuito subterráneo completamente distinto: circular, no lineal, para disminuir el tiempo de permanencia de mucha gente en espacios tan estrechos.

Por eso es que los espeleólogos consideran apresuradas las declaraciones del intendente Juan Manuel Ojeda en Facebook: https://www.facebook.com/104838940899300/posts/523399835709873/?sfnsn=scwspmo, allí se habla de reclamar la rehabilitación al turismo de la cueva, en un momento en que está recrudeciendo la pandemia en el sur mendocino y donde, como ya es sabido, el Hospital ha colapsado y también se oculta información sobre lo que está ocurriendo.

Uno se pregunta qué tiene que ver la caverna con el COVID, y tiene mucho que ver, tal como la FAdE explica al Lic. Sebastián Melchor, nuevo director de la DRNR, en la nota NO-2021-02747442-GDEMZA-DRNR#SAYOT, del pasado 7 de mayo. En esa presentación se sacan a relucir viejos problemas no resueltos de la cavidad y viejas preguntas nunca contestadas:

 a) Cuál es la capacidad de carga de la cueva?. Hay algún estudio realizado con criterio de tener en cuenta los parámetros ambientales hipogeos (subterráneos)?. La respuesta es NO, no se han hecho estudios previos de impacto ambiental, sino que se aceptó como “bueno” todo lo hecho por la Administración René Chaumont entre 1991 y 1996.

 

  1. b) No se sabe quién determinó, y con qué criterio, que haya un circuito turístico lineal y no circular, ni con qué criterio se estableció una zona hipogea turística y otra intangible, a pesar de que la fauna cavernícola hallada se encontró casi en su totalidad en la zona turística. Esto es lo que más tiene que ver con el COVID, ya que en el actual circuito turístico hay un solo camino de ida y de vuelta, los contingentes se cruzan, se mezclan, se amontonan, permanecen mucho tiempo dentro de la cueva, sin distanciamiento social y aumentando la temperatura de la cavidad, cosa que tampoco ha sido monitoreada. Acompaña a esta nota una topografía reducida donde se marca en rojo el circuito turístico.

  1. c) Se desconoce la biota completa de la cueva y si la misma ha sido afectada por el turismo. Es de especial importancia saber si ha sido afectada la población de murciélagos, que son una bisagra entre el ambiente hipogeo (subterráneo) y el epigeo (de superficie). Tampoco se sabe si la reja en la boca de acceso puede afectar su libre circulación.

 

  1. d) No hubo monitoreos meteorológicos previos hipogeos, para determinar si el turismo genera modificaciones a los parámetros ambientales (temperatura estable permanente, humedad alta permanente, ausencia total de luz, ausencia de ciclos día-noche); hay expedientes archivados en la DRNR, período 1-10-2006 a 15-6-2011, sin haber sido considerados, todos ellos resumidos en una carta documento enviada oportunamente al Gobernador Cornejo, sin que la misma haya sido contestada jamás

  1. e) No hubo ni hay monitoreos meteorológicos hipogeos comparativos entre zona intangible y zona turística para conocer, por comparación, la magnitud del daño realizado en estos 25 años de uso turístico no controlado por espeleólogos.

 

  1. f) No hubo ni hay monitoreos permanentes sobre la presencia de gas radón en algunos lugares de la zona turística, tal como fue denunciado en los congresos espeleológicos 2008 y 2012 en la misma ciudad de Malargüe (hay BIBLIOGRAFÍA y expedientes elevados y presuntamente archivados según se exhibe en la carta documento a Cornejo antes aludida)

  1. g) Se hicieron exploraciones para determinar si la Cueva de Las Brujas y la Cueva del Tojo (Jotes) forman parte de un mismo sistema?. La casa del guardaparques, fue construida teniendo en cuenta esa hipótesis?. Las construcciones actualmente existentes están hechas sobre la superficie de la propia roca cárstica y posiblemente sobre alguna grieta que une ambas cavidades, a juzgar por las corrientes de aire que salen de algunos huecos en el camino entre ambas … Sobre eso no se pueden hacer investigaciones, porque “molestan al turismo” (sic)

  1. h) Se monitoreó la presencia de desechos cloacales en la zona mineralógicamente más rica de la cueva, la Sala de la Madre?. (La casa del guardaparques está construida sobre la grieta que une a la cueva de Las Brujas con la Cueva del Tojo).

  1. i) La cueva está tipificada según Ley 6045?. En base a eso, está establecido científicamente que la cueva es habilitable al turismo?; se evaluó el dictamen de los congresistas del año 1997 (III Congreso de la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe? …. Las conclusiones fueron difundidas por el diario Los Andes a mediados de febrero de 1997). Lo mismo fue difundido por dicho matutino el Miércoles de Ceniza (Semana Santa) de 1998

 

  1. j) A fines de 2010 se elevó un proyecto de Protocolo de Seguridad nunca aprobado, y en febrero de 2011 falleció el primer turista por el sobreesfuerzo que implica la trepada para llegar a la boca de acceso de la cueva. El guardaparques no estaba en su lugar de trabajo y no había equipo de asistencia médica ni botiquín. Una médica estaba presente y quiso auxiliar al turista norteamericano infartado, pero no pudo por ausencia de botiquín. A posteriori hubo otros dos decesos por causas similares, tampoco dentro de la cueva, sino en el acceso a la misma. Las autoridades sólo empezaron a prohibir la visita a mayores de 65 años, que es lo mismo que mandar a los chicos a la escuela en plena pandemia, pero con frazadas.

En  caso de que algunos de estos ítems faltaran a la verdad, lo cierto es que nadie hasta el momento ha respondido a las notas enumeradas en la Carta Documento dirigida al Gobernador Cornejo en su momento, lo cual configura, para los espeleólogos “una violación a lo establecido por el Acuerdo de Escazú, de rango constitucional en nuestro país y donde se consagra el derecho a la información ambiental y a la participación ciudadana, que ha sido sistemáticamente violada por el Departamento de Areas Naturales Protegidas”.

A esto deberíamos agregar que tampoco contamos con información sobre si en la caverna se están realizando estudios científicos además de los recientes biológicos (2016-19), por ejemplo, si se está estudiando a Las Brujas como eventual sumidero de gas metano, causa del calentamiento global que se ha verificado en distintas cavidades en el mundo.

La FAdE agrega que “cabe aplicar el principio de precaución consagrado por la Ley General de Ambiente de la Nación 25675, la cual está siendo igualmente incumplida”.

“A todo lo expuesto y anexado, se suma que estamos en tiempos de pandemia donde se ha requerido a la población el distanciamiento social, lo cual es imposible durante una incursión turística en Las Brujas, habida cuenta de la estrechez de sus galerías y la persistencia de un circuito lineal, no circular, a lo que se agrega una permanente temperatura fría y humedad. Es muy habitual ver, en tiempos “normales”, aglutinamientos de muchas personas en los lugares del circuito donde hay cruces de diaclasas, donde es común apreciar cómo los contingentes entrantes se cruzan con los con contingentes salientes”.

“Por todo lo aquí dicho es que solicitamos que no se abra la Caverna … hasta tanto haya finalizado la crisis sanitaria y hasta tanto no haya un plan de manejo fundado en la Ley 6045 y en la modificación de la ley 5544 que crea la reserva, y sólo a posteriori de que un equipo científico-espeleológico haga los estudios de evaluación ambiental y se garantice el monitoreo de impacto antrópico por parte de la Federación Argentina de Espeleología, que tiene su sede social en la ciudad de Malargüe”.

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