La disputa por las tarifas dinamitó la política económica; los riesgos que enfrenta Guzmán para continuar en el poder; Cristina Kirchner, alarmada por el panorama electoral; Alberto Fernández, más débil que nunca
Habría que empezar diciendo que este martes la Corte Suprema va a dar a conocer su pronunciamiento respecto del conflicto por la apertura de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, que se plantea entre el gobierno porteño y el gobierno nacional. Va a ser un fallo que ya tiene cuatro votos: el de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Todos emitieron su voto a favor de la Ciudad menos Elena Highton de Nolasco, que no votó porque considera que la Corte no tiene competencia en el asunto.
Esta crisis es importante porque aparecen dos preguntas centrales, que se hace el propio oficialismo: “¿Qué queremos?”. Sobre todo en materia de política económica. Es decir, el intento frustrado de desplazamiento de Basualdo pone de manifiesto y condensa un enorme problema que viene teniendo este Gobierno desde comienzos del año, mucho más a medida que se acercan las elecciones, que es una discusión más o menos larvada, que ahora queda expuesta, respecto de qué quiere para la economía.
La segunda pregunta es política. “¿Qué somos?”. Algo que también se pregunta el oficialismo y que está detrás de este problema. “¿Somos una coalición diversa donde intervienen distintos actores, en la que, como diría el ministro Guzmán, se sintetizan distintos conceptos? ¿O esto es kirchnerismo enmascarado con otros elementos, es decir, un grupo donde el centro de gravedad, la única voz, la única disposición de una estrategia está en la calle Uruguay y Juncal de la Recoleta, donde ahora está reunida con su equipo íntimo Cristina Kirchner?”.
¿Por qué sobran pesos? Porque hay demasiada emisión de moneda. ¿Y por qué hay demasiada emisión de moneda? Porque hay un enorme déficit fiscal que no es susceptible de ser financiado con más impuestos, ni en el mercado de deuda local o internacional. Por lo tanto, la única forma que tiene el Gobierno de financiar ese déficit es emitiendo moneda. Para dejar de emitir moneda y que no haya presiones sobre el dólar, ni haya una inflación tan desbocada, lo que debe hacerse, sostiene Guzmán, es achicar el déficit. Y, como todos los gobiernos, cuando mira el problema fiscal se encuentra con la cuestión energética, porque uno de los rubros más importantes del déficit fiscal es el subsidio para la tarifa de luz y gas y, subrayo este concepto, en el Área Metropolitana.
Por lo tanto, si Guzmán quiere reducir el déficit para resolver aquellos otros problemas, no tiene otro remedio que reducir los subsidios; y reducirlos significa aumentar las tarifas. Es decir, está frente el mismo problema con que se encontró Mauricio Macri y sus ministros de Economía en la gestión anterior. Y, en el fondo, también ante un problema con el que ya se encontraba el kirchnerismo en la otra etapa, y que no lograba resolver.
Esto es importante de destacar. Desde hace muchísimo tiempo en la Argentina no hay política energética, hay política fiscal, en todo caso política monetaria, que define, como consecuencia, una política energética. O dicho de otra manera, la energía se ha transformado en un problema macroeconómico.
Guzmán diseña esta estrategia, elabora el Presupuesto, y en él decide que debe haber un aumento de tarifas del 35% , o una quita de subsidios del 35%, para que haya un equilibrio y se pueda llegar a un déficit de 4.5 del producto, que es el que está en esa ley. Dicho esto con un énfasis especial: para aclarar esta discusión que hay hoy en el oficialismo, ese presupuesto con el 35% de recorte en los subsidios (que además está explicitado ese programa en un estudio sobre tarifas que está en el site del Ministerio de Economía) fue votado por todo el oficialismo, incluidos Cristina y Máximo Kirchner. Por supuesto que ahora está en discusión, con el argumento de que nadie preveía la extensión de la pandemia.
