Si, de acuerdo con una de las hipotéticas ecuaciones electorales más escuchadas en la dirigencia del oficialismo, más vacunas aseguran más votos, podría decirse que, si los comicios se realizaran hoy, a los eventuales candidatos del Gobierno no les iría muy bien. Sin embargo, la proyectada postergación por un mes de todo el proceso electoral podría beneficiar a la coalición gobernante en la medida que se puedan conseguir más dosis.

Las comparaciones internacionales pueden ser odiosas. Pero lo cierto es que este ejercicio fue iniciado por el propio presidente Alberto Fernández un año atrás, cuando el coronavirus comenzaba a impactar lentamente en la Argentina y nadie imaginaba que el país iba a superar un año después la cifra de 76.000 muertos por Covid.

Según el sitio Our World in Data, la Argentina muestra en los últimos siete días uno de los peores registros en el mundo en lo referido a cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes, al tiempo que, en términos de personas vacunadas, con apenas un 5,5% de su población inmunizada con dos dosis, se encuentra muy lejos de sus vecinos Chile (41,2%) y Uruguay (28,6%). Y si se toma el total de vacunas aplicadas, la Argentina tiene 25,3 por cada cien personas, mientras que Chile y Uruguay ostentan 93,9 y 77,1, respectivamente.

La última encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados, concluida el 16 de mayo entre 2500 personas consultadas mediante dispositivos móviles, consigna respecto de la campaña de vacunación que para el 31,6% de la población el Gobierno “ha hecho lo mejor posible” y “compró tantas vacunas como pudo”. Pero para el 60,8%, “podría haberlo hecho mejor”, en tanto “especuló con la compra de las vacunas y le salió mal”.

Las expectativas de los argentinos que hasta el momento no han recibido ninguna dosis también dan cuenta de un fuerte pesimismo. Según el citado sondeo, el 43,6% de las personas encuestadas estima que no va a recibir la vacuna contra el coronavirus antes del año que viene; el 7,4% cree que eso sucederá entre noviembre y diciembre próximo; el 6,3%, durante septiembre u octubre; el 8,2% en julio o agosto, y el 11,2% entre mayo y junio.

Si se desecha el 19,8% que en la encuesta manifestaba haber recibido ya alguna dosis, se llega a la conclusión de que casi el 55% de los argentinos no vacunados no espera recibir dosis alguna antes de 2022.

Tanto en Chile como en Uruguay, los países de la región con más elevadas tasas de vacunación contra el Covid, buena parte de la diferencia con la Argentina se explica por la llegada de dosis del laboratorio Pfizer, con el cual el gobierno argentino no llegó a un acuerdo.

Lejos de aclarar el fracaso de las negociaciones con ese laboratorio, que utilizó a casi 6000 voluntarios argentinos para los ensayos experimentales con la vacuna, Alberto Fernández contribuyó en los últimos días a generar mayor indignación entre quienes esperan ansiosamente vacunas y no pueden viajar al exterior para aplicárselas.

Durante una entrevista que ofreció a los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en la cadena CNN en Español, al ser consultado sobre lo sucedido con Pfizer, el presidente de la Nación expresó: “La impresión que tengo es que Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo: yo no firmo más contratos porque no voy a poder cumplir. E incumplió”.

No parece una presunción acertada la de Alberto Fernández, si se tiene en cuenta que Uruguay pudo adquirir una parte de las más de 13 millones de vacunas que Pfizer iba a proveerle originalmente a la Argentina y que este laboratorio ha cerrado con la Unión Europea un contrato para la entrega de 1800 millones de dosis.

Tampoco fueron convincentes sus explicaciones a la hora de efectuar un balance de su gestión frente a la segunda ola de Covid, que ha multiplicado los casos de contagios y de muertes en el país a niveles récord en los últimos días. Algunas de sus frases en la citada entrevista dieron cuenta de una permanente búsqueda de justificación de sus traspiés. En tal sentido, señaló: “Dicté medidas específicas para el área metropolitana y no me escucharon”. Y añadió: “Yo tomé medidas estrictas e invité a los demás a seguirme y no me siguieron”.

El jefe del Estado argentino tampoco ha explicado debidamente por qué su gobierno optó por recibir apenas el 10 por ciento de las dosis que podía facilitarle el Covax, que es el fondo de acceso global para vacunas que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esos interrogantes asociados a los errores en la política oficial de vacunación debe sumarse otro vinculado con el buen número de funcionarios y amigos del poder político que lograron vacunarse antes que quienes conforman la población de riesgo y el personal de salud. Las recientes declaraciones del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, justificando haberse inoculado junto a su esposa sin esperar su turno, aumentó la irritación. Por un hecho semejante, en Perú se inhabilitó para ejercer la función pública al expresidente y entonces diputado electo Martín Vizcarra, en una decisión adoptada por el Congreso de ese país. Nada que se parezca a lo ocurrido en nuestro país, donde el propio Alberto Fernández se preocupó por aclarar que “saltearse en la cola de la vacunación no configura un delito”.