Hacia fin de año, Cristina Kirchner se reunió con Guzmán y le dijo: “Mirá, si vos estás ahí es porque yo gano elecciones. Y para ganarlas no debe haber un aumento de tarifas superior al 9% en todo el año”. Muy probablemente, la vicepresidenta tenía en ese momento en la cabeza una cantidad de datos que son los que vuelven, desde el punto de vista político, y sobre todo de la urgencia electoral, muy razonable su planteo.
¿Cuáles son esos datos? Dilma Rousseff cayó arrastrada por un problema de tarifas en Brasil. Tarifas de combustible que impactaron en el transporte y desataron las movilizaciones en San Pablo que terminaron con el impeachment que la sacó del poder.
Cuando uno mira lo que sucedió en Chile, ese gran levantamiento solo suspendido por la pandemia, tenía que ver con tarifas, con el costo de los servicios públicos. Si uno mira las encuestas e indaga por qué a Macri le fue mal, por qué perdió las elecciones, hay veinte formas de decir que se debió al ajuste, pero la forma en la que aparece en las encuestas es “por las tarifas”. Si uno mira Ecuador o Colombia son países que han estado con grandes cimbronazos el año pasado por problemas con tarifas energéticas. Entonces, hay todo un recorrido que la inspira a Cristina Kirchner a decir: “Esto es un cable de alta tensión que no quiero tocar en un momento en que tengo que ganar las elecciones y en un momento complicado por la pandemia, la recesión y la alta inflación”.
Hay una historia en el kirchnerismo con el tema de las tarifas. Hay que recordar aquellas conferencias de prensa de Julio De Vido segmentando barrialmente los aumentos, que después quedaban en la nada o porque alguna cautelar lo impedía o porque el propio Gobierno iba para atrás por miedo a esa noticia en la tapa de los diarios.
Probablemente Guzmán no pensó en todo esto y no pensó en algo más: uno de los temas de la vida pública y de la gestión del Estado que más obsesionan a Cristina Kirchner es el de la energía. Ahí quiere gobernar y para eso cuenta con dos alfiles, uno es Federico Bernal, titular del Enargas, y el otro es Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, a quien quisieron echar. Martín Guzmán organizó muchas veces reuniones con ambos, donde le explicaron al ministro que no se podía aumentar más del 9% porJ
En la carta que Cristina compartió el 26 de octubre, el día antes de que se cumplieran los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, dijo: “Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guion: ‘Alberto no gobierna’, ‘la que decide todo es Cristina’, ‘rencorosa’ y ‘vengativa’, que solo quiere solucionar sus ‘problemas judiciales’. Si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quién esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones”. Nos engañó. Acaba de demostrarse que uno puede no lograr sacar a un funcionario si uno es el Presidente. Es la rareza de este diseño de oficialismo, que lleva en sí –inevitablemente- la condena de la incertidumbre. No se sabe hacia adónde va porque no está claro quién gobierna o hacia adónde se gobierna. Y este es un problema enorme cuando se requieren inversiones.
El mensaje central del kirchnerismo es hoy que se cumple el objetivo político principal: un solo aumento del 9%. Guzmán quedó desautorizado en un aspecto sustancial de su política económica. En este contexto, hubo una conversación complicadísima entre Alberto y Cristina durante el fin de semana. Están tan graves las cosas que Cristina pidió orden, calma y paz, sobre todo, por la guerra de declaraciones que hubo entre unos y otros.
Alberto Fernández no sabe qué hacer y, entonces, empieza a decir que Basualdo se va a ir, pero con el tiempo. Con lo cual no sólo se degrada a sí mismo, porque no lo puede echar, sino que también degrada a Basualdo. A su vez, tiene que aclarar que Guzmán no se va, aunque, razonablemente, tendría que irse.
Hay, además, una guerra off the record por la prensa. Es muy llamativa una nota que publicó Jaime Rosemberg en LA NACION con declaraciones atribuidas a alguien que está al lado del Presidente. No se sabe quién es. Pero la gente de Cristina en La Cámpora, no sé si la propia Cristina, sospecha de Santiago Cafiero. No sabemos si es así. Las declaraciones afirman que el kirchnerismo no puede ganar una elección, que si no los hubieran llamado a ellos estarían en la derrota y, además, hacen un recordatorio de los casos de corrupción de Cristina y Néstor, desde la Casa Rosada. Cuando uno comenta esto con gente de La Cámpora dicen: “Que se acuerde Alberto Fernández que la tarjeta de crédito se la pagaba Cristóbal López”.
En este nivel de conflicto están dentro de la coalición gobernante, que parece no ser una coalición. En un escenario así, Massa tiene que elegir entre papá y mamá; es decir, el aumento de tarifas para Vila y Manzano, dueños de Edenor, o el alineamiento con Cristina y Máximo. Eligió por mamá, y deja trascender que está a favor de Basualdo. Obviamente, Kicillof también respaldó a Basualdo. Y este lunes empezó a circular sospechosamente por los medios Augusto Costa, el ministro de Producción de la Provincia, que -muchos creen- quiere reemplazar a Guzmán.
Nos van a decir que la guerra no sigue, pero sigue. ¿Por qué? Porque hay dos versiones acerca de todo. La Casa Rosada dice que a Basualdo se le pidió la renuncia y que se va a ir; mientras que en la casa de Cristina dicen que nunca se le pidió la renuncia y que no se va. En la Casa Rosada dicen que estaba todo acordado y que se ejecutó mal; y en lo de Cristina dicen que nada estaba acordado, porque ella hubiera puesto el grito en el cielo si querían sacar al subsecretario y cambiar la política energética.
Hay otra discusión sobre quién quiere y quién no quiere segmentar las tarifas. Esta es una discusión importante porque, de los que pagaron el impuesto a la riqueza, muchos están subsidiados en la energía. Es el disparate de este falso progresismo. Se subsidia a todo el mundo. Aún a los ricos.
Desde ya que Basualdo quedó deteriorado, más allá de que hoy cualquiera se puede ir en el Gobierno, hasta Alberto Fernández, menos él, menos Basualdo.
Guzmán también quedó deteriorado. Tal se debería ir. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca la entretela emocional de este oficialismo y que conozca cómo funciona la cabeza de Cristina Kirchner, de su hijo, de La Cámpora y de los que controlan las palancas del poder sabe que entró en la trituradora. Que de ahora en adelante no le van a conceder un solo éxito. Y el indicio primero de ese problema es que en todos los diarios está filtrada por gente de Cristina la idea de que Guzmán se va a ir cuando ellos quieran. Ahí empezó la degradación del ministro de Economía. Y avanzó en otro round: desde La Cámpora le piden, en público, la reposición del IFE, que es otro desafío al programa fiscal. De todos modos, Guzmán sabrá cuidar sus intereses. Por su parte, Alberto Fernández quedó aislado, sin poder. Para decirlo en los términos de la carta de Cristina: quedó títere.
El problema sigue siendo electoral, sigue estando en la provincia de Buenos Aires y hace juego con otro drama: la falta de vacunas. Es una escasez derivada de una crisis internacional, donde hay un problema principal que no se está mirando con la debida atención. Estos son los números: 3400 muertos por día, 373.000 casos por día; estoy hablando de India, la farmacia del mundo, el lugar donde se fabrican más vacunas a escala internacional. En India, está vacunado el 9.8% de la población. Por ese motivo el gobierno indio decidió dejar de exportar vacunas, agravando el problema de la falta de dosis. Hay un segundo problema: AstraZeneca no cumplió los suministros comprometidos con Europa, que estuvo a punto de llevar a la firma a los tribunales, aunque nadie quiere pelearse hoy con un laboratorio por la dependencia con la entrega de vacunas. Ese conflicto produce un problema adicional sobre esta escasez.
En el centro de todo esto está la enorme contrariedad del gobierno argentino. El canciller, Felipe Solá, dijo que el problema tiene un nombre: AstraZeneca. No. El nombre es Hugo Sigman, que tenía un acuerdo con AstraZeneca y convenció al Gobierno, a Fernández y a Ginés González García de que había que abrazarse a esa opción. No funcionó porque falló el envasado de las vacunas. Hoy, el embajador del Reino Unido, Mark Kent, debe estar de fiesta porque hizo que Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini vayan a su casa a pedir si se pueden envasar en la Argentina las vacunas de AstraZeneca. Sigman dijo que no se puede. Cabe destacar que esto no se negocia en Londres en penumbras. El Reino Unido prefiere que se debata de manera bien visible en Buenos Aires.
Ante este problema que se genera por la adhesión a Hugo Sigman, aparece organizando una alianza con los rusos, que producen la vacuna Sputnik, para envasar y fabricarla en la Argentina, Marcelo Figueiras, un hombre muy ligado a Massa, “Wado” De Pedro y Máximo Kirchner, quienes están desesperados por las vacunas. Otros actores de la industria farmacéutica no toleran que se les meta Figueiras por la ventana, que ya tiene una competencia con Sigman en otros negocios. Aparece, entonces, otro laboratorio ofreciendo fabricar vacunas para envasarlas rápido, cosa que Sigman decía que no se podía hacer. Se trata del laboratorio Sinergium, que pertenece a las familia Bagó, Sielecki y, vaya casualidad, Sigman. Quiere decir que Sigman aparece sugiriendo a Alberto Fernández que, si no le compran AstraZeneca, le compren Sinopharm. Pero que, por favor, no arregle con Figueiras. Esta es la pelea de negocios que hay detrás de la falta de vacunas. Y este es el problema que hace temer más al Gobierno por lo que sería un aumento de tarifas.
El aumento de tarifas llega igual por otro lado. Un fallo, este viernes, le dio la razón a Telecom (del grupo Clarín) y rechazó la idea de que las telecomunicaciones son un servicio público, como había dispuesto Alberto Fernández por un decreto. Hay otros esperando un fallo similar, como Claro, y el grupo Telecentro, de Alberto Pierri. El mismo tribunal es probable que se pronuncie en la misma dirección; pero por ahora vale solo para Telecom. Así, se liberan las tarifas del cable, del celular, de la telefonía fija y de Internet.
Esto expresa otra obsesión del Gobierno: la telefonía y las comunicaciones. En el contexto de esta noticia, en España, dos grupos argentinos negocian la compra de Telefónica de Uruguay, subsidiaria de Telefónica de España, que sería la prueba de amor que pidió Telefónica Internacional para vender Telefónica Argentina. Estas compañías son Supercanal, liderado por Facundo Prado; y otro grupo perteneciente a los hermanos Raúl y Alejandro Olmos, que están muy ligados al sindicalismo y al kirchnerismo. Los Olmos, que -aparentemente- le deben dinero a la AFIP, y que tienen además otras deudas, presentaron una oferta extremadamente elevada, que fue respaldada por el banco UBS y por Credit Suisse (allí está Andrea Camp, la dueña de todos los secretos bancarios del kirchnerismo). Ofrecieron 500 millones de dólares por Telefónica de Uruguay y 1600 millones por todo el paquete: la Argentina y Uruguay. La operación es gestionada por un intermediario: el chileno Iván Canales, expresidente de Bonafide. Como no se explica de dónde viene toda esa plata, que para los expertos supera en mucho el valor de esas empresas, las versiones siguen insistiendo en que, detrás de todo esto, está Máximo Kirchner. Sin embargo, desde el entorno del diputado dicen que no tienen relación con los Olmos. Señalan que pueden parecer cercanos por una afinidad conceptual o ideológica, pero que Máximo Kirchner y los hermanos se vieron sólo una vez el año pasado. Este es un signo de interrogación. Queda pendiente.
La Justicia vuelve a liberar la tarifa de la telefonía, la de Internet y la del celular. Mientras tanto, Alberto Fernández intenta -con palabras- disimular su peor crisis.
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